El nuevo modelo de financiación será el mejor sistema de financiación de la historia autonómica. Esto es algo innegable y será el nuevo mantra que escucharemos cada día durante los próximos meses. Cualquier mejora, aunque sea de un solo euro, convierte el sistema en el mejor de la serie. Cualquier progreso, aunque sea de un pequeño porcentaje en la gestión impositiva, es una mejora histórica. Pero esta realidad no debería hacernos aceptar gato por liebre ni tampoco deberíamos confiar en que, en caso de que se aprobara, se aplicara realmente. Hay que ser prudentes, ya que el PSOE es el rey de la magia y el PP tumbará todo lo que pueda, si llega a gobernar. Además, no hay que perder de vista que nuestra interlocutora en este ámbito es la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía y, que yo sepa, María Jesús Montero no tiene vocación de kamikaze ni piensa hacerse el harakiri ante sus potenciales votantes. Hay que leer la letra pequeña, los plazos presentados y distinguir la realidad de la propaganda triunfalista. 

Para empezar, porque estamos ante un esbozo de propuesta que no es, ni de lejos, lo que se nos anunció. No deja de ser algo paradójico; es compatible que sea un sistema de financiación mejor para Catalunya con el hecho de que no sea lo que se nos prometió. No será un modelo singular y diferenciado para nuestro país y, por lo tanto, permaneceremos en el régimen común. No será un concierto económico solidario, como se especificó. No haremos este año la declaración de la renta, correspondiente a 2025, en la Agència Tributària de Catalunya (ATC), como se nos dijo. Ahora ya dicen que no será antes del 2028 (justo en el año electoral, qué cosas). Y ya veremos cómo queda el principio de ordinalidad y qué fórmulas estéticas utilizarán para intentar que Catalunya no caiga abajo entre la posición que ocupa cuando recauda y la que ocupa cuando recibe. Básicamente, estamos ante un incremento de nuestra parte de la cesta de impuestos, pero no tendremos la llave de la caja. Es infantil pensar que el Estado renunciará a controlar al auténtico ejército español del siglo XXI, que no es otro que la Agencia Tributaria. En consecuencia estamos, como siempre, ante un ejercicio de “peix a cove”. Y el “peix al cove” tiene sus virtudes, hay que admitirlo. Nos ha llevado hasta aquí, que no es poco. 

Es infantil pensar que el Estado renunciará a controlar al auténtico ejército español del siglo XXI, que no es otro que la Agencia Tributaria

Por cierto, una posible derivada colateral del nuevo sistema de financiación, en caso de que se apruebe, es que los catalanes y las catalanas pagaremos más impuestos. Me explico. Si el porcentaje del IRPF que corresponde a la Generalitat sube, con el nuevo sistema, del 50% actual al 55%, ese 5% adicional estará sometido a las normativas impositivas de la Generalitat de Catalunya, que son las más altas del Estado. Por lo tanto, aunque la cantidad a pagar pueda ser escasa, es probable que el nuevo sistema suponga un incremento impositivo cada vez que hagamos la declaración de la renta. Nos podríamos encontrar con la contradicción de tener un sistema que nos aporta más dinero y al mismo tiempo nos estrangula aún más. El argumento según el cual debemos pagar impuestos elevados porque estamos mal financiados estallaría en mil pedazos. De hecho, un buen argumento práctico para apoyar el nuevo modelo sería que, ya que supondrá una inyección de 4.700 millones de euros, la Generalitat de Catalunya realizara una rebaja fiscal por valor de 2.350 millones, por lo que todo el mundo gana a partes iguales: el Govern tiene más dinero y los ciudadanos también. Espóiler: no nos rebajarán ni un solo euro. 

En cualquier caso, lo más relevante de todo ello, desde mi punto de vista, es que este sistema, o el que acabe aprobándose, tendrá vocación de permanencia. Si tenemos en cuenta que el modelo vigente actualmente se aprobó en 2009 y está caducado desde 2014, ¿alguien cree que podremos reabrir el melón de la financiación de Catalunya en los próximos años, si se aprueba uno? Claro que no. Por lo tanto, más allá de si nos caen muchos o pocos millones, lo relevante es el modelo de fondo, en el que Catalunya debería ser determinante y cuya duración debería ser permanente, como lo son los conciertos económicos reales de Euskadi y Navarra. El modelo que se acabe aprobando, ya sea este o uno similar, será nuestro sistema de financiación durante una o dos décadas, como mínimo. Y como será el modelo que nosotros habremos querido tener, será muy difícil, por no decir imposible, convertir el agravio financiero, que naturalmente seguirá existiendo, en un arma de reivindicación política. “España nos roba y nos ahoga financieramente”, diremos, y será cierto. "Pero si es el sistema que vosotros habéis votado", nos responderán desde allí, y también será cierto. Por eso es muy difícil, desde un punto de vista nacionalista o independentista, aceptar un modelo que no sea de máximos, y lo que más se le parece, bajo el régimen borbónico, es el concierto económico. Que es, más o menos, lo que se nos prometió y no tendremos.