El auto del Tribunal Constitucional ha alterado la dinámica que preveíamos para las jornadas de investidura de mañana y pasado mañana. Antes del auto, había que prever que la tarde del 30 los grupos constitucionalistas manifestaran que la sesión de investidura del diputado Carles Puigdemont no era legal sin su presencia —tal como afirma el informe de los letrados del Parlament, entre otras opiniones relevantes—, que la Mesa se dividiera sobre la cuestión (con los representantes de JxCat y de ERC apoyando la tramitación y los de Cs y del PSC oponiéndose), que la Mesa decidiera proceder por mayoría, que se organizara una bronca en el hemiciclo, seguramente con prácticas filibusteristas y quizás abandono de escaños, y, finalmente, que se tramitara de urgencia un recurso de amparo ante el Constitucional, que este resolvería con la celeridad a que nos tiene acostumbrados cuando se trata de este asunto. La mañana del 31, la Mesa del Parlament dispondría de una resolución del TC que establecería que la investidura a distancia es contraria a la ley y que amenazaría a los miembros de la Mesa con responsabilidades penales si seguían adelante. La Mesa acordaría por unanimidad suspender la sesión de investidura y el presidente anunciaría que iniciaba una nueva ronda de consultas para determinar otro candidato.

Después del auto, la dinámica será la misma, pero nos evitaremos la división de la Mesa, la bronca, el filibusterismo, el abandono de escaños y el recurso de amparo: si Carles Puigdemont no está en el hemiciclo en el momento de iniciarse la sesión, la Mesa decidirá por unanimidad que no puede procederse ni al debate ni a la votación. El auto es una vergüenza jurídica, pero nos ha evitado todo eso.

Después del auto del TC nos evitaremos la división de la Mesa, la bronca, el filibusterismo, el abandono de escaños y el recurso de amparo

En cualquier caso, estaremos donde habríamos estado: con el presidente del Parlament consultando a los grupos parlamentarios en busca de otro candidato, lo que plantea un dilema a los dos grupos con capacidad de proponer un candidato viable: o no proponer a ninguno o proponer uno, alternativo a Carles Puigdemont.

La primera alternativa —no proponer a ningún candidato alternativo— es la concreción de la lógica de "Puigdemont o Puigdemont" que han estado defendiendo los representantes de JxCat. Esta lógica conduce a nuevas elecciones dentro de cuatro meses. Si el independentismo vuelve a ganarlas y si JxCat vuelve a ser el partido más votado dentro de este conjunto, volveremos a encontrarnos —formalmente— en la misma situación que ahora. La segunda alternativa —proponer a un candidato alternativo, previsiblemente de JxCat— está más en la lógica de lo que ha estado defendiendo ERC, que viene a ser un "Puigdemont si puede ser", y lleva a constituir un gobierno independentista. Las dos alternativas tienen, desde la óptica independentista, ventajas e inconvenientes.

La opción "Puigdemont o Puigdemont" tendría la ventaja de mantener la presión internacional sobre el Estado español y no normalizar una situación anormal. En los medios internacionales se seguiría hablando de Catalunya, del independentismo, de los presos y de Puigdemont durante unos meses más. Nuevas elecciones, además, podrían dar lugar, por primera vez, a una mayoría en votos independentistas si el electorado unionista no consigue repetir la extraordinaria movilización del 21-D. Los inconvenientes tampoco son despreciables: en primer lugar, durante unos meses más la Generalitat estaría gobernada por Madrid vía 155; y en segundo lugar, las elecciones se pueden perder y facilitar la formación de un gobierno no independentista si resulta que quien se desmoviliza más es el electorado independentista dada la falta de horizonte. Después de todo, la promesa del 21-D era el retorno de Puigdemont.

La opción candidato alternativo supone recuperar la Generalitat, que es menos que una república, pero que es algo tangible. Los inconvenientes no son pocos, sin embargo. Para empezar, pondría en riesgo la unidad independentista, dado que la CUP se opondría. Por otra parte, "se estaría normalizando la anormalidad"; es decir, se estaría reanudando la acción de gobierno con diputados en prisión y con un expresident en el exilio. Por último, Puigdemont sería ya definitivamente un expresident.

