Informativamente hablando, la última semana ha venido especialmente cargada: decretos de vivienda, minihuracanes mediterráneos, conmemoración del 1 de octubre, juicio de Roger Español y todo esto mientras todavía coleaba la crisis de Ceuta. La dependencia de Madrid y las Españas es un mínimo común múltiple en la mayoría de los grandes males catalanes que intentamos resolver con migajas disfrazadas de pan entero. Dejar fuera de la ecuación la cuestión nacional y centrarse solo en una supuesta batalla de clases sociales es una mirada o solución sesgada, epidérmica e interesada.
Esta España que ahora clama al cielo por el sentido de la votación de Junts, que aprovecha para tacharnos a los catalanes de ser todos de derechas y burgueses y que obvia que hay 171 diputados más que votaron lo mismo por otras razones, es la misma España que tiene unos tribunales que hace una década suspendieron leyes catalanas más ambiciosas que estos dos decretos redactados a toda prisa, tanto en materia de emergencia habitacional, como de pobreza energética. El PSOE lleva ocho años seguidos mandando (y unos cuantos más en el total de la democracia) y en lugar de abordar la cuestión a fondo a lo largo de estos casi cien meses y buscar soluciones estructurales (a pesar de haber anunciado que lo haría), ahora apuesta por el tacticismo y la demagogia y Sánchez vuelve a estar de retiro espiritual pensando si debe convocar o no elecciones generales. Ya de paso, que se acuerde también de derogar la ley mordaza o de hacer efectiva la oficialidad del catalán en Europa, entre otros incumplimientos acumulados.
Asimismo, que el viernes solo pocos minutos antes de las 9 h, sin margen de maniobra, se suspendieran las clases en la Ribera d'Ebre y otras comarcas por la lluvia y el minihuracán es una falta de respeto a alumnos, maestros y padres y madres. Tomar este tipo de decisiones desde un despacho seco a 200 kilómetros de distancia es un error. Las quejas por el envío de algunas alertas también denotan un problema de centralismo. Las veguerías deberían poder decir algo. Estamos cometiendo errores similares a los de la época de la covid y las fases de confinamiento, y esto no quita la desgracia meteorológica que nos ha golpeado y la pena por las víctimas y los daños. Si Barcelona es centralista con su propio país, ¿qué no será España con Catalunya? Todo país tiene luces y sombras, nosotros no estamos exentos de ello, pero ser un país normal implica también que el espectro de partidos y votantes es amplio y diverso y que podemos tomar apuntes para cuando sea la hora.
Ni ampliación de competencias, ni conciertos económicos: nos hace falta un Estado propio para gestionar la vivienda, la inmigración o el cambio climático. España ni hace ni deja hacer y, encima, culpa a los catalanes
En la encuesta de ayer de La Vanguardia, más allá de los supuestos escaños que tendría cada uno, salen otros datos reveladores, como cuál piensa que es la gente el principal problema de Catalunya. Con diferencia, los dos primeros de la lista son la vivienda y la inmigración y se tiene que poder decir que son vasos comunicantes. De hecho, podrían incluso ser elementos a considerar dentro de la misma respuesta. ¿Que hay que combatir la especulación rentista y los fondos buitre? Sí. ¿Que los alquileres se tendrían que regular? Sí. ¿Que la ola migratoria (y turística, recordémoslo) contribuye a la crisis inmobiliaria? También. Pero ahora resulta que no se puede decir sin que te acusen de racista, cuando varios expertos en la materia ya hace tiempo que apuntan hacia esta dirección.
Entre las voces sensatas, sin aspavientos y con gran trayectoria, está Carme Trilla. Es economista especialista en el sector de la vivienda y en políticas públicas al respecto y ha trabajado para diferentes administraciones públicas y entidades sociales. Ella explica claramente (buscad vídeos en redes) cómo en los últimos años el incremento de la petición de pisos está directamente ligado al crecimiento migratorio de la población, no al crecimiento vegetativo, hecho que implica una demanda inmediata. La presión que esto supone es enorme y a la vez se tiene que poder proteger al inquilino vulnerable sin dejar desprotegido al pequeño propietario. Nos hace falta una regulación catalana y para poder hacerlo nosotros, con aciertos y errores, solo hay una vía: la independencia. Ni ampliación de competencias, ni conciertos económicos: Estado propio. De hecho, como en tantos otros aspectos: trenes, lengua, payesía, inmigración o cambio climático. Un tema, este último, que también es una de aquellas leyes aprobadas por el Parlament en 2017 y de la cual la justicia española anuló varios artículos, por una supuesta vulneración de la ordenación general de la economía básica estatal. Venga pero venga. Ni hacen ni dejan hacer y encima la culpa es de los catalanes.
Lo que queremos es que leyes y decretos puedan aprobarse en el Parlament de Catalunya, sin que un Tribunal Constitucional los tumbe. Queremos tener todas las herramientas posibles para hacer más fácil la vida de la gente y que si Rufián y Nogueras se tienen que discutir, no tenga que ser en el Congreso sino en el Parlament de mi país. Y en catalán, ya que estamos (¿eh, Gabriel?). Dos partidos catalanes debatiendo en Madrid cuestiones que afectan enormemente a Catalunya no es solo un tema social, es también, y sobre todo, una cuestión nacional y de colonización. Como recuerda Aleix Renyé, la función de cualquier independentista de verdad, sea del partido que sea, es hacer ingobernable el Estado opresor y aprovechar el desbarajuste para conseguir la independencia.
A Roger Espanyol le sacaron un ojo el Primer d'Octubre, una fecha fundacional que tenemos que tener siempre presente. A la espera de la sentencia, solo el rosario judicial que tiene que pasar ya es una vergüenza. Si aquel octubre del 2017 se hubiera tirado adelante con todo (este sería otro melón), quizás ahora el juicio sería entre Estados y los policías agresores no serían tan arrogantes en sus declaraciones. Los catalanes no meamos colonia, ni atamos los perros con longanizas, como tampoco deberíamos pretender que las calles sean siempre nuestras sin ni un papel en el suelo. O nos vamos todos juntos (y después ya elegiremos quién nos gobierna en nuestra casa) o difícilmente podremos salir nunca de España. Y cuando lo hagamos, estaría bien intentar no repetir conductas del opresor, cosa poco fácil cuando hace tanto tiempo que para defenderte tienes que usar sus herramientas pero en inferioridad de condiciones.