El artículo 99 de la Constitución, el que regula cómo se llega a la Moncloa, no dice una palabra de bloques. Establece que el candidato propuesto por el rey expone su programa ante el Congreso y queda investido si reúne la mayoría absoluta, ciento setenta y seis diputados. Si no la reúne, la misma propuesta se vota otra vez cuarenta y ocho horas después y entonces basta la mayoría simple, que en el idioma de cualquier junta de vecinos significa tener más síes que noes. Las abstenciones no cuentan a favor de nadie ni en contra de nadie. Por esa puerta entró Mariano Rajoy el 29 de octubre de 2016, con ciento setenta votos a favor, ciento once en contra y sesenta y ocho abstenciones socialistas. Pedro Sánchez pasó por la misma el 7 de enero de 2020, con ciento sesenta y siete síes, ciento sesenta y cinco noes y dieciocho diputados de ERC y de Bildu que no quisieron sumarse, pero tampoco impedirlo. Dos presidentes de signo contrario deben, así, el cargo a gente que, con la excepción de ERC, no estaba en su bando.
Desde que Sánchez disolvió las Cortes el 5 de octubre, en Ferraz y en Génova se hace campaña como si ese artículo no existiera. Los promedios de encuestas dan al PP y a Vox alrededor de doscientos escaños y se habla de esa suma como si no hubiera otra cosa, como si los votos de Abascal vinieran de serie con los de Feijóo y todo lo que queda a la izquierda formara un solo cuerpo con un solo cerebro, que en Ferraz tiene nombre y apellido. En septiembre expliqué aquí por qué la crispación engorda a Vox y le sale gratis a quien gobierna, y a aquel artículo me remito. Ahora me interesan la noche del 29 de noviembre y los dos meses que la Constitución concede, a contar desde la primera votación de investidura, antes de devolvernos a las urnas. Ahí el esquema de frentes queda al descubierto como una ficción con dos beneficiarios.
El primero es Vox. En una campaña de bloques, Vox deja de pedir el voto y se presenta como la condición sin la cual no habrá gobierno de la derecha ni caerá Sánchez. La Constitución no exige tal cosa, ya que permite investir a Feijóo con más síes que noes, y por tanto sin Abascal, siempre que otros decidan no votar en contra. Lo exige una regla no escrita, la de que abstenerse ante un candidato equivale a hacerse su cómplice, y esa regla tiene autor conocido. En octubre de 2016, Sánchez prefirió dejar su escaño antes que abstenerse ante Rajoy, y levantó su segunda vida política sobre un "no es no" que convirtió la abstención en una forma de traición. Diez años después, aquel invento trabaja para Santiago Abascal. Si nadie puede abstenerse sin pagarlo caro, Feijóo tiene una sola puerta y la llave la guarda Vox.
Quien más pierde con esa regla es Feijóo, aunque en Génova actúen como si les conviniera. Un PP que solo puede llegar a la Moncloa con el sí de Abascal entra en campaña con el socio ya colocado en la foto, y esa foto es la única que Ferraz necesita para movilizar a votantes que no le perdonan a Sánchez casi nada, salvo el miedo a Vox. Y si llega, lo hará sin haber aprendido la lección de los gobiernos autonómicos de 2023. En julio de 2024, Vox salió de un día para otro de los cinco ejecutivos que compartía con el PP, a cuenta del reparto de los menores migrantes llegados a Canarias, y dejó en minoría a los presidentes que lo habían hecho consejero. Para Abascal, un gobierno compartido es un escaparate, y se sale de él cuando lo pide la campaña siguiente. Quien gobierna colgado de un partido así le cede la agenda semana a semana y, con cada concesión que lo legitima, enseña a su propio votante que el original está disponible sin pasar por la copia. Lo saben en Francia los herederos de Chirac, cuyo presidente acabó pactando con Le Pen en 2024, y lo que queda de Forza Italia, socio menor de Meloni en Roma. Juanma Moreno demostró en Andalucía que el PP crece en la dirección contraria, cuando no necesita a nadie a su derecha. Feijóo tendría que explicar por qué cree que a él le irá mejor en brazos de quien espera el momento de comérselo.
