¿Qué destino alcanza un ministerio que, una vez tras otra y sea quien sea su titular, no hace más que enredar y entorpecer un servicio que siempre ha sido la hermana pobre de los presupuestos generales del Estado sin que en eso hayan demostrado más generosidad los de las comunidades autónomas? Parecía que Ruiz-Gallardón tenía el récord en la recolección de enemistades con jueces y fiscales, pero ha llegado alguien capaz de desmentir cualquier seguridad al respecto. El reto se ha ampliado con el virus que nos tiene distraídos desde la primavera pasada, y el nuevo titular del departamento está haciendo méritos para superar al ministro popular caído en desgracia. Campo ha decidido que la mayor parte del mes de agosto sea hábil con la ilusa pretensión de desencallar el trabajo acumulado durante el confinamiento. El resultado será seguramente el contrario y, como en tantas otras ocasiones, demostrará que para mandar no solo hacen falta ganas, sino también criterio y capacidad.

Una primera obviedad: interrumpiéndose los plazos, cosa que se hizo en el mismo momento de la declaración del estado de alarma, Campo debía de haber sabido que el trabajo acumulado sería, en casi todos los órdenes jurisdiccionales, menor. Los funcionarios de la Administración de justicia en la mayor parte de los órdenes y en una gran proporción no teletrabajaron (en ningún caso se habló de hacerles un ERTO a pesar de ello, no fuera que el gobierno se enemistara con uno de sus colectivos amigos, pero imagino que tampoco era fácil tener en casa los medios para hacerlo). Al volver del confinamiento solo había quedado de verdad perjudicada la propia justicia, esa de la que sabemos que cuanto más lenta, menos justicia. Del virus parece que nadie ha tenido la culpa, pero de la gestión de la crisis, sí.

El panorama judicial de otoño se presenta harto complicado, y las medidas del ministro Campo no lo mejoran


Al declarar hábil buena parte del mes de agosto, el Departamento de Justicia ha hecho justamente lo contrario a lo que en su momento hizo el de Sanidad y sus correspondientes en las autonomías: éstos han mandado de vacaciones al personal sanitario para evitar pagarle todas las horas de más que habían hecho durante el tiempo del horror. Aquél ha querido que trabajaran para suplir el tiempo en que no lo hicieron. Ah, pero se toparon con varios problemas: jueces, fiscales e incluso letrados de la administración de justicia sí habían podido seguir haciendo buena parte de su trabajo (no conozco nadie que dicte sentencias en el juzgado) y, por tanto, hicieron mayoritariamente caso omiso de la consigna que, por cierto, no iba dirigida a ellos, sino a sus funcionarios. Estos, a su vez, interpretaron de forma “flexible” la obligación de asistencia al centro de trabajo, de modo que una ratio aproximada de uno por cada diez funcionarios ha atendido buena parte de los juzgados durante este mes de agosto, dando fe de ello los abogados y procuradores que han tenido que pasar por allí. Notificaciones, traslados de expediente, actos de ordenación, Campo ha debido de pensar que así descongestionaría. Pero no.

Dudo que el ministro esté muy al caso del alcance del incidente de nulidad de actuaciones, ese expediente procesal que sirve, cuando toca e incluso cuando no toca, para impugnar un trámite y por tanto, en su caso reenviar todo el procedimiento al principio, o cuanto menos, a una etapa anterior. La confusión producida en los juzgados con personal presente y ausente, con notificaciones que también habrán llegado o no a profesionales dificultados para recibirlas es el mejor caldo de cultivo para que quien se sienta desesperado o sencillamente indefenso intente pedir la nulidad de todo lo actuado. A eso hay que añadir el colapso de la jurisdicción social en razón de los despidos u otros avatares laborales que se puedan producir, o que ya se están produciendo; la avalancha de personas físicas y jurídicas que, en razón de la crisis, inundarán la jurisdicción mercantil con sus concursos de acreedores; las demandas civiles provocadas por la destrucción de las bases sobre las que se hicieron muchos contratos y los expedientes que serán vistos en la jurisdicción contenciosa en relación con la afectación de derechos y libertades incoados por quienes tienen un negocio directamente perjudicado por las medidas gubernamentales.

El panorama judicial de otoño se presenta harto complicado, y las medidas del ministro Campo no lo mejoran. Si además se produce un rebrote de la pandemia, será más que comprensible que en este momento casi todo el mundo en política esté intentando ponerse de perfil para no ser reconocido como responsable de los males que nos aquejen en un futuro inmediato.

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