"Las leyes inútiles debilitan a las necesarias"
Montesquieu
Redoble de timbales: el gobierno se ha puesto de acuerdo con el gobierno. Eso es todo lo que se puede asegurar hasta el momento del decreto Mari y el decreto Carmen, escindidos en democrático ridículo, ya que nada sobre su convalidación está claro. Lo mismo que hicieron un banco malo para los créditos chungos en su día, han hecho un decreto malo para la petición más chunga de Sumar, consistente en volver a la gloriosa idea franquista de convertir en indefinidos los alquileres. Así que sí, ¡aleluya!, el gobierno se ha puesto de acuerdo entre sus partes y entre su yo legislador y su yo revolucionario y toma calles y esa es la gran noticia de ayer.
Esa y el mayúsculo lío jurídico que se puede formar si alguno de los decretos, o los dos, no es convalidado el viernes en el Congreso, porque habrá estado en vigor tres días. Imagino que ni un casero va a firmar ningún alquiler de aquí a esa fecha porque, amigo, le podrían alegar que ese alquiler deviene indefinido. El lío jurídico, no obstante, se producirá igual, porque legislar por presión callejera, con un caso concreto que te aprieta el márketing, con socios que no lo son y deprisa y corriendo después de ocho años sin hacer nada no puede salir bien. Y porque la técnica legislativa cada vez es más inexistente, los textos de leyes y decretos menos jurídicos y más ideológicos, dando lugar a farragosas redacciones que producen indefensión y un campo interpretativo tan amplio que provoca inseguridad jurídica.
Pongo un ejemplo de esta misma norma. Dicen que se ha prohibido a los fondos buitre comprar vivienda hasta 2028. Por mero método, vamos a comprarles el hecho. Ahora bien, ¿qué es un fondo buitre? ¿A quién alcanza esta definición? Veamos la sutileza jurídica empleada: "toda entidad con o sin personalidad jurídica" —¿una comunidad de bienes?, ¿una sociedad civil sin personalidad?, ¿un fondo?, ¿un trust extranjero?, ¿una UTE?, ¿y quién es entonces el sujeto al que se imputa la adquisición y sobre quién recaen las consecuencias jurídicas?— "dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecario impagado por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado" —¿qué tipo de tasación de mercado se considera?, ¿cuál vale?, ¿cuánto es un precio claramente inferior?, ¿a quién le tiene que parecer claro? —"ambas con el objeto de eludir los mecanismos de función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad" —¿cómo se establece y prueba el objeto que se tenía al hacer la operación?, ¿qué "mecanismos" son esos?— "a través de la desproporción en las rentas de alquiler, en los precios de reventa o por su destinación (sic) a finalidades no residenciales" —¿en qué porcentaje empieza la desproporción o el beneficio en la reventa? ¿quién lo determina?—… Y así todo. ¿Les ha quedado claro quién tiene prohibido comprar hasta 2028? Pues les felicito. A los jueces no. Hablé con varios, y el lío morrocotudo empezará cuando distintos jueces lo interpreten de forma diferente. Pero si no les queda claro lo que es un fondo buitre en técnica jurídica, escuchen a la ministra del ramo que se lo aclara cuando le preguntan si la sociedad limitada del desahucio de Maricarmen, con una sola vivienda, era un fondo buitre: "Tal vez no fuera un fondo, pero sí una pyme buitre. Muy carroñera". Seguridad jurídica a quintales.
Legislar por presión callejera, con un caso concreto que te aprieta el márketing, con socios que no lo son y deprisa y corriendo después de ocho años sin hacer nada no puede salir bien
Sobre las medidas concretas y su convalidación, podemos colegir que el enloquecimiento franquista de Sumar, empujado por el llamado Sindicato de Inquilinos, que no es tal sindicato legalmente, consistente en la instauración de alquileres indefinidos, no será aprobado. Para eso lo han desgajado quirúrgicamente, a sabiendas de que ni Junts ni el PNV les iban a seguir la corriente en una medida regresiva —a veces el progresismo va hacia atrás, parece— que Franco puso en marcha tras la guerra para buscar una cierta paz social y que el PSOE tuvo que enmendar en 1994 porque había provocado la falta de oferta de alquiler y, además, prácticamente el derrumbe de los centros históricos de muchas ciudades, con inmuebles claramente deteriorados. Y es que si el propietario está obligado a mantener inquilino y precio durante décadas, acaba por no hacer más mejora que la que impide que el edificio se le venga abajo.
Con la certeza de que el decreto Carmen, el desgajado, no saldrá, nos llegan las dudas sobre el Mari. Si Junts tumba esa locura, ¿van Sumar y Podemos a respaldar el decreto en el que han tragado con las reformas propuestas por Junts respecto a la desgravación en la renta tanto para inquilinos como para arrendadores? Nada está claro aún. Para el viernes puede estar Maricarmen en su casa y la Puerta del Sol despejada y entonces las prisas ya serán menos, dado que no las ha habido en ocho años.
Las dudas continúan. Un decreto ley solo es constitucionalmente posible en casos de "urgente y extraordinaria necesidad". Después de casi una década perdida en un país empobrecido, ¿cuál es la urgencia si no es electoral? El decreto contiene cuestiones que no iban en ningún programa y suponen novedades sustanciales, tal vez regulables por ley, como el tema del alquiler fraccionado por habitaciones. Y, por último, están las partes o la letra pequeña que choque con competencias autonómicas y que produzca de nuevo dificultades de aplicación.
Un pan como unas tortas. Sin saber por qué, la izquierda radical se niega a asumir que es preciso aumentar el parque de viviendas. Construir y construir. Desde 2008, que se pararon las grúas por la burbuja, la población total se ha incrementado en cuatro millones y medio de personas. Pensar que con medidas ideológicas se palía ese déficit es de ciegos o de incapaces para gobernar. O de ambas.