El sábado 3 de octubre salieron cuatro columnas de Atocha, Plaza de España, Emilio Castelar y La Princesa para juntarse en Cibeles detrás de una pancarta que decía "Hacia la huelga general". Protestaban por la vivienda, un día después de que el Congreso tumbara los dos decretos del Gobierno, y el Sindicato de Inquilinas había dejado claro contra quién iba la cosa, contra un Congreso "secuestrado por el rentismo". La ministra de Trabajo animó a la gente a salir a la calle porque los derechos, dijo, hay que pelearlos. La Delegación del Gobierno, que es del mismo Gobierno que la ministra, contó medio millón de asistentes y más tarde lo dejó en setenta mil. Ninguna de las cuatro columnas pasó por la Moncloa, ni a nadie se le ocurrió que debiera hacerlo. Que una ministra llame a protestar por un problema que su Gobierno tiene encomendado desde junio de 2018 y que una delegación gubernativa infle la cifra de asistentes ya es raro, y lo es más cuando la marcha termina a las puertas del Parlamento y no a las de quien gobierna. Todo eso lo dirigió el líder de la oposición más eficaz que ha tenido nunca Pedro Sánchez, que es el propio Pedro Sánchez.
Repasar la hoja de servicios ayuda a medir el mérito. Poco más de un mes después de la moción de censura, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que hoy tiene preocupaciones de otra índole, anunció veinte mil viviendas de alquiler asequible en un plazo de cuatro a seis años. Vinieron después anuncios de veintiséis mil, de cien mil, de treinta mil y, en una sola semana de abril de 2023, con las municipales a la vista, de ciento trece mil más. El objetivo acumulado ronda las ciento ochenta y tres mil. A 30 de abril de este año, el Ministerio de Vivienda contaba ciento veinte mil "movilizadas", un participio que en el idioma ministerial quiere decir que se ha transferido dinero a una comunidad autónoma o a un ayuntamiento, no que una familia tenga las llaves, y cuando se le preguntó cuántas estaban terminadas el Ministerio no dio la cifra. Cualquier abogado sabe lo que significa que un cliente no aporte el documento que más le convendría aportar.
Con ese balance, cualquier otro gobierno habría llegado al pleno pidiendo perdón. Sánchez llegó con un tuit, publicado el 1 de octubre, víspera de la votación, en el que emplazaba a PP, Vox y Junts a elegir entre "la mayoría social" y "los especuladores" y les advertía de que su voto les retrataría "ante generaciones enteras". Veinticuatro horas después, los anuncios de toda una época se habían esfumado y quedaba una votación de viernes. La crisis de la vivienda tenía por fin propietarios, y no eran los que se sientan en el Consejo de Ministros. En Catalunya, ERC se apresuró a explicar que Junts se había puesto "del lado de los reaccionarios" y, así, un partido con siete diputados, que nunca se ha sentado en ese Consejo, pasó a responder de los alquileres de Barcelona. Poco importó lo que Míriam Nogueras había dicho desde la tribuna, que el decreto "permite que los fondos sigan comprando, especulando y desahuciando", ni que Junts pidiera que, si se suspenden los desahucios de familias vulnerables, el alquiler lo pague la Administración y no el pequeño propietario. En la pancarta no cabía ninguno de los dos argumentos, y en la Moncloa lo sabían. La operación tiene una virtud técnica que sus adversarios todavía no han calibrado, porque no obliga a negar nada y se limita a cambiar la fecha en que empezó la crisis, que ya no es 2018, sino el 2 de octubre de 2026.
El lunes 5 disolvió las Cortes y convocó para el 29 de noviembre. El martes 6 el Consejo de Ministros volvió a aprobar los dos decretos con algunos retoques, para que los convalide la Diputación Permanente, donde PP, Vox y Junts tendrán que retratarse otra vez en vísperas de la campaña, y de propina anunció diez mil millones en préstamos sin interés para comprar la primera vivienda, ocho años después de habernos prometido que alquilaríamos. En el BOE del día 7, el Real Decreto-ley 28/2026 adopta, según su título, "medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual", y su disposición final segunda establece que "entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026". La urgencia puede esperar treinta y nueve días, los necesarios para que la norma nazca en el tercer día de campaña. He leído muchos decretos-ley que justificaban mal su urgencia, pero nunca uno que la programara.
El guion iba bien hasta que el martes 13 la campaña de la "V de vivienda" tropezó en Lleida. La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, que en septiembre había explicado que la vivienda debía entenderse "como un derecho, no como mercancía", comparte vida con quien dirige una sociedad con treinta pisos en alquiler y algún inquilino llevado al juzgado por impago. La Ley 12/2023, la ley de vivienda de este Gobierno, llama gran tenedor al titular de "más de diez inmuebles urbanos de uso residencial", de modo que los especuladores contra los que el PSOE pedía el voto estaban en casa de su portavoz. Ella misma lo resumió en Antena 3, con una franqueza que ningún diputado de Junts se habría permitido: "Si un inquilino no paga, se lo desahucia". El miércoles 14 el PSC de Lleida la proclamó cabeza de lista. El viernes 16, con el Consell Nacional del PSC reunido para aprobar las candidaturas, Mínguez anunció en las redes que se iba, y Sánchez, después de haberla cesado, explicó que él le había dicho que no dimitiera, que es "una extraordinaria portavoz" y que "la política algunas veces maltrata a las buenas personas". Nunca había visto a un presidente defender con tanto cariño a alguien de quien acababa de desprenderse y, sin embargo, tiene su lógica, porque el líder de la oposición necesitaba una víctima del maltrato de la política, el presidente del Gobierno necesitaba que su portavoz no hiciera campaña con treinta pisos detrás, y los dos quedaron servidos.
