En la facultad nos explicaban que el modelo de medios imperante en Catalunya y España se basaba en una conexión con los partidos políticos. No estamos hablando del hecho de que cada medio tenga una visión propia y, por lo tanto, una posición política, que es de lo que va el periodismo ―la objectividad ni existe ni es deseable―, sino de la disolución de las fronteras entre la esfera partidista y la mediática.
En España son ejemplos el libro El director, que narra las experiencias de David Jiménez al frente de El Mundo, donde se plasman los tira y afloja de los medios con los poderes económicos y políticos del régimen del 78, y la sucesión de medidas que los gobiernos han aprobado para favorecer tales grupos mediáticos o tales otros. En Catalunya, Paola Lo Cascio, Josep Àngel Guimerà o Jordi Pérez Colomé han explicado cómo el pujolismo esculpió el panorama mediático catalán; Quique Badia-Masoni ha analizado el caprichoso sistema de reparto de publicidad institucional, y yo misma he criticado la presencia de cargos y asesores de partidos que conviven con tertulianos y columnistas que no estamos adscritos a ninguna formación y hacemos valer nuestro oficio, sin que los medios establezcan ninguna diferencia entre la opinión de unos y otros. Sí, es cierto que, como escribe Mònica Planas, a TV3 le falta un documental sobre la familia Pujol. Sí, es verdad que, como apunta Neus Tomàs, durante el procés los periodistas catalanes podrían haber sido más incisivos con la Generalitat. Hay documentales de Isona Passola sobre la independencia que no tenían suficiente calidad periodística ―que no cinematográfica― para ser emitidos en una televisión pública, como al final pasó.
La precariedad, el machismo y el racismo en las redacciones dificultan que nos podamos oponer a prácticas a que consideremos que vulneran el código deontológico
Sin embargo, ni la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ni ninguno de los medios de ideología independentista de más tirada promueven un discurso de deshumanización hacia la sociedad española que legitima su represión. Bastantes medios españoles lo han hecho con los independentistas. La Generalitat tampoco tiene las herramientas económicas, jurídicas y políticas para asfixiar o limitar la libertad de expresión a Radiotelevisión Española o a Telemadrid. El Gobierno, sí. El sistema mediático español es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la guerra estatal contra el independentismo. En este caso, han dejado de ser medios y se han convertido en agentes gubernamentales. Eso hace que los efectos de la manipulación que puedan hacer sean mucho más graves que los de la tergiversación (nunca justificada) de un medio independentista.
Así pues, si es legítimo que la ciudadanía catalana proteste contra las instituciones represivas estatales, también lo es que se manifieste contra la desinformación y propaganda de los medios españolistas. La cuestión radica en cómo se formula la protesta. Las imágenes de la periodista de Tele 5 Laila Jiménez, empujada y rociada durante un directo, no me gustan. El contacto físico es violento y en situaciones como las del directo cuesta saber qué periodistas engañan y cuáles trabajan con profesionalidad. ¿En caso de que se tuvieran pruebas fidedignas de tergiversación, se puede increpar a aquel periodista o negarse a responder sus preguntas? ¿Se pueden hacer manifestaciones en sedes de medios? ¿Se pueden cuestionar por redes las prácticas de ciertos periodistas? No veo por qué no.
Los profesionales de la información, por nuestra parte, tenemos que articular una respuesta que vaya más allá del maniqueo y gremial "dejadnos informar". La precariedad, el machismo y el racismo en las redacciones dificultan que nos podamos oponer a prácticas a que consideremos que vulneran el código deontológico. Ahora bien, si cada vez más alzamos la voz contra el machismo, el racismo y la precariedad en las informaciones y las redacciones, también tenemos que ser capaces de hacerlo cuando el medio en el cual trabajamos se dedica a desinformar para aplastar la disidencia política. Y, sobre todo, de condenar las prácticas de los compañeros que no trabajan con profesionalidad. Para que haya un derecho a informar, se necesita la garantía de no manipular. Ninguna de las dos premisas, ahora mismo, está asegurada.