En este giro del siglo XXI vivimos dos fenómenos que se explican mutuamente: la extrema globalización y la reivindicación de la identidad también a niveles nunca vistos. De la globalización no hace falta hablar mucho porque es una evidencia que nunca como antes la humanidad ha compartido productos, estéticas y relatos: en todo el mundo se diseña y fabrica para el resto del mundo, los centros de las grandes ciudades se parecen en forma y tiendas, y de las noticias en portada de cualquier periódico del mundo, cinco son compartidas. Junto a esto, posiblemente como respuesta, ha aflorado una necesidad de reivindicar la identidad hasta límites tampoco vistos hasta ahora: la defensa de la diferencia y de aquello que nos distingue del resto también se ha extremado.

La identidad, así en genérico, aflora de diversas maneras. Las más potentes son el sentimiento de pertenencia a un país, a una religión o a una ideología. Pero al lado de esto también ha surgido la necesidad de reivindicar otros factores que determinan la identidad de una persona: de género, de orientación sexual, de opción alimentaria e incluso la manera como afrontamos la salud mental, también si practicamos la lactancia materna o cómo educamos a nuestros hijos. Y partidarios de unas u otras opciones tienen la necesidad de hacer una defensa encarnizada por un simple motivo: todo el mundo siente amenazada su identidad. Todo el mundo se siente agredido en alguno de la decena de ámbitos que marcan nuestra identidad y esto explica que cada vez más haya ofensas por todas partes.

Antes desaparecerá la Tierra que el castellano, pero aún así se sienten amenazados

Esta sensación de amenaza es especialmente curiosa —y peligrosa— para aquellas identidades que hasta ahora han sido predominantes y que realmente tienen conciencia de ser agredidos cuando, en realidad, se han encontrado con una explosión de diversidad que les cuesta digerir. Digo peligrosa porque quizás sí que sienten amenazada su identidad, pero mantienen las poderosísimas herramientas que las han hecho predominantes y que van desde la fuerza militar hasta el marketing global, pasando por estructuras de estado como los jueces o la recaudación de impuestos. Se entendería, pues, que en igualdad de condiciones y de poder fáctico efectivo alguien se sienta amenazado también en igualdad de condiciones.

Solo así se entiende la reacción furibunda contra la defensa de la lengua catalana cuando sus hablantes temen por la supervivencia del idioma dos o tres generaciones más allá. Muchos castellanohablantes se sienten ellos amenazados por el simple hecho de que, con unos recursos gigantescamente inferiores a los que dispone el castellano, los catalanohablantes intentamos defender este trozo de identidad —no menor— que es la lengua en que uno se expresa. El castellano lo hablan en todo el mundo unas 600 millones de personas: antes desaparecerá la Tierra que el castellano. En cambio, el catalán a duras penas llega a los 8 millones de población potencial, de la cual, activamente, justito llega a los cinco millones. Pues bien, en lugar de vivir esta desproporción demográfica como una tranquilidad hacia la lengua, muchos castellanohablantes optan por menospreciarla y ridiculizarla, preguntándose cómo es que defendemos e invertimos en una lengua que consideran casi muerta. Normalmente, los ciudadanos del mundo y los que proclaman no sé qué del nacionalismo y el viajar son los primeros a los que no les importaría que desapareciera una lengua del planeta, que no deja de ser una manera única de interpretar el mundo.

Las normas de protección del catalán son percibidas como una imposición, y es justo lo contrario

El otro gran impulso que sienten muchos castellanohablantes en Catalunya es que tienen la sensación de que el catalán se les impone. En Catalunya el catalán ha estado prohibido en las partidas de nacimiento e incluso en las lápidas: no podías nacer ni morirte con tu nombre. Incluso hoy, en pleno 2026, pedir en el registro civil que te quieres llamar Garcia y no ‘García’ cuesta —como mínimo— un juicio. Ahora mismo, en el DNI es burocráticamente más sencillo cambiar de género que de acento en el apellido. Y no hace falta recordar que la I de DNI es identidad, y la N de Nacional, es decir, yo —Estado español— te diré qué identidad debes tener: ya se ha asumido que nacer con unos determinados genitales no tiene por qué conformar tu identidad de género, pero ay, nacer con un apellido presuntamente castellano determina que tendrás —una generación más— una identidad genealógica castellana.

Y lo mismo ocurre con la legislación vigente: se ha tergiversado el relato de tal manera que, a ojos de muchos castellanohablantes (sobre todo aquellos que dicen defender el bilingüismo) las normas de protección del catalán son percibidas como imposición de la lengua, cuando es exactamente lo contrario: con el escaso poder político del que se dispone se intentan tomar medidas ante la imposición sistémica del castellano. Que se garantice, por ley, que todo alumno salga de la secundaria obligatoria sabiendo catalán no comporta —ni mucho menos— que salgan sin saber castellano. Lo sabemos nosotros, los catalanohablantes, lo saben quienes han llevado la cuestión a los tribunales y lo saben los jueces. Pero la sensación que se ha transmitido es que en Catalunya no hay libertad lingüística, cuando —en realidad— si alguno campa con una libertad que más bien fagocita, es el castellano frente al catalán. Tampoco hace falta ir muy lejos buscando leyes: la misma Constitución española considera que los ciudadanos del Estado español tienen el deber de saber el castellano mientras que los que viven en comunidades autónomas con dos lenguas tienen el derecho a usar la otra, en este caso el catalán en Catalunya. Obligación en un caso, opción en otro: queda claro, pues, qué lengua es la que impone el sistema y cuál no.

Y solo hay una manera de ser consciente de la realidad de cada identidad: si el reforzamiento de la propia va en detrimento de la de los otros. Que yo me considere heterosexual —identidad predominante— no predispone que obligue al resto de la humanidad a serlo. La comunidad LGTBI puede estar bien tranquila conmigo porque mi autoafirmación de persona heterosexual no afecta ni un gramo a su identidad. En consecuencia, quiero para cada una de las personas, se acuesten con quien se acuesten, los mismos derechos: matrimonio, manifestación y la manera de salir en el DNI; cada uno que haga el uso que quiera. Pues lo mismo con la lengua: que yo refuerce mi condición de catalanohablante no afecta ni un milímetro a la condición lingüística del resto. En cambio, que otros para reivindicar su identidad —predominante— en castellano me impongan su idioma es un ataque: a mis derechos, pero sobre todo a mi identidad. Y por aquí sí que no paso ni pasaremos.