La consellera Alícia Romero ha dicho esta semana que Catalunya tiene la culpa de su déficit de infraestructuras y hay que decir que tiene razón. Claro que la consellera lo dice para defender algo tan indefendible como la gestión de los gobiernos españoles del PSOE; aun así, tiene razón porque ciertamente Catalunya ha elegido unos representantes cuya prioridad no era atender las necesidades de sus conciudadanos, sino ejercer de delegados del poder político español en defensa de una concepción del Estado tan centralista como anticatalana. Y en esto hay que decir que PSC y PP han sido leales a sus superiores, pero tampoco es que nacionalistas e independentistas hayan sido muy valientes.

La consellera Romero tiene razón cuando dice que Catalunya es culpable de su déficit de infraestructuras. Efectivamente, los representantes catalanes, principalmente de su partido, pero también de los otros, han permitido el maltrato que ha sufrido el país durante el último medio siglo

Todo deriva del acuerdo político de la Transición. No hubo ruptura y la reforma mantuvo las mismas estructuras del Estado. Las instituciones y la propia concepción del Estado se mantuvieron casi inalterables a cambio de dar entrada a lo que podríamos denominar el negocio del Estado a nuevos socios: socialistas, eurocomunistas y nacionalistas vascos y catalanes. Todos tenían tantas ganas de existir políticamente y la amenaza militar era tan evidente que todo fueron facilidades y predisposición a adaptarse para no quedar fuera de juego, excepto los vascos, que pusieron un precio más alto.

Y la estructura del Estado español siempre ha sido concebida a partir de un poder central inexpugnable con sede en Madrid. Esto es tan evidente que medio siglo después del gran cambio constitucional que supuso el Estado de las Autonomías, el Estado es más centralista que nunca y Madrid acumula y absorbe tanto poder y tantos recursos que ha dado lugar al fenómeno de la “España vaciada”. Y este statu quo no tiene alternativa en el sentido de que no es reformable, como no se pueden pedir peras al olmo ni la cuadratura al círculo. Se notó claramente en el debate del Estatut. Cómo se movilizaron todos los poderes del Estado: jueces, policías, alta administración y no tan alta, empresas públicas y sus sindicatos. “Hay que apagar incendios en todos los ministerios”, decía Francisco Caamaño, el socialista que envió Rubalcaba para frenar las exigencias del president Maragall. Los sindicatos de las empresas públicas, obedeciendo consignas de sus patronos, anunciaron huelga para bloquear el traspaso del aeropuerto, de Rodalies e incluso de los Paradores Nacionales, ocupados siempre en temporada alta por funcionarios del Estado tanto en el Empordà como en la Vall d'Aran.

Pasqual Maragall, siempre tan visionario, lo vio claro desde el principio y lo advirtió en dos artículos para enmarcar: Madrid se va, primero, y Madrid se ha ido, publicados expresamente en castellano y en el diario El País con pocos años de diferencia. Al cabo de un tiempo fue ese mismo diario, algunos columnistas sin escrúpulos que el propio Maragall había promocionado y su propio partido quienes propiciaron la defenestración de quien fue alcalde y president, por su empeño en romper el monopolio de poder, no español, sino madrileño.

Esta estructura radial del Estado español es, como antes los Principios del Movimiento Nacional, inmutable. Y quien no se adapta, no juega. Y hay que decir que desde Catalunya el esfuerzo prioritario, por supuesto de los socialistas, pero también de los nacionalistas e incluso de los independentistas, ha sido la adaptación al sistema. Se adaptaron los nacionalistas de CiU con el Estatut recortado, se adaptaron los republicanos apoyando a todos los gobiernos socialistas españoles que no invertían en Catalunya y, de hecho, se adaptaron los independentistas cuando, después de llamar a la revuelta, recaudaban dinero para pagar las multas, aceptaban un tribunal parcial, un juicio en castellano suplicando benevolencia y han acabado negociando leyes e investiduras con el Gobierno de España.

A priori todo parece imposible. Parecía imposible retirar a la Guardia Civil de las carreteras catalanas, suprimir a los gobernadores civiles y el servicio militar, hablar en catalán en el Congreso y, sobre todo, parecía imposible la amnistía. Así que nada es imposible, pero depende de la determinación y el coraje político de los representantes catalanes, que, si son realistas, exigirán lo imposible y no una empresa mixta

