El martes 6 de octubre el Estado habló tres veces sobre la misma ley y cada vez dijo una cosa distinta. Primero lo hizo el Pleno del Constitucional, que estimó el recurso de amparo de Dolors Bassa, anuló los autos del Supremo de 1 de julio y 30 de septiembre de 2024 y ordenó a la Sala de lo Penal declarar amnistiada la malversación. El propósito de enriquecimiento personal que la ley excluye, dice el Tribunal, es "un concepto autónomo, no identificable con la noción de enriquecimiento que es inherente a todo delito de malversación", y lo que hizo el Supremo fue "una interpretación extensiva de la excepción, ajena a su genuino sentido y finalidad". Minutos después, el juez Llarena dejaba sin efecto las órdenes de detención contra el president Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig con un auto en el que se cuida mucho de advertir que no declara aplicable la amnistía; es como quien abre la puerta pero deja dicho que no ha invitado a nadie. Tras el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez compareció en la Moncloa para explicar que aquello no lo hicieron "por ningún líder, sino por la convivencia", en concreto pensando en "la convivencia entre catalanes". Feijóo, desde su cuenta de X, lo resumió a su manera: "otro engaño más de Sánchez".
La sentencia del Constitucional ya se conoce y el juez Llarena nos ha dado traslado para que digamos si su doctrina alcanza al president, a Comín y a Puig. Después tendrá que decidir si concluye el sumario y lo eleva a la Sala de lo Penal, que será la que aplique la amnistía a los tres exiliados. Lo cumpliremos dentro del plazo concedido, aunque tiene su gracia que la primera decisión del Supremo favorable al president en nueve años llegara minutos después del fallo tantas veces prometido y dilatado, sin justificación alguna por el Constitucional. En todo caso, lo que me interesa hoy es lo que dijeron los otros dos, porque cada uno acierta en una palabra y ninguno cuenta la historia entera.
Feijóo acierta en la palabra engaño y se equivoca de víctima. A los independentistas no los engañó nadie, porque nunca lo creyeron, y a los votantes del PP tampoco, porque nunca lo votaron. En plena campaña de julio de 2023 Sánchez explicó en La Sexta que lo que pedía el independentismo era la amnistía, "algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar", y añadió que "no entra dentro de la Constitución española". Lo había dicho ya en noviembre de 2022 y también en 2019, en plena campaña electoral, y su Ministerio de Justicia lo había dejado por escrito en 2021. Millones de personas lo votaron el 23 de julio con esa promesa en el bolsillo y cuatro meses después lo vieron investido gracias a un acuerdo firmado en Bruselas que comprometía una ley de amnistía. Los engañados fueron los suyos. Y ahora, a siete semanas del 29N, les pide otra vez el voto presentándoles, como obra propia, lo que hace tres años les juraba que era inconstitucional y que no sucedería.
Los palomos vuelan hacia donde les mandan. Pero me gusta dejar constancia de quién decía qué cuando decirlo costaba algo y, sobre todo, constancia de quiénes se han movido de su posición y quiénes nunca lo hemos hecho
Recuerdo bien aquel septiembre de 2023, porque los palomos mensajeros de Sánchez me explicaban con mucho convencimiento y paciencia que una amnistía era imposible. Son los mismos que hoy, con idéntica paciencia, le justifican lo injustificable, empezando por convertir en victoria de la convivencia una ley que, a ellos, desde la ignorancia y apegados al guión monclovita, les parecía impensable. No les guardo rencor; los palomos vuelan hacia donde les mandan. Pero me gusta dejar constancia de quién decía qué cuando decirlo costaba algo y, sobre todo, constancia de quiénes se han movido de su posición y quiénes nunca lo hemos hecho.
