La presidencia de Pedro Sánchez al frente del ejecutivo español ha dejado varias declaraciones de intenciones en muchos sentidos, especialmente en materia de políticas migratorias. La propuesta del puerto de Valencia como destino de los 630 rescatados por el barco Aquarius cuando intentaban atravesar el Mediterráneo puede leerse como un gesto positivo hacia la opinión pública mayoritaria, que quiere acogerlas, y las antiguas reivindicaciones de movimientos sociales en este sentido. También ha sido bien recibida otra iniciativa, la del Ministerio de Justicia, que ha comunicado al Tribunal de Estrasburgo que estudiará el recurso presentado por el anterior gobierno contra la condena a España por las devoluciones en caliente de personas migrantes en la frontera de Melilla.

Ni con una cosa ni con la otra bastará. Todo puede acabar en mero tacticismo si no se aborda de raíz el actual modelo de políticas migratorias.

Desde que el Aquarius llegó a Valencia, se han rescatado más de 2.500 personas que querían cruzar el estrecho de Gibraltar. Equivale a más de cuatro Aquarius. Lo que estos inmigrantes han encontrado al pisar territorio español es lo mismo que encontraron en 2017 las más de 22.400 personas llegadas por mar, y lo que encontrarán todas aquellas que seguirán llegando. A la inmensa mayoría les espera la detención, la privación de libertad en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la irregularidad y/o la expulsión a sus países de origen.

Si el gobierno de Pedro Sánchez no aborda la llamada Ley Mordaza, no se darán pasos que permitan un cambio efectivo en las políticas migratorias del Estado

Respecto a las devoluciones en caliente, si el ejecutivo de Sánchez no aborda la llamada Ley Mordaza, que es el marco legal que las permite, no se darán pasos que permitan un cambio efectivo en las políticas migratorias del Estado. Parece que la reunión del Consejo Europeo de los próximos 28 y 29 de junio dará muchas pistas sobre la dirección que tomará el gobierno de Sánchez. Algunas ya podemos adivinarlas.

En la reunión informal previa del domingo pasado ya se vislumbró la creciente división entre países europeos por la cuestión migratoria y su difícil solución. Todos estos países están de acuerdo en seguir atacando la situación actual desde una perspectiva de securitización: reforzar las fronteras europeas para frenar los flujos migratorios. Lo que ensancha la grieta entre los estados de la Unión Europea es precisamente el mismo problema que afecta a la UE desde su creación: reducir el predominio de los intereses de los Estados y ganar espacio a la articulación de una política realmente común, en este caso sobre la migración.

Una de las propuestas estrella que debatirá el Consejo Europeo es la creación de centros de régimen cerrado, donde se tramitarían las peticiones de asilo y desde donde se expulsaría a quienes no cumplieran los requisitos para otorgarles la protección internacional. La idea original es, ni más ni menos, que de Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Este caso, como tantos otros, manifiesta el elevado grado de influencia de los contextos estatales en las políticas europeas. Este hecho quizás no se leería de forma negativa si no fuera por el auge generalizado de la extrema derecha xenófoba en los gobiernos de los miembros de la UE. Angela Merkel, lejos ya su política de Welcome Refugees, acepta un marco de debate y de propuesta que sólo se entiende si se sabe que sus aliados ultraconservadores en Baviera amenazan con hacer caer el gobierno de coalición de la canciller por la cuestión migratoria.

La UE entiende la misma existencia de los centros de internamiento de personas migrantes como premisa y como solución, una política abiertamente contraria a los Derechos Humanos

La base del debate en el Consejo será si estos nuevos centros tienen que abrirse dentro o fuera de la UE. Es decir, que la misma existencia de los centros de internamiento se entiende como premisa y como solución. El presidente francés, Emmanuel Macron, es partidario de abrirlos en territorio europeo. Es decir, para no utilizar eufemismos, quiere aumentar el número de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) dentro de la UE. Parece, pues, que cada vez es menos necesario esconderse a la hora de proponer políticas abiertamente contrarias a los Derechos Humanos y a la protección de las personas que lo necesiten.

Por otra parte, Italia apuesta por situar estos centros en países terceros, y alega que la propuesta de Macron comportaría renegociar unas cuotas de migrantes por países que no está dispuesta a asumir, sobre todo si se consideran los 19 meses de parálisis en la reforma del actual sistema de Dublín, por el que se pide asilo en el primer país europeo al que se llega.

Italia tenía como objetivo para la reunión del domingo pasado debatir esta cuestión y se salió con la suya. Habrá que ver si consigue que su opción gane en el Consejo Europeo, un hecho que sería muy grave y preocupante respecto a los derechos y garantías de las personas que serían internadas en los CIE, pero también respecto al rumbo que tomaría la UE y, en concreto, en relación en las vías legales y seguras: no sería en los países de tránsito donde se abriría la oportunidad de solicitar protección internacional, sino en los países de origen.

La externalización de fronteras parece una seria estocada al proyecto de la UE, pues incluiría, por primera vez, la renuncia a acuerdos comunes entre los 28 estados miembros

Los cambios estructurales que esa decisión puede comportar para el proyecto europeo son muy difíciles de calcular. La operación de externalización de fronteras parece una seria estocada a la UE como la hemos conocido hasta ahora, pues incluiría, por primera vez, la renuncia a acuerdos comunes entre los 28 estados miembros. Los líderes europeos ya han reconocido que no volverá a hacerse otro pacto entre el bloque de la UE y Turquía para controlar los flujos migratorios, sino que quedaría abierta la opción de pactos bilaterales entre cada estado miembro y países terceros. En este punto, la vieja idea de la Europa a dos velocidades podría ejecutarse como proponen Francia y Alemania: coaliciones de voluntades entre estados miembros en ámbitos específicos, cosa que podría aplicarse a la política inmigratoria. Eso dejaría a los países con una actitud más refractaria, como Italia, Hungría o Austria, la potestad de endurecer sus fronteras unilateralmente.

Queda para ver qué partido tomará el gobierno de Pedro Sánchez en ese contexto. Sánchez, como el resto de mandatarios europeos, asistirá al Consejo Europeo con idea de encontrar una solución que le funcione en clave española, entendiendo a la vez que es una cuestión que tendrá que abordarse conjuntamente en una Europa donde la derecha está en auge. Además, al ejecutivo de Pedro Sánchez se le añade otro hecho muy relevante: España es el único país europeo con frontera terrestre con el continente africano y en el que la llegada de personas por la frontera marítima se multiplica exponencialmente, especialmente el último año.

Júlia Trias es politóloga especializada en migraciones y directora técnica del Centro Irídia para la Defensa de los Derechos Humanos