Hoy conoceremos la sentencia del TJUE que permitirá interpretar, de acuerdo con el Derecho europeo, si la ley de amnistía es aplicable al president Puigdemont y a los demás independentistas procesados por malversación a raíz del referéndum del 1-O. No me corresponde hablar técnicamente de una sentencia sobre la que ya hablan los más expertos (y también los no tan expertos, al parecer), y que aún no he leído. Pero sí puedo hablar de su importancia política. Y no tanto de la sentencia en sí, sino de aquello que hemos llamado la judicialización de la política y que muchos consideran —quizá de forma un tanto prematura— una etapa ya superada.
Nueve años de causas judiciales interminables, de persecuciones, de lawfare, de estancias en prisión y excarcelaciones inmediatas, de luchas interpretativas entre tribunales europeos y tribunales no tan europeos, de espionajes físicos y digitales, de imputaciones por delitos inexistentes, de rebelión, de sedición, de terrorismo (y no solo para los procesados en la operación Judas), de traición, de retorcimientos del Código Penal, de bloqueos jurisdiccionales, de cálculos políticos sobre los calendarios procesales, de una mezcla infinita y perturbadora entre leyes, jueces, abogados y política. Perturbadora para la democracia y también para la cabeza, se entiende. Y todo esto, ¿por qué? Pues porque un proceso de independencia es un proceso político, pero también, evidentemente, un proceso jurídico: un intento de configurar un nuevo marco legal. Y eso tiene unos costes inmensos en términos de batalla judicial. En definitiva, se trata de determinar hasta qué punto fue legal o ilegal hacer lo que se hizo (y lo que podría volver a hacerse). Es importante. Tan importante que el debate jurídico ha perdurado hasta hoy, y todavía le queda recorrido: como ya sabemos, nada termina mañana. Quedan el Tribunal Constitucional, que también juega a hacer política con el calendario, y el Tribunal Supremo, que juega al "quien pueda hacer, que haga". Aquí estamos. Y si hemos llegado a los tribunales, amor mío, dejemos que los tribunales terminen de decidir quién tiene razón jurídicamente, y luego ya veremos qué hacemos con nuestras vidas.
La batalla, por tanto, es política, pero también jurídica, y es importante que así sea. Para empezar, por ejemplo, la sedición y la rebelión ya no pueden utilizarse para perseguir penalmente la convocatoria de un referéndum unilateral. Está por ver si la malversación sí puede utilizarse, y en qué condiciones (porque hoy no se decide tanto sobre la ley de amnistía como sobre la interpretación y el alcance de este delito y, sobre todo, sobre los límites franqueables o infranqueables de la separación de poderes en España). El panorama jurídico se ha ido aclarando, ya no tanto a escala española como, sobre todo, europea. Y, por tanto, hoy ya tenemos una idea bastante aproximada del "nuevo orden" o del nuevo marco: si queremos volver a jugar, las cartas son estas. Conviene conocerlas al detalle, dado que los antiguos ejércitos han sido sustituidos por los tribunales. Eso no resta un ápice al enorme daño que estos nueve años han supuesto para la política: mientras combatíamos en los tribunales, se ha hecho muy poca política. Poquísima. En parte es comprensible, porque un intento de divorcio no amistoso deja cicatrices, rencores (y secuelas), y también porque el independentismo ha luchado con una mano atada a la espalda. Pero, en parte, ese es nuestro nuevo drama: ni las negociaciones en Suiza han producido —por ahora— resultados políticos tangibles en la resolución del conflicto (hablar catalán en el Congreso, perdónenme, pero no), ni se ha encontrado la forma de mantener la unilateralidad como una amenaza suficientemente latente o creíble y, por tanto, con una fuerza negociadora mucho menor. Nada que no sea reversible, seguramente, pero se ha perdido muchísimo tiempo. Hemos llegado a este punto de la partida con un desgaste inmenso, con un independentismo desmovilizado y con una preocupante falta de esperanza, tanto para quienes creen en la independencia como incluso para quienes simplemente querrían que se respetara el Estatut votado por los catalanes. Nada de nada. Menos mal que, poco a poco, vamos pasando página en el terreno judicial, aunque me pregunto si todavía estamos a tiempo de recomponer todo lo demás.
