Un país normalizado no tarda dos años en aplicar una ley, ni encuentra jueces regateándola y malinterpretándola por motivos políticos, o manifestándose en contra de ella incluso antes de su aprobación. Catalunya y España no han normalizado sus relaciones, ni se ha normalizado la sociedad ni la política: lo que se ha hecho, lo que se ha logrado, es normalizar el circular por el Estado sin miedo a que te detengan por los hechos asociados al 1-O. No se ha normalizado absolutamente nada más. Hacer política independentista seguirá siendo objeto de persecuciones y abusos por parte de España (como lo ha sido siempre) y tanto los gobiernos como los tribunales están preparados para intentar imponer su concepción autoritaria de la democracia ante cualquier nuevo intento de emancipación nacional catalana. Otra cosa es que se hayan quedado con menos herramientas, tanto jurídicas como políticas, para hacerlo. Y otra cosa es que, en cuanto a los protagonistas del 1-O, haya quedado claro que el Estado actuó de forma antidemocrática e ilegal. Dicho de otro modo: otra cosa es que haya quedado demostrado que hacer un referéndum unilateral es perfectamente legal, o, como mínimo, no penalizable.
Fue Jordi Turull quien la semana pasada confesó que, durante su estancia en la cárcel, una autoridad le entregó un papel para firmar en el que se le sugería (a él y a otros presos políticos) que si renunciaban a la unilateralidad todo iría mucho mejor para ellos. No existe ningún país normalizado donde esto ocurra. No existe país sin un conflicto grave pendiente donde esto ocurra. Pero lo más importante es el hecho al que se les sugería renunciar. Nadie les sugería que dejaran de ser independentistas, o catalanistas, o de intentar cambiar el statu quo o de encontrar una salida democrática (pactada) al conflicto, no. Se les pedía una renuncia explícita a la unilateralidad, lo que puede significar dos cosas: o bien que consideraban que la unilateralidad era un exceso, una forma demasiado intolerable de forzar las leyes vigentes… o bien que la unilateralidad había acertado la vía. La rendija. Lo que realmente hace viable, y no inviable, la pretensión.
Hacer un referéndum unilateral es perfectamente legal, o, como mínimo, no penalizable
No existe ninguna resolución en los tribunales europeos que haya tachado el referéndum de "ilegal". De hecho, la única instancia europea que hizo alguna referencia a la legalidad o ilegalidad de la vía unilateral fue la Asamblea del Consejo de Europa, que dejó escrito que era necesario reformar o reinterpretar los delitos de sedición y de rebelión (aquellos cuya aplicabilidad Marchena ya había considerado, introduciendo la creativa tesis de la "violencia atmosférica") en un sentido coherente con la despenalización de la convocatoria de referéndums no autorizados, aprobada una década antes. Es decir, Europa decía que si la convocatoria unilateral no era penalizada, entonces no podía ser perseguida penalmente con delitos de prisión. Después vino la malversación y las interpretaciones retorcidas que hizo el Tribunal Supremo, superadas por la ley de amnistía, pero el caso es que la unilateralidad ha quedado libre de pena y que en ningún caso Europa la considera punible de la forma como la castigó España. Esto en cuanto a la legalidad, que no es poco; pero aún es más importante ver que, políticamente y de cara al futuro, este es el verdadero talón de Aquiles. Lo que funcionó. Lo que casi nos da la victoria definitiva.
Existen muchas vías y, si enfrente está un país civilizado, siempre es preferible la vía pactada. Incluso, si España fuera más lista, no necesitaría pactar un referéndum de autodeterminación si realmente hiciera una propuesta plurinacional o, como mínimo, respetuosa con el Estatut votado por los catalanes. Sin duda, esto sí pacificaría el tema. Pero durante nueve años no ha habido ni una sola propuesta, ni una sola vía alternativa planteada que permita pensar en una posible apuesta por el diálogo. Solo se ha dialogado sobre cómo romper las herramientas de los jueces para castigar abusivamente a los independentistas, nada más. Catalunya no solo sigue infrafinanciada, condicionada competencialmente, cercenada en su autogobierno y condenada a los designios de la capital del Estado, sino que además ahora es un país castigado, reprimido y apaleado por haber osado dar pasos a través de la única rendija. Después de la victoria de la amnistía, y después de lo que ha sucedido (y, sobre todo, de lo que no ha sucedido) estos nueve años, esta rendija se ha ensanchado. No es una autopista libre de peajes, pero un peaje se paga y ya está. Si realmente ahora es la hora de volver a la política, este factor nunca se debe olvidar.