El 27 de octubre de 2017 el Parlament aprobó una resolución con un preámbulo que anunciaba la República catalana. Votaron a favor Junts pel Sí i la CUP. Catalunya Sí que es Pot votó que no. Y Ciudadanos, el PSC y el PP se marcharon del pleno. El mismo día, 45 minutos más tarde, se aprobó en el Senado de Madrid aplicar el artículo 155 en Catalunya. Votaron a favor el PP, el PSOE —y el PSC, excepto José Montilla—, Ciudadanos y Coalición Canaria. Se opusieron Podemos, ERC, PNV y PDeCAT. No hace falta decir cuál de las dos votaciones se acabó imponiendo.
Aquellos días han sido objeto de una prolija literatura y, a pesar de todo, seguro que aún no lo sabemos todo. Lo que sí sabemos es que la decisión entre convocar elecciones o declarar la independencia bajo la amenaza de un 155 que se intuía ganador tensó hasta extremos insospechados el bloque soberanista. Tanto, que la criatura aún llora de aquello. Igualmente, ha sido casi metafísico el debate sobre si una convocatoria electoral hubiera frenado el 155. Pero, lo que sí ha quedado claro con el tiempo es que aquel 155 que Mariano Rajoy aplicó de forma demasiado limitada en el tiempo según los halcones del unionismo, ha tenido más alcance de lo que debería haber tenido.
Es lícito preguntarse si, sin aquel 155 poco contestado, el estado de alarma hubiera sido tan autoritario y centralista como este
De hecho, aquel 155 debía haber durado unos tres meses. Se aprueba el 27 de octubre, las elecciones son el 21 de diciembre y el nuevo Govern lo debía levantar en enero. Pero, esto también es historia, Junts per Catalunya quería investir a Carles Puigdemont de forma telemática y no pudo. Y aquí que cada uno interprete si fue por culpa del Supremo, de Roger Torrent o de quien ustedes quieran. Después vino el plan B, el preso político Jordi Sànchez, al que el Supremo no dejó ir al Parlament. Siguió el plan C, un Jordi Turull al que la CUP no apoyó y quien al día siguiente volvía a la cárcel. Y el plan D, Quim Torra. Investido el 14 de mayo de 2018, hace ahora dos años. El 155 se acabó levantando el 2 de junio, siete meses después de su aprobación y cuatro meses más tarde de lo que hubiera podido ser.
Total, que la autonomía de Catalunya estuvo suspendida siete meses. Los funcionarios obedecieron, los ciudadanos no hicieron ninguna revuelta y durante la mayor parte del tiempo levantar esta suspensión no pareció la principal prioridad de los partidos soberanistas. Algo que parecía imposible, suspender la autonomía de Catalunya, se hizo. Y no pasó nada. Menos de dos años más tarde, un virus proveniente, en principio, de China, creó un pánico de tal magnitud que el gobierno español aprobó aplicar otro artículo de la Constitución casi inédito, el 116. Concretamente, el estado de alarma. La aplicación del cual hubiera permitido la delegación de la autoridad competente a los presidentes de las autonomías. Pero ya se sabe cómo se ha aplicado. Como otro 155, del que llevamos 2 meses más. 9 meses sin autonomía desde la DUI. Y es lícito preguntarse si, sin aquel 155 poco contestado, el estado de alarma hubiera sido tan autoritario y centralista como este. Y me temo que la respuesta es que no, porque antes del 27 de octubre de 2017 nadie se hubiera atrevido a suspender la autonomía de Catalunya y de Euskadi. Después sí. Y hay responsables en Madrid, pero también en Barcelona, porque la autoridad y el respeto te los tienes que ganar.