Sánchez aprobó rápidamente los indultos porque le convenían, fue lento (y tramposo) con la amnistía y ha incumplido de manera flagrante el resto de los compromisos políticos adquiridos
Al mediodía del 21 de junio de 2021, Pedro Sánchez acudió al Liceu para pronunciar una conferencia en la que anunciaba la decisión de indultar a los presos políticos, a través del Consejo de Ministros, al día siguiente. Subió al escenario, se quitó la preceptiva mascarilla y dijo "Bon dia", para después recitar a Miquel Martí i Pol. "I som on som", dijo. "Més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra, i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules". Aquella misma mañana, en Estrasburgo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa había aprobado su Resolución 2381 (2021), titulada Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate? (con especial atención a los casos de España y Turquía), en la que "recomendaba" no solo los indultos, sino también medidas como la amnistía, importantes reformas aclaratorias del Código Penal y la invitación a resolver el conflicto por vías pacíficas. Pedro Sánchez, sin molestarse siquiera en aludir a esa "recomendación", fue, sin embargo, inmediato con los indultos (con personas profundamente dolidas entre el público, por cierto, gritándole a la cara que la solución era la independencia). En resumen: Sánchez aprobó rápidamente los indultos porque le convenían, fue lento (y tramposo) con la amnistía y ha incumplido de manera flagrante el resto de los compromisos políticos adquiridos.
Y ahora, ¿dónde estamos? Como decía, nos encontramos ante un panorama jurídico más clarificado (aunque, una vez más, a la espera del comportamiento de los tribunales españoles) y un panorama político desolador. Los partidos independentistas no han podido, o no han sabido, reconectar con la ilusión de 2017, ni siquiera con la de 2006, o con la indignación posterior de 2019. El tiempo ha jugado en nuestra contra; la división y los errores, también. Insisto: nada insalvable, pero, de la excesiva judicialización de la política, los partidos catalanes también tienen parte de responsabilidad. Salvo que hoy entendamos por política las redes ferroviarias orbitales, los traspasos de competencias invisibles y las promesas de reconocimiento de pacotilla. Las victorias judiciales, o incluso legales, que son importantísimas, han tenido un precio evidente en términos de desgaste. También para el PSOE, cuidado: por mucho que incumpla sus compromisos de forma flagrante, Pedro Sánchez sigue siendo acusado, sorprendentemente, de plegarse a los intereses del independentismo. Si eso fuera cierto, ya estaríamos hablando, como mínimo, del concepto de nación aplicado a Catalunya, tal y como él mismo hacía en aquellos años. En cambio, en nombre de la "concordia", están promoviendo a la Roja por todas partes y permitiendo que el paisaje de Catalunya —con la inestimable colaboración de Salvador Illa— aparezca más españolizado que nunca. Políticamente, culturalmente, televisivamente, lingüísticamente. No han perdido el tiempo. Ellos no se han limitado a litigar: han estado haciendo país.
El independentismo empieza a tener pocas excusas para reaccionar. Si no quiere que las trascendentales —mucho más de lo que parece— victorias jurídicas acaben pareciendo el simple consuelo de una derrota política completa, debe mirar sus nuevas cartas y empezar a jugarlas bien. Sin confundir al enemigo, sin buscar chivos expiatorios, sin cambiar de tema, sin falsas promesas, pero, sobre todo, sin una ausencia absoluta de promesas. Pedro Sánchez no solo decía que concedería los indultos, sino que hablaba de conceptos políticos, y eso es precisamente lo que echo de menos ahora y aquí. Hablaba de unidad ("unión", de hecho), convivencia, concordia (que significa 'con corazón', dijo), reencuentro, reconciliación y diálogo. Todo bastante vacío de contenido, evidentemente, pero esa era una buena carta. Quizá la única que le quedaba a España para intentar salvar lo que entonces parecía el curso inevitable de la historia: sacar al policía bueno. Esa carta, a causa del colosal engaño (llegó incluso a hablar de un "proceso constituyente"), se le está agotando poco a poco.
¿Qué cartas jugará el independentismo, el de los partidos y el de fuera de los partidos, cuando llegue su turno y como respuesta? Emprender la reconquista contra el califato es una de las opciones. Volver al pactismo y al peix al cove anterior al procés, también. Pero yo confío en que la sentencia de hoy ayude a responder a la siguiente pregunta: ¿hay alguien más?