La pinza de Esquerra y el PSC para ganar unos días a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que debe retirar previsiblemente la semana que viene el escaño a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, supone más un deseo de ganar unos cuantos titulares en estos días de rebajas de noticias que un movimiento político de calado.

Es de sobras sabido que Junts no mantendrá a Borràs en la presidencia una vez la JEC le notifique que ha perdido el escaño. Propondrá una nueva candidata a presidir la cámara catalana que será la alcaldesa de Vic, Anna Erra, y el siguiente en la lista electoral, Antoni Castellà, asumirá el escaño vacante sin problema alguno.

Sobre estos tres movimientos no hay debate posible en el seno de Junts o, en cualquier caso, es muy pequeño. Otra cosa es que después de la sentencia del TSJC hecha pública el pasado jueves y que ha condenado a Borràs a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, la formación de Jordi Turull haya optado por mantener el relato de que la sentencia tenía más que ver con un caso de lawfare —guerra jurídica con fines políticos— que de corrupción y que sea la Junta Electoral quien apriete el botón rojo apartando a Borràs.

Esquerra y PSC, en cambio, intentan sacar tajada de la condena a la presidenta del partido y quieren que sea Junts quien la aparte del cargo. La posición de los republicanos, marcada por su presidente Oriol Junqueras a primera hora, sería la que haría suya a mediodía el Govern. Mientras, el PSC ha presentado una proposición en el Parlament para destituir cargos de la Mesa del Parlament, también la presidencia, y de presidencias de comisión por mayoría absoluta de la cámara.

Esta iniciativa socialista, que difícilmente llegará a sustanciarse en un pleno de la cámara antes de que la JEC haya apartado a Borràs, tiene, más allá del caso de la presidenta, toda la lógica política, ya que pretende depositar en la mayoría del Parlament un instrumento que permita revocar enroques personales. Viene a ser una herramienta para promover de mociones de censura a miembros de la Mesa, la presidencia del Parlament y las presidencias de comisión.

Puestos a forzar incluso esta proposición, se podría llegar a estudiar un planteamiento que tiene toda la lógica democrática y que sería toda una novedad. Se trataría de que las reprobaciones a altos cargos de la administración catalana que nombra el Parlament, como el síndic de Greuges o el de Comptes, también conllevaran su cese y no como sucede ahora, que la reprobación es un acto político sin efecto real alguno.