Todo esto tiene su lógica si de lo que se trata es de hacer política, pero, atención, también es cierto que en casi todas las legislaturas el conjunto de los 48 diputados catalanes en el Congreso han sido imprescindibles para articular la mayoría y podrían haber sido mucho más exigentes de lo que han sido. Sin ir más lejos, socialistas y populares siempre han defendido el concierto económico en el País Vasco y Navarra. Si no lo hacen aquí es porque su prioridad no es defender los intereses de los catalanes, sino asegurar el mantenimiento del statu quo madrileño. Tampoco es que nacionalistas e independentistas hayan aprovechado mucho sus capacidades. A priori, todo parece imposible. Da risa ahora recordar lo imposible que parecía la cesión del 15% del IRPF. Cualquier tontería suponía la ruptura de España y los representantes catalanes actuaban con lo que podríamos llamar complejo independentista. Era imposible que el PP aceptara retirar a la Guardia Civil de las carreteras catalanas, suprimir a los gobernadores civiles e incluso la mili. Parecía imposible poder hablar en catalán en el Congreso y, sobre todo, parecía imposible la amnistía a los represaliados del procés, pero todo ha sido posible cuando los representantes catalanes se han atrevido a exigirlo. Así que nada es imposible, como diría el Mago Pop, pero depende de la determinación y el coraje político de los representantes catalanes, que, como se gritaba en Mayo del 68, si son realistas, exigirán lo imposible, algo tan imposible como la inversión en Rodalies. Solo si los diputados catalanes hacen su trabajo, los trenes llegarán a la hora. Sin los 48 diputados catalanes, el Estado no funciona, así que tienen la sartén por el mango más de lo que parece. Y eso es hacer política española. No tiene nada que ver con la independencia. La independencia no se reclama, no se negocia, no se pide. La independencia se conquista cuando las condiciones objetivas lo hacen posible; no tiene nada que ver con la cotidianeidad política.

Y un apunte más. Ha sido injusta la consellera, incluso con sus antecesores del PSC, cuando dice que aquí no ha habido proyectos. Para empezar, el Estado se reservó el control de las infraestructuras principales, que son las que fallan, pero si observamos lo que ha hecho el Estado y lo que han hecho las instituciones catalanas, el grado de eficiencia es incomparable. El estado del bienestar en Catalunya lo han creado las instituciones autóctonas, Generalitat y ayuntamientos, y a pesar de los obstáculos de la Administración central. Si de algún servicio público están orgullosos los catalanes es del sistema sanitario. Eso no lo ha hecho el Estado; al contrario, a pesar de la tacañería del Estado, Catalunya dispone del mejor servicio nacional de salud del mundo, que precisamente está en peligro por la infrafinanciación a la que lo somete el Estado. Aquí es donde podría hacer algo la consellera Romero en favor de los ciudadanos de Catalunya, pero seguramente no lo hará porque haría enfadar a sus superiores del PSOE.

En el ámbito de los servicios esenciales siempre hay mucho trabajo por hacer y todo se puede mejorar, pero pondré un ejemplo concreto, aunque generalizable, que me permite hacer comparaciones odiosas. En La Garriga (Vallès Oriental) no hubo instituto ni centro de salud hasta que lo impulsó el ayuntamiento democrático dirigido por la alcaldesa Núria Albó en la década de los 80. Hasta entonces, los alumnos tenían que ir a examinarse del bachillerato a Vic o después a Granollers. Hoy eso no lo podrían hacer porque el tren que debería llevarlos al examen es el mismo, pero antes funcionaba de forma rudimentaria y ahora o no va o, cuando va, falla la mitad de los días. Así que suerte de la alcaldesa que se preocupó por sus conciudadanos. Ahora La Garriga tiene dos institutos, el Blancafort y el Vila Romana, de donde han salido alumnos excelentes, de esos que triunfan en la selectividad.

Proyectos ha habido siempre en Catalunya que solían ser tumbados por los gobiernos del Estado. La ampliación del aeropuerto concitó una unanimidad de partidos, entidades y sociedad civil con los prohombres sentados en primera fila en aquel acto del IESE. El deep state se negó en redondo y el ministro socialista José Blanco, alias Pepiño, lo resolvió prometiendo a los dos principales diarios de Barcelona que a partir de entonces les compraría cada día miles de ejemplares para distribuir entre los viajeros. Los editoriales cambiaron de criterio y el debate se aplazó.

Las previsiones de posibles sequías y la dificultad política que suponía el trasvase del Ebro hacia Barcelona argumentaron la iniciativa del trasvase del Ródano, rechazado por los gobiernos tanto del PSOE como del PP, no fuera que Catalunya se independizara hidrológicamente.

Tanto los gobiernos del PSOE como del PP se han empeñado en obstaculizar un proyecto de tanto sentido común como el corredor mediterráneo, que al poder madrileño le da tanto miedo. Y bien, podríamos hablar de muchos otros proyectos, pero parece mentira que una socialista como Alícia Romero diga que aquí no había proyectos, cuando el gran proyecto catalán del siglo XX fueron los Juegos Olímpicos del 92, liderados por un militante socialista como entonces era Pasqual Maragall, que después no tuvo más remedio que dejar de serlo.

Consellera Romero, sea realista, no tenga miedo y exija lo imposible, y no una empresa mixta.