Todos recordamos aquellas imágenes casposas de unas personas despidiendo a los policías y guardias civiles enviados a Catalunya antes del 1 de Octubre. Les cantaban el futbolero "¡A por ellos, oee, oeee, oee...!", una suerte de cántico bastante clarividente (recuerda a Manolo el del Bombo) sobre la intención y el espíritu con que aquellos agentes uniformados se desplazaban a Catalunya.

Después de apalear a la gente que quería votar, algunos uniformados que se habían quedado con ganas de repartir más leña protagonizaron un final de fiesta en varias poblaciones. Porra extensible en mano, pegaron a vecinos, amenazaron a quien quisieron y desde las habitaciones del hotel donde pernoctaban, mearon en la calle. Y todavía alguno de estos valientes blandió su pistola, desde un balcón de hotel, contra los vecinos.

Al día siguiente, Albiol corrió a felicitarlos y cuatro días después llovían los premios y condecoraciones. La imagen de Albiol al lado de unos hombres coléricos que gritaban enfurecidos "¡que nos dejen actuar!" es una estampa que retrata a la España de Llarena y de estos fiscales cobardes que se enzarzan contra representantes electos como si fueran militantes de VOX. Aunque si el letrado de VOX que acusa a Junqueras y el resto de presos se intercambiara los papeles con Llarena difícilmente nadie notaría la diferencia.

Llarena hace un ridículo judicial espantoso en Europa. El ensañamiento con que actúa molestaba incluso a una parte del PP más civilizado. Y a pesar de todo no ha cambiado de opinión, porque no responde a criterios judiciales sino a una determinada ideología. El magistrado del AVE, donde en alguna ocasión ha compartido viaje con diputados de Ciudadanos, ha acabado su estrafalaria fase de instrucción atacando de nuevo el patrimonio de los presos y exiliados, como si fuera pura extorsión económica. Entre otros motivos, porque el mismo ministro de Hacienda ha dicho y repetido que no se había gastado un solo euro público en el referéndum, ni uno.

Es repugnante como la justicia se inhibe, como la Fiscalía desatiende las denuncias y la inacción de los responsables de la seguridad

Casi todo lo que ha hecho Llarena se ha basado en los informes de la brigada politicosocial (jefe de la policía judicial de la Guardia Civil) que comanda el teniente coronel Daniel Baena, y que bien podría ser uno de aquellos policías que exigían salir a repartir bofetadas en Calella, vista su actividad oculta en las redes. Como policía es, según han denunciado los vecinos y ha reconocido el Cuerpo Nacional de Policía, el hombre que agredió a Jordi Borràs en plena calle en Barcelona, a puñetazos, a plena luz del día. Borràs es precisamente el autor del informe de Medía.cat, el primer informe que denunciaba la campaña de agresiones ultras en Barcelona y Catalunya, espoleada por unos medios de comunicación españolistas que convierten las agresiones fascistas en actos de cívicos patriotas. Sin obviar aquí el miserable papel de los dirigentes de Ciudadanos que espolean la acción directa, que a menudo se convierte en violencia contra las personas, en su cruzada contra toda muestra de solidaridad y estima por los presos políticos. Es repugnante como la justicia se inhibe, como la Fiscalía desatiende las denuncias y la inacción de los responsables de la seguridad.

La agresión a Jordi Borràs es una agresión a los derechos fundamentales y a la libertad de expresión y de opinión, es una agresión directa a la convivencia y a la tenacidad contra los violentos. Borràs ya denunció los vínculos ocultos de la extrema derecha con Societat Civil Catalana, la de Borrell y Arrimadas. Y ahora el agredido ha sido él, al más puro estilo mafioso. Han ido a por él, para silenciar la denuncia e intimidar a los que plantan cara.

La concreción de una Oficina de Defensa de los Derechos Civiles y Políticos por parte del Govern de la Generalitat es una necesidad ante la violencia desplegada por la extrema derecha

La concreción de una Oficina de Defensa de los Derechos Civiles y Políticos por parte del Govern de la Generalitat es una necesidad ante la violencia desplegada por la extrema derecha y su impunidad que urge concretarse. Porque se evidencia que es cada día más imprescindible para combatir la impunidad, la conjura entre miembros de las fuerzas policiales, de la judicatura y la Fiscalía en convivencia con determinados partidos y entidades. Y es también, y tiene que ser, una apuesta estratégica del movimiento republicano y de una legislatura que tiene que hacer de la denuncia del autoritarismo y la involución de derechos y libertades uno de sus pilares políticos fundamentales.

Y hay que exigir a las autoridades catalanas resultados, eficiencia y eficacia. Empezando por los Mossos d'Esquadra, la policía de Catalunya, la del 17 de agosto, resolutiva como ninguna otra. La del 1 de Octubre, velando por la seguridad pública. Esta es nuestra Policía, la que nos hizo sentir orgullosos, la que vive en comunión con el país y defensa los derechos y libertades. Y tenemos que exigir que vuelva, ya. Por su buen nombre y porque los necesitamos ante tanta infamia. Nosotros, los demócratas, sí que tenemos que exigir que los dejen actuar. Cuando lo han hecho han sobresalido en ello.

Sin olvidar al resto de responsables. ¿Cuántos policías municipales están desplegados en Barcelona? Ahora no puede ser que la alcaldesa Colau se desentienda ―con aquello de la equidistancia― y no asuma la parte de responsabilidad que le corresponde. Hay casi 11.000 policías municipales en Catalunya, cerca de 2.800 sólo en Barcelona, donde el lunes agredieron a Jordi Borràs.

La violencia en la calle, las agresiones, son, en primer lugar, un problema policial que tiene que parar la policía, la que está al servicio de la ciudadanía y de la protección de los derechos y libertades públicas básicas, como los de ir por la calle sin que un facha te rompa la cara con toda impunidad.