“¿Trabajar? ¿Y contribuir al deterioro de una sociedad ya de por sí en decadencia?”
John Kennedy Toole

Como un estribillo maldito me viene estos días a la cabeza Ignatius, sí, ese, Ignatius Reilly, y con él todo el malestar que aquella novela me hizo digerir. Y es que la inacción, los subterfugios intelectuales para no asumir el propio papel en la vida, la irresponsabilidad más grotesca disfrazada de superioridad intelectual, me daban arcadas, jocosas pero arcadas a fin de cuentas. Es por esto por lo que Ignatius me persigue estos días y no porque la casa que habita se llame La conjura de los necios. Aunque, bien pensado, esta percha más fácil no está tampoco nada mal.

No les voy a hablar de la OPA del BBVA al Sabadell. Nos diga lo que nos diga el cuerpo, con minúscula, aparquemos el resultado y los argumentos. Lo que me perturba fuertemente en el deterioro democrático y la inseguridad que se deriva de la nueva invención del presidente del Gobierno es que, en democracia, tan grave es inventarte procedimientos que no están reglados como faltar a los existentes. Sánchez convertido en la boca de la ley, porque él lo vale, ha encontrado la fórmula para sacudirse un asunto espinoso que puede darle problemas, pero que es de su exclusiva responsabilidad. Responsabilidad, ese concepto que tiene actualmente nombre de unicornio.

Obviamente, entre su socio PNV y su socio Junts y su socio Sumar y el dictamen de la CNMC, es potestad del Consejo de Ministros tomar una decisión. Ah, claro, tomarla te puede poner en contra a uno u a otro. Mala cosa porque los necesitas a todos. Pasa, pues, al plan chistera y conejo y se inventa un trámite que, aparentemente, no tiene discusión: ¡que hable el pueblo!. La tiene y toda. Para ello despoja de sentido o embosca o disfraza una obligación de tramitación legislativa y la convierte en una consulta no vinculante, con participación abierta a todo el mundo, secreta y que pretende, dicen, dotar de argumentos a Cuerpo, con mayúscula, ¡como si no hubiera ya un huevo de gente generando argumentos a sueldo! El trámite articulado por la ley es el que se produce de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y es previo a la presentación de un anteproyecto de ley. Chimpún. No estamos en un proceso legislativo, estamos ante una decisión empresarial privada que el gobierno puede vetar. Lo mismo que sucede con las extradiciones una vez pasadas por la Audiencia Nacional. ¿Las van a someter también a escandallo popular?

 

Sánchez ha encontrado la fórmula para sacudirse un asunto espinoso que puede darle problemas

El proceso es una fantochada sin ninguna garantía. Al ser secreto y no vinculante resulta un brindis al sol, como no podía ser de otra manera, dado que es ficticio, lo que no impide que resulte extremadamente peligroso en término de seguridad jurídica, estabilidad empresarial y respeto del juego de las empresas privadas. Si a eso le unen las especulaciones teóricas de la vicepresidencia Díaz cuando habla de "democracia económica", verán que el camino avanza tortuosamente hacia algo que no nos han contado. ¡Bueno, sí! Que después de intentar convencernos de que Redeia es una empresa privada, nos dicen que Pedro Sánchez se plantó allí con eficiencia a darles órdenes y repartir exigencias. ¿Ustedes creen que eso lo hubiera podido hacer en una empresa privada? ¿Están avisando de que creen que podrían hacerlo?

La evolución del "gobernaremos sin el Congreso si es preciso" al "consultaremos sin ningún control al pueblo para blindarnos al decidir" es tremenda para cualquier observador con sensibilidad democrática. No han consultado ni al Congreso ni al pueblo para incumplir la normativa internacional respecto al Sahara Occidental, no han consultado ni al Congreso ni al pueblo para incrementar el gasto militar al 2%, no han consultado ni al Congreso ni al pueblo para incumplir la Constitución no presentando las cuentas públicas, mas héteme aquí que van a reforzar sus argumentos para intervenir en una operación entre dos empresas privadas acudiendo al pueblo en una página web. Un señor, por muy señorísimo que sea, no puede alterar los procedimientos de funcionamiento democrático ni usarlos para otros fines por sí mismo, ni vendiéndolo como una ampliación democrática, algo, por cierto, muy del gusto de los transformadores iliberales.

No son responsables del deterioro de las infraestructuras ni de eventos que jamás se han producido en este país desde que tenemos uso de razón, no son responsables de gestionar si no se lo piden, y ahora, una novedad, no quieren ser responsables ni de las decisiones que van a tomar en un Consejo de Ministros.

Huele a estancado en sus dos acepciones, también en la que habla de convertir una mercancía en monopolio de una persona o entidad. Lo malo es que esta mercancía es nuestra calidad de vida y nuestra democracia. Y, por cierto, sin ningún criterio más allá de considerar que para los ciudadanos es mejor tener más opciones que menos, no me gusta la absorción del Sabadell.