Sumado a un frente, un escaño vale un escaño; cuando hace falta para que haya más síes que noes, vale lo que cueste una investidura, y ese precio lo pone quien llega sin ataduras, nunca quien ha comprometido el voto antes de que se abran las urnas
El otro beneficiario es el propio Sánchez. Un presidente que llega a las urnas con los presupuestos de 2023 prorrogados por tercera vez, y rodeado de una corrupción que desborda con mucho el eslogan de "caso aislado", no puede pedir el voto por lo que ha hecho, así que lo pide por lo que vendría detrás. Para eso, necesita un Vox grande y una izquierda incapaz de imaginar nada distinto de él, en la que cualquier papeleta sin el logotipo del PSOE quede convertida en una ayuda a la ultraderecha. Vox se alimenta de un PSOE que lo señala cada mañana; Sánchez de un Vox que asusta cada tarde, y entre los dos se han repartido el centro del tablero con un protagonismo que la mayoría de los votantes no les concedería si alguien se lo preguntara.
El votante al que se dirigen, sin embargo, no vive en ninguno de los dos frentes. El inquilino de Sants que votó socialista en 2023 y no ha visto ninguna de las viviendas que le prometieron no se ha vuelto de derechas por eso, y el pequeño propietario de Girona que no quiere a Abascal de ministro del Interior tampoco se ha hecho sanchista. Con el filtro adecuado, la cromatografía política de un Estado da muchos más colores que el blanco y el negro. El 23 de julio de 2023 Catalunya repartió sus cuarenta y ocho escaños entre seis formaciones. Catorce fueron a dos partidos, uno independentista y otro que decía serlo, que no se presentaban para gobernar España, sino para negociar con quien la gobernara, y en estos tres años solo Junts se ha dedicado a esa tarea.
Expulsar el centro del debate tiene también un coste que se acaba pagando en el BOE. Casi todo lo que España y Catalunya necesitan reformar exige mayorías que ningún bloque tiene. Una ley orgánica requiere la mayoría absoluta del Congreso, según el artículo 81.2, y los vocales del Consejo General del Poder Judicial que eligen las Cámaras necesitan tres quintos según el 122.3, que en el Congreso son doscientos diez diputados. Lo aprendimos en los más de cinco años que pasó el Consejo con el mandato caducado. El más generoso de los promedios deja al PP y a Vox en doscientos uno, nueve por debajo de esa cifra. Una Fiscalía que no dependa de quien gobierna, una ley de vivienda que se pueda aplicar o el reconocimiento que el Estado le debe a Catalunya no saldrán nunca de una trinchera, porque en ella ceder es perder y nadie consigue nada que no le arranque al de enfrente.
En esta ficción, a Catalunya le han asignado el papel de figurante, aunque la aritmética reciente diga lo contrario. En 2020 la investidura dependió de la abstención de ERC y en 2023 de los siete votos de Junts. Sin ir más atrás, dos de las tres últimas investiduras que salieron adelante se decidieron con votos catalanes, y los de Junts, al menos, no pertenecían a ningún frente y por eso pudieron cobrarse. En noviembre de 2023 siete escaños pesaron más que los treinta y tres de Vox, precisamente porque no tenían dueño. El día en que el voto catalán se apunta a un bloque, nadie lo negocia y se da por descontado. Míriam Nogueras lo explicó el 6 de octubre en Catalunya Ràdio. Junts dio "una oportunidad al señor Sánchez, que es obvio que no ha sabido aprovechar", y no acepta los incumplimientos del PSOE como los aceptan ERC y la delegación socialista representada por el PSC. En la misma entrevista, descartó "absolutamente" pactar con un gobierno PP-Vox. Leídas juntas, las dos frases describen algo que el esquema de frentes no sabe dónde colocar, un voto que no se regala y que obliga a hacer cuentas a quien lo necesite.
Estas semanas al votante catalán le van a repetir, con más insistencia que a nadie, que cualquier papeleta que no sirva para frenar a Vox está perdida, porque es aquí donde el PSOE compensa buena parte de lo que pierde en el resto de España. Para contestar basta volver al artículo 99. Sumado a un frente, un escaño vale un escaño; cuando hace falta para que haya más síes que noes, vale lo que cueste una investidura, y ese precio lo pone quien llega sin ataduras, nunca quien ha comprometido el voto antes de que se abran las urnas. Entre mandar diputados a Madrid para que aplaudan y mandarlos para que decidan, hay una diferencia que en Catalunya se ha podido medir en los últimos años.
La noche del 29 de noviembre alguien sumará los escaños de dos o tres partidos y lo celebrará como la victoria de su bloque. Si llega a ciento setenta y seis, tendrá que explicar a quién debe cada uno. Si se queda corto, tendrá dos meses para descubrir que la Constitución cuenta síes y noes y que entre unos y otros se sientan diputados llegados de Catalunya que no se han rendido ni han firmado nada con nadie.