Estamos viviendo una sucesión de acontecimientos alarmantes que se superponen a tal velocidad que apenas nos dejan tiempo para ayudarnos a conformar una opinión política de cara a las elecciones del 29N, una cita a la que deberíamos presentarnos con los deberes hechos. Pero no es posible, porque las noticias se tapan unas a otras y acaban provocando una suerte de colapso informativo que amenaza con anestesiar nuestra capacidad de asombro, de indignación e incluso nuestra compasión. La metáfora no puede resultar más dolorosamente adecuada en un día como hoy, cuando, al ritmo al que escribo estas líneas, siguen llegando noticias de nuevas víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Una tragedia que nos sitúa de nuevo ante una pregunta tan sencilla en su formulación como compleja en su respuesta: ¿era inevitable?
Durante muchos años, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, se ha hablado del desiderátum de la siniestralidad cero. Una aspiración comprensible, pero en términos absolutos, inalcanzable. Recuerdo que, hace ya bastantes años, en un congreso internacional sobre la materia, sostuve, y lo sigo considerando vigente, que el único riesgo verdaderamente cero es el de quien ya no está vivo. Vivir significa estar expuesto al riesgo. La vulnerabilidad es inherente a nuestra condición humana, y existe una enormidad de factores que pueden escapar a nuestro control, aunque su probabilidad sea mínima. Pero una cosa es aceptar que el riesgo cero no existe y otra, radicalmente distinta, resignarse ante los daños que la inteligencia, la técnica, la organización y la responsabilidad humana pueden evitar. Al final y al cabo, en eso consiste la civilización: un esfuerzo sostenido por reducir la vulnerabilidad humana: hospitales y medicinas para combatir la enfermedad, normas de seguridad para proteger a los trabajadores, en general, sistemas de control para anticiparnos a los errores. La incertidumbre seguirá dándose, pero los poderes públicos deben intentar reducir sus efectos, porque en ese esfuerzo se expresa su respeto por la dignidad de cada persona.
Pero hablemos del siniestro que ahora ha copado los medios de comunicación, haciendo que olvidemos las prostitutas de Ábalos, las amenazas de muerte a una juez, las joyas de un expresidente o el piso de Maricarmen, incluso los saqueos que hasta hace unas horas nos obligaban a escuchar a supuestos expertos expresando la obviedad de que tanta capucha negra igual hacía sospechar que estaba organizado.
Extendimos una ingente red de alta velocidad por todo el territorio español, mientras las de Cercanías y Media Distancia se veían ninguneadas. Ahora están todas en el mismo estado precario
Cuando un ciudadano sube a un tren, realiza un acto de confianza. Confía en la profesionalidad de quienes lo conducen, en la solvencia de quienes mantienen las infraestructuras, en la eficacia de los sistemas de seguridad y, en último término, en el buen funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar todo ello. El usuario no tiene por qué conocer el estado de las vías, ni los protocolos de señalización, ni los procedimientos de supervisión. Su confianza descansa en el hecho de que otros han asumido profesional e institucionalmente la responsabilidad de protegerlo. Porque, ¿qué mayor expresión de respeto a la dignidad de las personas puede ofrecer un sistema de transporte que garantizar, en la mayor medida humanamente posible, que serán conducidas a su destino con comodidad, con celeridad, pero, por encima de todo, con seguridad?
Quisimos hacer trenes cada vez más veloces, extendimos una ingente red de alta velocidad por todo el territorio español, mientras las de Cercanías y Media Distancia se veían ninguneadas. Ahora están todas en el mismo estado precario y sabemos que las infraestructuras deben ir acompañadas de una cultura rigurosa del mantenimiento, de la prevención y de la evaluación permanente de los riesgos. Hay menos progreso en llegar rápido que en generar la confianza de que se llegará a destino, y hoy, entre Los Yébenes y Urda, esa confianza se ha quebrado dramáticamente. Cada persona fallecida es no solo un proyecto de vida truncado a nivel personal, sino también en la esfera familiar y comunitaria. Como las personas supervivientes tendrán que aprender a convivir con el recuerdo del horror, con las secuelas físicas o psicológicas y con la conciencia, difícilmente asimilable, de haber estado a nada de perder la vida. Incluso hay, junto a ellas, otra víctima, colectiva y menos visible: la confianza ciudadana en el funcionamiento de los servicios públicos.
Una confianza que constituye uno de los fundamentos del contrato social. Los ciudadanos cumplimos nuestras obligaciones tributarias, soportamos una presión fiscal que muchos perciben como cada vez más gravosa y aceptamos que una parte sustancial de nuestros recursos sea administrada por los poderes públicos. A cambio, tenemos derecho a exigir algo más que declaraciones de buenas intenciones: tenemos derecho a reclamar competencia, transparencia, eficiencia y responsabilidad. Aunque la determinación de las causas de un accidente requiere una investigación técnica independiente, rigurosa y ajena tanto a las precipitaciones mediáticas como a las conveniencias políticas, sería irresponsable ampararse en una inevitabilidad abstracta del riesgo para eludir las responsabilidades concretas que pudieran existir. Porque entre un accidente inevitable y uno que puede evitarse, lo que media es el factor justicia, una justicia que exige conocer qué ocurrió, por qué ocurrió, qué mecanismos fallaron y, sobre todo, qué decisiones deberán adoptarse para reducir la posibilidad de que vuelva a suceder.
El respeto significa no prometer a sus ciudadanos que nunca morirán, y en cambio demostrarles que su vida constituye, por encima de cualquier otra consideración, la primera de sus prioridades. El riesgo cero quizás sea siempre una utopía, pero seguir intentando tender a 0 es un imperativo de civilización.