El verano de 2026 nos ha dejado el derrumbe (literal) de Catalunya a consecuencia de décadas de mala gestión y de falta de inversiones. Cada semana hay alguna catástrofe que se añade a la lista: el incendio de Les Gavarres por culpa de una obra pública, el socavón del túnel del metro en Barcelona, el otro socavón de las obras de Rodalies en Montcada i Reixac (donde, de milagro, no hubo muertos). Mientras tanto las carreteras están colapsadas, la red ferroviaria desespera cada día a los ciudadanos, en muchas zonas del país se han normalizado los microcortes de luz, los robos de cobre lo empeoran todo, y la única acción del Govern es anunciar unas inversiones que no llegarán nunca.
La sensación de decrepitud nacional de este verano se agrava por una costumbre muy arraigada entre nuestra clase política: anunciar malas noticias a finales de julio, para ver si así pasan inadvertidas. Y el viernes pasado estalló la bomba. Catalunya no tendrá resultados válidos en el siguiente informe PISA porque la Generalitat excluyó al 23 % de los alumnos que formaban parte de la muestra, mientras que la OCDE marca un máximo del 5 %. Para ser exactos, en Catalunya debían hacer la prueba 2.545 alumnos, y quedaron fuera 591: 6 por discapacidad física, 493 por discapacidad cognitiva, conductual o emocional y 92 por dominio insuficiente de la lengua.
PISA es una evaluación internacional que se hace cada tres años a los alumnos de quince años, y que mide la competencia en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Los resultados para Catalunya de 2022 fueron catastróficos, y nos situaron muy por debajo de la media de la OCDE, y a la cola de España (solo Andalucía, Ceuta y Melilla sacaron peores resultados). En comprensión lectora la media fue de 462 puntos, muy por debajo de los 501 de 2012. Esto quiere decir que un 29 % de los adolescentes catalanes tiene un nivel tan bajo que no alcanza la competencia básica, mientras que una década atrás eran el 15 %; en cambio, los que están en la excelencia han pasado del 7,3 % al 4,9 %. La caída también ha sido acentuada en las otras dos pruebas. Con la noticia de la exclusión de Catalunya, este año no podremos saber si nuestros alumnos han mejorado o, como todo el mundo preveía, el derrumbe se ha acentuado, y no tendremos resultados comparables hasta 2029.
Cuando la noticia estalló el viernes, la Generalitat indicó que se trataba de una "incidencia técnica" o un problema de "representatividad estadística", y se insinuó que el problema venía de los centros educativos. Además, se admitió que el problema se conocía desde marzo. Al día siguiente, el secretario de Millora Educativa, Ignasi Giménez, declaró que hubo un "error en la aplicación de los criterios de exención".
La explicación del error en el informe PISA es inaceptable y no se la puede creer nadie
La explicación del error es inaceptable y no se la puede creer nadie. Hace décadas que las pruebas PISA existen y los protocolos son claros, y que se hayan incumplido solo se puede deber a una acción deliberada. ¿Ha habido una intención de maquillar los resultados excluyendo a los alumnos más flojos? Hay un antecedente: el año pasado se anunció que las pruebas de competencias básicas de 4.º de ESO ya no se harían a todos los alumnos del país, sino a una muestra seleccionada de 69 centros educativos. Y ojo: a pesar de que se han declarado como no comparables, en otoño se publicarán las cifras de PISA, y ante este escenario probablemente serán mejores que las de 2022. ¿Seremos capaces todos juntos —y sobre todo la profesión periodística— de recordar que será una mejora ficticia y que el Govern no podrá colgarse ninguna medalla?
El debate social que deberíamos tener es por qué Catalunya tiene unos resultados tan flojos en el informe PISA, fruto sobre todo del aumento de los alumnos con un rendimiento bajo. Aunque sea una verdad incómoda, el indicador más importante que predice el éxito de un alumno es el nivel de formación de los padres, y tenemos una población con muy pocos estudios, fruto de una entrada constante de inmigración de baja cualificación. Si miramos a los residentes en el país entre 25 y 49 años, la edad que tiene la mayoría de los padres, un 28,7 % ha completado como mucho la secundaria obligatoria (entre los nacidos en el extranjero, la cifra asciende al 39,2 %). La escuela debería compensarlo, pero no hay ni voluntad ni recursos. En lugar de eso, tenemos una segregación escolar por clases sociales, lo que condena a los de abajo a unas oportunidades menores.
La enseñanza catalana no tiene a nadie que le marque el rumbo, con cambios constantes de consellers y ninguna política definida. Los partidos, por pereza o incompetencia, han cedido el poder a la Fundación Bofill (una entidad tan desprestigiada que ha tenido que cambiar de nombre) y a empresas privadas como Innovamat, que no actúan por el bien común, sino por intereses particulares. Su irrupción ha coincidido con el hundimiento del nivel de los alumnos, pero estos grupos prometen que todo mejorará si tenemos suficiente paciencia y les seguimos pagando, y culpan del fracaso al mito de un "profesor retrógrado" que no hace lo que toca.
Por desgracia, no se vislumbra ningún cambio. Tan pronto como se anunció el problema con los datos de PISA, la directora general de Currículum i Desenvolupament Professional del Departament d'Educació i Formació Professional, Sònia Fernández Cuenca, indicó que habían abierto una investigación para aclarar qué había pasado, y que crearían una comisión para validar a los alumnos exentos. Es lo que pasa cuando tenemos una clase política alérgica a tomar decisiones: se piensa que montando reuniones para tapar escándalos ya es suficiente.