Corre el rumor de que Pedro Sánchez, y no solo él, tiene en su guion guardarse la carta desesperada (una especie de comodín) de una legislatura constituyente. En resumen: el año que viene, la “mayoría plurinacional” tan proclamada por Iván Redondo no sumaría suficientes escaños para el objetivo de “frenar a la extrema derecha”, dado el auge disparado de Vox, de modo que todo apuntaría a una inevitable suma de escaños entre ese partido y el PP. Ahora bien: otra manera de evitar que esa suma forme mayoría sería no sumarla, es decir, proponer una mayoría constituyente. Una mayoría excepcional, llena de contradicciones y pactos contra natura, pero entendida y justificada solo como un período breve destinado a actualizar (ladies and gentlemen) la Constitución española. Lo cual requeriría mayorías alternativas, a saber: un “gran pacto” entre los dos grandes partidos que se han repartido el poder hasta la fecha, es decir, PP y PSOE.

Hacer eso parece imposible ahora, claro. Aún parecen jugar al guerracivilismo de nacionales contra rojos, con declaraciones y actividades parlamentarias cargadas de odio y antítesis. Por eso digo que se trataría más bien de una carta desesperada: podría ser que PP y PSOE simplemente no pudieran permitirse, ninguno de los dos, que Vox accediera de forma tan contundente al poder. Primero, porque el acceso de la extrema derecha al poder en España no se ha visto formalmente desde antes del 78 y, anteriormente, desde el inicio de la Guerra Civil. Ahora lo haría con votos que la legitimarían y no con un golpe de Estado formal, claro, pero el caso es que lo que Vox arrastra en su ideario (y en sus declaradas intenciones) encaja demasiado mal con el aura democratizadora, modernizadora, abierta e inclusiva de lo que pretendía ser la Constitución del 78. Es decir, es el propio régimen el que no podría permitírselo: empezar a ilegalizar partidos, por ejemplo, es empezar a deshacer todo lo que, teóricamente, se quería proteger en la tan venerada Transición. Pero existe también una segunda razón, más mundana: si Vox accede al poder, se rompe el bipartidismo oficial de una forma mucho más sangrante que la influencia puntual que han tenido en el pasado formaciones bisagra como CiU, PNV o incluso ERC y Bildu (y, si me apuran, también la izquierda de la izquierda tan deseada por Rufián). El acceso de Vox al poder central rompería el juego de la alternancia de una manera demasiado cruda, demasiado peligrosa. Incluso para el PP, o para la parte “civilizada” del PP.

Que el independentismo participara en la jugada me parecería indigno. La trampa sería demasiado evidente, y el enésimo autogol demasiado insoportable

Los defensores de esta teoría argumentan que no todo el mundo en el PP es como Isabel Díaz Ayuso o Esperanza Aguirre (que hace poco, en una entrevista, situaba la unidad de España como valor principal, por delante de la vida o la propiedad privada, en referencia a lo que la acercaba a Vox). Y que, incluso con la ayuda del Papa (que recientemente también abominaba de la extrema derecha española y la veía, literalmente, como un peligro), se podría legitimar argumentalmente una renovación del pacto constitucional a la que estarían invitados PP y PSOE, pero también Junts, PNV y Esquerra y todo aquel que quisiera participar en la gran nueva operación Reformista. ¿Y de presidente? En España no es necesario que el presidente sea diputado. Y padres de la Constitución aún puede haber unos cuantos.

En esta hipótesis (repito: es una simple hipótesis), que el independentismo participara en la jugada me parecería indigno. Primero, porque las demandas de reforma a realizar son demasiado numerosas (como mínimo, estamos hablando del reconocimiento nacional, de un DNI propio, de selecciones deportivas, de un concierto económico, de representación internacional, de competencias verdaderamente exclusivas...). Y, segundo, porque abrazar el reformismo español ya estamos viendo en directo cómo termina: con un colosal engaño, como mínimo, y, como máximo, con una nueva jaula “de oro” (de papel de aluminio) que nos durara cincuenta años más y de la que, como nos sucede ahora, ni siquiera pudiéramos quejarnos, porque “la hemos votado entre todos”. La trampa sería demasiado evidente, y el enésimo autogol demasiado insoportable: votamos el 1 de octubre, llevamos toda la vida negociando la simple supervivencia y ahora ya nada es tolerable por debajo del respeto explícito (o el ejercicio directo) al derecho a la autodeterminación. Y eso vale tanto para los de allí como para los de aquí. Porque tanto lo saben ellos como lo sabemos nosotros.