El PP celebra cada derrota parlamentaria del Gobierno como una victoria propia, sin advertir que la derrota venía encargada y que con ella le regala a Ferraz la foto que buscaba. En esa bancada nadie ha entendido todavía que, con Sánchez enfrente, ganar una votación puede ser el peor negocio de la legislatura
De Illa no se supo nada durante tres días. Mínguez es de los suyos, se hizo concejala en la Paeria en 2003 y en Madrid la llaman su pupila, pero el president no encontró un minuto, entre el martes y el viernes, para decirnos si le parecía compatible pedir el voto contra los rentistas desde la misma casa de una rentista. Cuando habló, lo hizo a puerta cerrada, ante su Consell Nacional, para contar que Mínguez "se ha roto", y en X, donde calificó la retirada de "decisión personal", la misma que Sánchez le había pedido que no tomara. Illa calla cuando el problema es de los suyos y busca un culpable cuando no puede callar, y en Catalunya llevamos dos años aprendiendo a distinguir las dos modalidades.
En mayo escribí en estas páginas que Sánchez apuraría la legislatura hasta el último día que permite la Constitución. Me equivoqué en el pronóstico y, sobre todo, en el motivo. Di por hecho que solo adelantaría las elecciones si las encuestas le sonreían, y no se me ocurrió que pudiera ir a ellas con las encuestas en contra porque había encontrado algo mejor que un sondeo favorable: una derrota parlamentaria con tres culpables y una pancarta camino del Congreso. Es un talento que no se aprende en la universidad, y menos escribiendo una tesis doctoral que se ha leído más veces con programas antiplagio que por interés.
De las dos modalidades de Illa, la segunda es la que más practica. Rodalies es cosa de Renfe y de Adif, que dependen de un Ministerio de Transportes en manos del PSOE desde 2018, y la Generalitat la preside el PSC desde agosto de 2024. Después de Gelida, en enero, y de un otoño en que la red se para cada vez que llueve, el jueves 8 de octubre el servicio amaneció suspendido porque los maquinistas se negaron a circular sin garantías de seguridad, e Illa encontró enseguida al responsable en su sindicato. Junts ha anunciado que el 20 de octubre llevará a Renfe y a Adif a los tribunales por responsabilidades civiles y penales, que es lo que hace quien piensa que un servicio público tiene responsables con nombre y cargo. A los docentes, que llevan más de una década con el complemento específico sin actualizar, el conseller Dalmau les explicó en febrero, contestando a Mònica Sales en el Parlament, que su pérdida de poder adquisitivo venía de los recortes de Artur Mas, de hace quince años. Nada de esto sorprende a quien recuerde que Illa dejó dicho en 2021 que los diez años anteriores habían sido "los peores de los últimos trescientos de la historia de Catalunya". Con esa premisa, todo lo que falla tiene un autor anterior, y la oposición, en el Parlament o en el Congreso, acaba heredando el desastre que gestiona otro.
El lunes 12 de octubre, último día del puente del Pilar, un AVE de la serie 100 que había salido de Atocha a las 14:27 hacia Figueres empezó a arder a la altura de Ricla, en la provincia de Zaragoza. Hubo que evacuar a 283 pasajeros, la línea estuvo cortada en los dos sentidos más de cuatro horas y Renfe contó 33 trenes y 12.979 viajeros afectados. Tres días después, los trenes seguían pasando por una sola vía a lo largo de unos veinticinco kilómetros, a 160 por hora desde el miércoles, después de haberlo hecho a 80. La serie 100 entró en servicio en abril de 1992 y el contrato de mantenimiento de esas unidades venció el 30 de noviembre de 2025, sin que el concurso para renovarlo llegara a adjudicarse. Óscar Puente, que en X tiene opinión sobre casi todo, no la tuvo sobre esto, y del Palau tampoco salió nada que yo haya podido leer. En enero, después de Adamuz y sus cuarenta y seis muertos, Adif ya había rebajado a 160 kilómetros por hora varios tramos del Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles. Entre la Moncloa y el Palau, alta velocidad ha pasado a ser una expresión que se conserva por costumbre, como esos títulos nobiliarios que hace tiempo que no van acompañados de tierras. Nadie ha marchado contra el ministro por ello, porque la indignación de este otoño ya tenía destino asignado.
Lo admirable es que la oposición colabora. El PP celebra cada derrota parlamentaria del Gobierno como una victoria propia, sin advertir que la derrota venía encargada y que con ella le regala a Ferraz la foto que buscaba. En esa bancada nadie ha entendido todavía que, con Sánchez enfrente, ganar una votación puede ser el peor negocio de la legislatura si al día siguiente no eres capaz de explicar, en la misma frase, qué habrías hecho tú con las ciento ochenta y tres mil viviendas que no han llegado. Junts es la excepción incómoda, y por eso es el partido al que más se le cobra la factura en Catalunya. Dijo que no y dijo por qué, y desde el martes, con la portavoz del PSOE explicando en televisión cómo se desahucia a un inquilino, ese porqué se ha vuelto bastante difícil de tapar con una pancarta.
En Génova y en Bambú cuentan con que el malestar vote por ellos, porque casi siempre ha sido así y porque el manual dice que el inquilino que no llega a fin de mes castiga a quien gobierna. Sánchez ha conseguido que ese inquilino camine hasta el Congreso y Cibeles, a varios kilómetros de la Moncloa, y que lo haga en compañía de una ministra. Si el 29 de noviembre vota con ese mismo recorrido en la cabeza, el líder de la oposición habrá ganado otras elecciones contra el Gobierno, y el Gobierno, agradecido, se quedará donde está.