Juan Carlos I salió de Sanxenxo como llegó, riéndose de todos. Para que fuera explícito y cristalino, bajó la ventanilla del coche para responder a los periodistas al término de la regata. Su amigo Pedro Campos, portavoz in pectore de esa Casa Real bis que es el emérito, frenó el vehículo y retrocedió. “Explicaciones, ¿de qué?”, espetó. Reanudó la marcha y se escuchó de fondo lo que ya es el colofón de la infamia real —y tal vez de su reinado—: “Ja, ja, ja”, tres risotadas lentas y sonoras. Llevaba riéndose metafóricamente de Felipe VI, de los españoles y de las instituciones desde hace una semana, cuando anunció su vuelta. Y quiso rematar con la carcajada en alto después de haber alzado dos dedos en señal victoria a la pregunta de su reunión con Felipe VI. Ningún argumento de la derecha sirve para enmendar la actitud del emérito. No le echaron de España, se fue porque quiso. Y no apareció en dos años para evitar el chaparrón judicial o la posibilidad de ser llamado a declarar aprovechando su estancia. Siempre fue un hombre libre de cargas judiciales, con libertad de acción y movimiento. Con un plus que jugó a su favor. Ningún ciudadano con tres causas judiciales abiertas en Anticorrupción, con regularizaciones fiscales por más de 5 millones de euros, ha conseguido evitar al menos una declaración ante el fiscal o el fisco. En su caso, ni el ministerio público ni Hacienda parecen haber necesitado su declaración para dar carpetazo a los delitos presuntos y confesos cometidos después de 2014.

En esa exigencia de explicaciones, hay algo más grave que los 13 delitos investigados del pasado: la decisión del emérito de trasladar su residencia fiscal a Emiratos. Juan Carlos I ha pasado del falso exilio al exilio fiscal. En su día se arremetió públicamente contra los youtubers cuando se fueron a Andorra, llenamos horas de indignadas tertulias, se les hizo una cancelación en toda regla por la falta de ejemplaridad. Como hijos del Estado de bienestar se beneficiaron del sistema público y se cuestionó su huida tributaria al hacerse ricos. Echando la vista atrás, se dedicó más tiempo a cargar contra el Rubius que contra Juan Carlos I. Y se permite al ex jefe del Estado, el monarca que vivió 40 años del presupuesto público, jubilarse con residencia fiscal en una dictadura. Al menos, el Rubius, se fue a una democracia de aquí al lado. El comunicado de la Casa Real deja la puerta abierta a frenar este escándalo “Si en el futuro volviera a residir en España”, poniendo en evidencia que quiere evitar esta anomalía por voluntad y supervivencia de Felipe VI, no por la de Juan Carlos I El Rubius. 

Juan Carlos I ha pasado del falso exilio al exilio fiscal. En su día se arremetió públicamente contra los youtubers cuando se fueron a Andorra, llenamos horas de indignadas tertulias, se les hizo una cancelación en toda regla por la falta de ejemplaridad. Como hijos del Estado de bienestar se beneficiaron del sistema público y se cuestionó su huida tributaria al hacerse ricos. Y se permite al exjefe del Estado, el monarca que vivió 40 años del presupuesto público, jubilarse con residencia fiscal en una dictadura.

Para erigirse en garantes de la Transición del 78, protectores del modelo ejemplar esculpido en la piedra sagrada de la Constitución, sus defensores ni siquiera cuestionan la traición del emérito al pacto social de la Carta Magna, ese que nos hacía iguales ante la ley, un contrato intocable cuando se trata de modernizar España y papel mojado para el monarca durante décadas.  En un contexto de ascenso de la derecha en el CIS —el bloque de la izquierda se resiente con y sin cocina de Tezanos—, el PP está consolidando aceptar la corrupción sin inmutarse. De Pegasus, a los audios demoledores de Villarejo, a la ejemplaridad de Juan Carlos I. Mientras en la Moncloa se piden cuentas, propias de un Estado de derecho, el PP se niega a cuestionar cualquier actuación ética, política o moral.

El Gobierno ha pedido explicaciones, pero debe ir más allá. Primero, es necesario saber de manera oficial —no oficiosa— en qué se traduce esa petición. Si Interior va a revelar el presupuesto destinado a la escolta del emérito, desde el gasto de sus traslados a cuántos agentes tiene destinados de manera permanente. En consonancia con la libertad de la que el emérito hace gala, no tiene sentido que ocultar cuánto nos cuesta un ex jefe del Estado sin ninguna intención de servir a la institución. Y si son viajes privados, tal vez pueda encargarse quien abona su jet privado.

La democracia española tiene asuntos importantes por actualizar, su Constitución necesita una reforma —lo reconocieron en su día desde Aznar a Zapatero—, de consenso imposible. Aun así, sabemos con claridad que nuestra historia reciente, la de la propia Transición, no se merece este emérito. Este país es mucho mejor que un ex jefe del Estado que sale de España a un resort de lujo y elige tributar en Abu Dabi para evitar cumplir con el código ético de Felipe VI, el de aceptar regalos que la ley prohíbe no declarar.

La derecha recuerda que la infanta Leonor jura la Constitución a finales de 2023. Un paso clave para la continuidad de la Corona. A ver si se enteran los progres, subrayan los editoriales conservadores. A ver si se enteran también que justificar el robo, el desfalco, el fraude o la corrupción es incompatible con la Casa Real. Los cargos no están por encima de las instituciones, ni estas por encima de la ley. Por mucha inmunidad medieval que se imponga y aunque no sean juzgadas.