El verano político de Pedro Sánchez tiene algo del Otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. No por la caricatura del "dictador" que agita la oposición, sino por una de las ideas de la novela: la de un poder que ha dejado de expandirse y se concentra en resistir. Tres años después del 23J, el presidente afronta previsiblemente su último balance estival con un Gobierno cada vez más cercado, una mayoría parlamentaria muy difícil de sostener y los Presupuestos de otoño como la prueba que decidirá el recorrido de la legislatura… si las causas judiciales lo permiten. Para la Moncloa ha sido agónico llegar hasta aquí. Un ejercicio de supervivencia permanente, admiten. "Había que meterse debajo de la cornisa hasta que escampara. Si te mueves, la corriente te puede arrastrar al río", resumía hace unas semanas un alto cargo del Gobierno, cuando el último aldabonazo de la corrupción —simbolizado en el episodio del millón de euros en joyas de Zapatero— volvía a sacudir al Ejecutivo.
La paradoja de este curso es que el Gobierno llega al verano con mejores argumentos de gestión que de política. La coordinación de la emergencia sanitaria por el hantavirus, la respuesta económica a las guerras de Ucrania y Oriente Próximo o la gestión compartida de la crisis de los incendios permiten a Sánchez reivindicar un Ejecutivo que sigue funcionando. Incluso su apuesta internacional, adelantándose al endurecimiento del discurso europeo frente a Donald Trump, ha acabado encontrando eco en dirigentes conservadores como Giorgia Meloni o Ursula von der Leyen. La emergencia nacional contra los incendios ha dejado fotos de todos los presidentes autonómicos de PP y PSOE —salvo Ayuso, que decidió quitarse— junto a Sánchez a pie de incendio; ha dejado cierta sensación de buena coordinación en la emergencia nacional. El PP sabe que las principales competencias son autonómicas y Feijóo no ha querido pegarse un tiro en el pie haciendo oposición al Gobierno cuando sus comunidades son las más infradotadas en prevención de incendios.
La corrupción se ha convertido en la señal que se oye por encima de cualquier acierto del Ejecutivo
Pero ninguna de esas victorias compensa la carcoma provocada por la corrupción. Cada éxito de acción de Gobierno queda eclipsado por una nueva derivada judicial. El balance de cierre de curso de Sánchez reivindicará el listado de medidas de un Ejecutivo que conserva cierta capacidad para gobernar, pero no de marcar la conversación política. La gestión ya no marca el clima político. La corrupción se ha convertido en la señal que se oye por encima de cualquier acierto del Ejecutivo. Y mientras la agenda judicial monopoliza el debate, las principales iniciativas del Gobierno —empezando por la vivienda— se retrasan o decaen por falta de apoyos parlamentarios.
La resistencia del Ejecutivo también se explica por la incapacidad de los otros de articular una alternativa. A derecha e izquierda. Más allá de las encuestas, el espacio a la izquierda del PSOE sigue sin resolver quiénes serán sus candidatos ni bajo qué fórmula concurrirán a las próximas elecciones. Han caído liderazgos —el de Yolanda Díaz, el principal—, pero no hay primarias, ni bloques, ni alianzas, ni listas. Si hoy se convocaran elecciones, los votantes de ese espacio político no tendrían papeleta que coger. Y a la derecha, el 50% del voto parece garantizado, pero Alberto Núñez Feijóo está lejos de dominar ni liderar el espacio de coalición con Vox.
El balance de este martes es el tiempo extra que Sánchez ha conseguido ganar, no sin pericia política ni capacidad de resistencia. Pero el otoño concentrará las tres pruebas de la legislatura. La primera, el decreto de vivienda, la principal apuesta social del Ejecutivo, que solo verá la luz si Moncloa logra cerrar un acuerdo con todos sus socios, de Junts al PNV. La segunda, los Presupuestos, convertidos en el verdadero temporizador político de un eventual adelanto electoral. La tercera y más relevante no depende del Gobierno, sino de los tribunales: la evolución de las causas que rodean al entorno del presidente. Si la presión judicial termina alcanzando a Sánchez, abriría una dimensión desconocida en lo institucional y político. Con riesgo de desgarro social si esa diana se construye con los materiales del caso de Begoña Gómez o el fiscal general del Estado.