No puede decir otra cosa aunque quisiera, aunque lo pensara. Llarena no podría decir otra cosa, al menos en un lugar en el que alguien le pueda oír. No creo que lo crea, pero no está legitimado para creer que en España existen presos políticos, porque los presos políticos en un Estado en el que se dan las condiciones mínimas para la existencia de una actividad política pluralista (elecciones, todo tipo de partidos políticos, militancia activa en ideologías incluso contra la Corona o contra la propia democracia) los presos políticos es una categoría inadmisible. A unos alegrará y a otros entristecerá o incluso indignará ver en prisión preventiva a Junqueras o Bassa, mientras pasean por la calle condenados en sentencia recurrida, pero ambas cosas (la prisión preventiva y la libertad provisional) existen, se han dado y se darán en cualquier Estado de derecho.

Flaco favor hacen a la eventual puesta en libertad de Rull o Turull las declaraciones de su compañero de partido desde Bruselas, a mi juicio aquejado de una incapacidad, no sé si definitiva, para distinguir su drama personal de la situación política. Flaco favor hacen también a la causa de los presos las rúbricas con las que adorna las soflamas de Puigdemont un President Torra que se autoproclama mero lugarteniente. Y tampoco ayudan, aunque no reflexionen sobre ello o estén jugando en otra liga, quienes de vez en cuando, haciendo bolos por el territorio, nos advierten del otoño caliente que se nos avecina, sean abogados muy de parte o tertulianas profesionales. Pueden advertirnos de las siete plagas bíblicas, pero justo por hacerlo, por manifestarse tan críticos, por decir todo lo que se les antoja (incluso que la violencia solo viene de los otros, ahora que ya los dos bandos se están partiendo la cara en sentido literal), no se puede decir que hay presos políticos en el sentido técnico y riguroso de tal expresión, es decir refiriéndose a aquellos a quienes se priva de libertad por sus ideas. Ellos están libres y hablan sin ambajes.

Pero ¿y si resulta que algunas de esas ideas son llevadas a la práctica? Entiendo que sea una excusa muy vendible que en su programa electoral prometían construir la república independiente, y que no han hecho otra cosa que cumplir lo que ofrecían (¡por una vez y solo en eso!), pero esa “coherencia” es lo que está ya llevando a algunos a creer que la única solución es que no puedan prometer nada porque sencillamente (y como, repito, como en Alemania) partidos con ese tipo de programa no puedan existir. En todo caso, la justicia tiene que determinar con más o menos acierto, como en cualquier otra profesión, si las acciones “coherentes” son delictivas. Y es justo ahí donde se ha colado la frase de la polémica, donde por mucho que afirme lo contrario Carlos Boye, no es lo mismo un “si” condicional que un “sí” afirmativo. La diferencia no es irrelevante, como afirma, sino todo lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta que se pretende apoyar en ella el alcance de una eventual prevaricación por parte del juez.

Puigdemont acusa Llarena de prevaricar por parcialidad en sus resoluciones, aunque la prevaricación no es eso, sino el hecho de dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. Querría decir, por tanto, que Llarena sabe que Junqueras o Puigdemont no se rebelaron contra el Estado cuando declararon una república inmediatamente suspendida (y así hasta hoy), pero que por el hecho de que eso le parece mal, los persigue y encarcela. Vaya por delante que no existe juez que actúe del todo al margen de sus propias convicciones (unas convicciones sobre la unidad de España que se me antojan algo más coherentes con el cargo que las que en su momento motivaron la expulsión de Santiago Vidal de la judicatura y después también, al saberse públicamente el alcance de lo que decía que se estaba haciendo, de su escaño como senador). De ahí que se diga, aquí o en USA, que hay magistrados más o menos conservadores, más o menos progresistas; con la diferencia de que en contextos como el anglosajón, además del casuismo del modelo judicial, el valor que en ellos la jurisprudencia tiene como fuente del derecho, otorga a los jueces un poder que en nuestro sistema, sometidos como están al imperio de la ley, no tienen.

En eso consiste la esencia del Estado de derecho, de modo resultaría kafkiano que cada vez que un juez dicta una sentencia que se nos antoja parcial porque no nos da la razón (más aún en un tema tan delicado como éste, donde se dilucida el eventual alcance delictivo de conductas que atacaban directamente la integridad del Estado del que los jueces integran un poder) lancemos contra ese juez una demanda (¿civil? ¿Por qué no querella?), sino que se recurra la sentencia que se nos antoja injusta. Interpónganse cuantos recursos quepan, en este caso ya ante una instancia superior (que por cierto ahora ya se ubica con eficacia y poder crecientes), más allá de la soberanía de los Estados, sea éste español o belga.

No tiene sentido alguno lanzar jueces contra jueces en el contexto de la Unión europea, y en cambio tiene todo el sentido y legitimidad ver sus resoluciones sometidas a criterio de una instancia superior, porque si (condicional) no se hace así, entonces sí (afirmación) tenemos un grave problema.

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