¿Es normal que de vez en cuando se regularice la situación de los inmigrantes que han entrado ilegalmente en un país? Normal, vete a saber si lo es, pero que es habitual en el caso de España, seguro, porque cada equis años, haya gobernado el PP o lo haga el PSOE, se han llevado a cabo regularizaciones extraordinarias. La última, la anunciada hace cuatro días para medio millón de inmigrantes irregulares fruto del acuerdo del PSOE con Podemos en un intento por recuperar el apoyo del partido lila a Pedro Sánchez durante lo que resta de legislatura. Es una medida, pues, fruto de la necesidad política, no de la convicción, y eso es lo que la convierte en cuestionable.

Y es que, si realmente fuera un paso bien pensado, tendría que servir para hacer borrón y cuenta nueva, para poner a cero el contador de la inmigración ilegal y para establecer, a partir de ahí, unas normas claras de conducta que impidieran que el fenómeno volviera a repetirse. Dicho de otro modo, la única inmigración permitida debería ser la legal y la ilegal debería estar expresamente prohibida, y quien, a pesar de lo que estableciera la ley, se saltara la restricción debería atenerse a las consecuencias. Y esto debería afectar a todos los actores, sin excepción, que intervienen en el proceso migratorio. Por un lado, el inmigrante que entrara en el país sin papeles debería ser deportado. Por el otro, todo aquel, fuera empresario o no, que contratara a inmigrantes ilegales porque así se ahorraría un buen puñado de euros en salarios a final de mes tendría que ser multado y denunciado por explotación laboral y de seres humanos. Y todavía por otro, las mafias que se enriquecen a costa de las necesidades y debilidades de los inmigrantes deberían ser perseguidas, castigadas y disueltas, sobre todo si además algunas actúan bajo la apariencia de bondadosas y gráciles oenegés (Grecia, precisamente, ha aprobado no hace mucho una ley que castiga con multas y penas de prisión a las oenegés que faciliten la entrada de migrantes en situación irregular).

Regularizar de verdad la inmigración querría decir, pues, que el país —en este caso España, pero también Catalunya— tuviera solo la inmigración que realmente puede absorber, no la que pone en riesgo su existencia. Pero no parece que cortar de una vez los flujos migratorios irregulares sea la pretensión de esta enésima regularización extraordinaria, porque hasta ahora a la izquierda woke que gobierna tanto en España como en Catalunya y a un cierto empresariado que vive de la economía sumergida ya les va bien que las cosas no funcionen como es debido. Tener solo la inmigración que uno puede permitirse es, de hecho, un elemento primordial para garantizar el crecimiento sostenible de la población, pero eso es justamente lo que no se ha hecho en los últimos tiempos, en los que la entrada masiva de migrantes de manera absolutamente desordenada ha desfigurado por completo la fisonomía de una sociedad, la catalana, que ha pasado de tener 6 millones de habitantes en 1988 a tener más de 8 millones en 2025, con una tasa de crecimiento vegetativo negativa sostenida, de momento, durante los últimos ocho años. El caso es que cada día hay más voces que reclaman no solo controlar, sino también restringir la inmigración. Una de las últimas es la del Cercle d’Economia, que aboga sin rodeos por una política migratoria que frene los flujos masivos y promueva la llegada de menos personas y más cualificadas.

El problema añadido, en el caso de Catalunya, es que, al no ser un Estado, no tiene competencias en inmigración y no puede decidir la política migratoria que le conviene, y encima, la política migratoria del Estado al que pertenece —España— le juega descaradamente en contra porque está diseñada expresamente para hacerle daño. Y ni en el supuesto de que la transferencia de competencias pactada entre el PSOE y JxCat, y que Podemos ha boicoteado hasta ahora, se acabara haciendo efectiva, serviría de nada, porque la última palabra en las cuestiones fundamentales —las deportaciones, por ejemplo— la seguiría teniendo reservada el Gobierno español. Catalunya, pues, no tiene capacidad de regularizar de verdad la inmigración y, en este escenario, no es extraño que la percepción que los catalanes tienen del fenómeno migratorio sea cada vez más desfavorable. 

El 63,7% de la población de Catalunya está a favor de limitar la entrada de inmigrantes en el país

El último sondeo del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), organismo creado en su momento conjuntamente por la Diputació de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) bajo la forma jurídica de consorcio y adscrito formalmente a esta última, correspondiente a 2025, revelaba que el 63,7% de la población de Catalunya está a favor de limitar la entrada de inmigrantes en el país,  cifra que ha crecido casi veinte puntos porcentuales en los dos últimos años frente al 44,4% de 2023. Visto cómo evoluciona la presión migratoria sobre Catalunya de un tiempo a esta parte y el descontrol que la rodea, con una clara voluntad que sirva para diluir —hasta aniquilarla— la identidad catalana, el incremento no sorprende y, de hecho, hay expertos que consideran que en realidad el rechazo a la presencia de inmigrantes aún debe ser mayor.

Atribuir la subida de este sentimiento adverso, cada vez más acentuado entre los más jóvenes, al parecer, a la ola reaccionaria que se manifiesta a nivel mundial es, tal y como hace la encuesta en cuestión, minimizar el problema —porque el choque migratorio hace tiempo que se ha convertido en un problema, y de los grandes, en la sociedad occidental, por mucho que haya determinados sectores políticos interesados en esconderlo— y no ir a la raíz del asunto. Y cuando en muchos países de Europa se empiezan a tomar medidas para limitar justamente el crecimiento de la inmigración incontrolada, la sensación de permisividad que se vive en España y en Catalunya contrasta aún más con la necesidad de poner orden. Porque el reto es regular de verdad la inmigración, no ir haciendo regularizaciones extraordinarias que a la hora de la verdad no arreglan nada.

La solución fácil es culpar de todo a la extrema derecha, pero también es la solución errónea. Sobre todo porque quienes lo hacen son quienes con su discurso dogmático, arrogante, intransigente y sectario contribuyen a agrandar este espacio en algunos casos quizás más populista que de extrema derecha. Y entonces son ellos los primeros que ponen el grito en el cielo porque eso pasa. O no se dan cuenta de lo que sucede o no quieren darse cuenta; que nunca se sabe qué es peor. Al escritor Michel Houellebecq, nacido en la colonia francesa de la isla de la Reunión, le preguntan qué ha impulsado, en su opinión, el auge de la extrema derecha en Francia en los últimos veinte años y la respuesta no puede ser más esclarecedora: "La inmigración y, además, el desprecio total de las élites al pueblo".