Ciutadans prefiere la primera opción. Su mensaje es que el independentismo es incompatible con el orden y, por lo tanto, necesita que el jaleo continúe hasta que el electorado se harte definitivamente y le ponga la Generalitat en las manos. Ciutadans necesita que la anormalidad se prolongue.

Rajoy prefiere la segunda opción. Es un conservador y quiere volver a terreno conocido lo antes posible. Además, necesita los votos del PNV para aprobar los presupuestos y tratar de resistir en el gobierno hasta las municipales de 2019, y los votos del PNV no llegarán hasta que se levante el 155. Rajoy necesita que la anormalidad acabe cuanto antes.

Rajoy no quiere alargar la agonía y Ciutadans la alargaría tanto como fuera posible, pero ¿qué le conviene al independentismo? La respuesta depende del diagnóstico. Si creemos que el muro al que se enfrenta el independentismo es el Estado español, lo que le conviene es la primera opción.

La opción "Puigdemont o Puigdemont" tendría la ventaja de mantener la presión internacional sobre el Estado español y no normalizar una situación anormal

No olvidemos que el origen del problema al que se enfrenta el Parlament no es otro que una decisión arbitraria del Estado: encarcelar a unas personas acusándolas de delitos que, en opinión de los expertos imparciales, son imaginarios. Es por este motivo y no por ningún otro que Puigdemont no puede participar en la sesión de investidura. Si el independentismo cree que lo que lo separa del triunfo es el Estado, tiene que hacer lo posible para explotar esta arbitrariedad obligándolo a profundizarla y exhibiéndola internacionalmente hasta conseguir obligarlo a sentarse a una mesa a negociar la liberación de los presos, el levantamiento de las acusaciones y un referéndum. Se trata de una tarea titánica y es evidente que un Puigdemont en el exilio, haciendo declaraciones, presentándose a elecciones y ganándolas constituye una herramienta insuperable. ETA no había puesto tan contra las cuerdas al Estado como lo está haciendo este hombre que arrastra una maleta por los aeropuertos europeos.

Ahora bien, si creemos que el muro al que se enfrenta el independentismo no es la fuerza del Estado, sino la debilidad de los apoyos propios, entonces lo que le conviene es la segunda opción.

La monarquía borbónica no cayó por la acción de los exiliados, sino porque los republicanos, ganando unas elecciones municipales, pusieron de manifiesto que la opinión pública había abandonado al régimen.

El apoyo al independentismo es alto, altísimo, pero no es suficiente. Los resultados del referéndum del 1-O fueron extraordinarios, pero con 2.044.038 votos favorables no se tiene un mandato democrático para proclamar una independencia. De hecho, las elecciones del 21-D pusieron de manifiesto que 2.079.340 votos representan menos del 50% de los votos válidos cuando la movilización es alta.

Lo que tiene que hacer el independentismo si quiere avanzar es ocupar la Generalitat y prepararse para las municipales

El reto del independentismo es convencer a una mayoría clara de catalanes de que tiene un proyecto inclusivo muy superior a lo que representa el statu quo en sus múltiples variantes (conservadores, involucionistas y reformistas). Una vez cuente con este apoyo —y el consiguiente mandato democrático—, el resto, incluido el apoyo internacional, le vendrá dado como coletilla.

En Catalunya hay independentistas, antiindependentistas y personal que puede decantarse por un lado o por el otro. Puigdemont y la confrontación pueden hacer algo para decantar a los terceros en un sentido u otro, pero me parece que no hay duda de que la acción más eficaz para conseguirlo se lleva a cabo desde las instituciones: gobernando. Obsesionarse en la oposición del Estado constituye un error. Lo que tiene que hacer el independentismo si quiere avanzar es ocupar la Generalitat y prepararse para las municipales y particularmente para recuperar el Ayuntamiento de Barcelona. Ya sabemos que la Generalitat es menos que lo que querríamos, pero es una herramienta y, como dice Francesc-Marc Álvaro, el Estado tiene muchas herramientas y el independentismo no demasiadas.

Puede que los intestinos pidan confrontación, pero si se quiere ganar una confrontación desigual no se puede hacer caso de los intestinos, sino de la cabeza. Y la cabeza aconseja no poner en peligro el éxito del 21-D y ocupar posiciones.