La Moncloa omite un detalle cada vez que se atribuye la ley, y no es pequeño. La norma que el Constitucional acaba de aplicar contra el Supremo, y que la Gran Sala del TJUE declaró el 16 de julio conforme al derecho de la Unión, no es la que el PSOE llevó al pleno del Congreso. El 30 de enero de 2024 Junts votó en contra de aquel texto, que cayó por 171 votos a favor y 179 en contra y volvió a la Comisión de Justicia. La razón era sencilla para quien conociera a esos jueces: dejaba el terrorismo y la traición en manos del Código penal español en el momento en que García-Castellón, de la mano de una Fiscalía que ya sabemos de quién depende, trabajaba para convertir el Tsunami Democràtic en una organización terrorista. En Madrid, esta votación se presentó como un capricho de Waterloo. Cinco semanas después, el texto volvió con el terrorismo definido por la Directiva (UE) 2017/541 y limitado a los actos que hubieran causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, que es lo que hoy dice el artículo 2 c) de la Ley Orgánica 1/2024. Al PSOE, a ERC y a Sumar les valía cualquier ley que les asegurara la investidura. A quienes íbamos a tener que defenderla ante el Supremo no nos valía cualquiera y, por eso, la redacción que ha resistido al Supremo, al Constitucional y a Luxemburgo es la de Junts, el mismo partido que ahora le hizo, en la práctica, una auténtica moción de censura a Sánchez y que es el único que siempre ha sabido mantener la posición, al precio que sea.
Esa diferencia entre una ley cualquiera y la ley que funciona tiene que ver con algo que en España se confunde a propósito: la diferencia entre perdonar y amnistiar. Sánchez ya ejerció una vez la gracia con los presos políticos y vale la pena releer lo que firmó. El Real Decreto 456/2021, de 22 de junio, indultó a Dolors Bassa "la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito grave en el plazo de tres años". La inhabilitación se quedó donde estaba, y con ella la condena y la condición de quien sale de la cárcel a prueba, sintiendo como si debiese un favor. Eso es un indulto, una gracia del Gobierno a quien considera culpable, sobre una pena que sigue existiendo. La Ley de 18 de junio de 1870, que es la que todavía regula el indulto en España, excluye además de forma expresa a los procesados que no han sido condenados por sentencia firme y a los que no están a disposición del tribunal sentenciador, de modo que por ese camino el president, Comín y Puig no habrían salido nunca de Waterloo. Y el artículo 62 i) de la Constitución prohíbe los indultos generales. Por otro lado, la amnistía la aprueban las Cortes por ley orgánica y no perdona a nadie, porque lo que dice es que aquellos hechos no debieron llegar a un juzgado, y la propia ley advierte en su preámbulo que es "erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa". Lo que el Constitucional ha ordenado el 6 de octubre para la malversación de Bassa es lo que el indulto de 2021 nunca quiso hacer.
La palabra "convivencia" no es inocente en boca de Sánchez. Es el vocabulario del indulto, el de un poder magnánimo que pacifica a unos súbditos revueltos, y describe un problema que no debió de existir para no tener que hablar del que existe
Por eso, la palabra "convivencia" no es inocente en boca de Sánchez. Es el vocabulario del indulto, el de un poder magnánimo que pacifica a unos súbditos revueltos, y describe un problema que no debió de existir —la judicialización de la política— para no tener que hablar del que existe. Los catalanes no necesitaban que la Moncloa les enseñara a convivir. El conflicto era, y sigue siendo, entre una mayoría del Parlament que votó lo que votó y un Estado que respondió con el Código penal, Pegasus, persecuciones selectivas, una Fiscalía en manos del hoy condenado García Ortiz y nueve años de euroórdenes, y eso no se arregla con un eslogan de campaña sobre la concordia.
Cuando la Sala de lo Penal aplique la amnistía a los tres exiliados y la inhabilitación deje de pesar sobre quienes la arrastran, la fase judicial habrá terminado y estaremos donde estábamos en octubre de 2017, con un conflicto político por resolver. Lo escribí hace unas semanas y no voy a repetirlo. Añado solo que para eso hace falta voluntad y capacidad políticas, y que no encuentro ninguna de las dos en un Gobierno que legisla por decreto al ritmo de la imagen de la semana y que convierte cada derrota judicial del Estado en un mérito propio. Eso tiene un nombre, populismo progresista, y consiste en gestionar la emoción del día y dejar el problema para la legislatura siguiente. Un conflicto como este no se cierra así, y quien se siente a resolverlo tendrá que saber con quién se negoció la ley que funcionó.
Los palomos ya estarán ensayando el siguiente mensaje. Les sugiero que empiecen por aprender la lección que se les dio el 30 de enero de 2024.