Nadie sabe nada, ni recuerda detalles. Es asombroso cómo la cúpula del Gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido llegar al juicio en calidad de testigo, no imputados, si no tenían nada que aportar a la causa o constancia de ningún hecho. La última ha sido Soraya Sáenz de Santamaría, que ha despachado la cita con una batería de hasta quince negociaciones y la amnesia del “no me consta, no recuerdo”. La jefa política del Servicio de Inteligencia y entonces portavoz durante la operación parapolicial, no hizo “indagación” alguna. Javier Arenas, entonces senador y hoy portavoz interino —en la práctica el jefe del Grupo Popular en la Cámara Alta—, era amigo íntimo de Luis Bárcenas. Aquella amistad “desapareció” cuando se conoció la cuenta en Suiza, ha dicho. La realidad es que Arenas y Rajoy se reunieron con Bárcenas semanas después. No niega la grabación a Rajoy, pero, de haber existido, se hizo sin su conocimiento.
Rajoy se despachó con monosílabos y negó la operación parapolicial porque fue legal. “Bien dicho está” lo que dijera, ha dicho Sáenz de Santamaría. Por negar, el presidente niega hasta la razón de ser del propio juicio: de haber sido legal, no existiría la causa. La naturaleza de Kitchen está en la falta de paraguas judicial, como ocurrió en tantos informes fantasma de la operación Catalunya elaborados desde la misma unidad paralela de la Policía e Interior. Por continuar la secuencia de negaciones absurdas, María Dolores de Cospedal fue más allá y llegó a negar lo que todos habíamos oído en sus audios con José Manuel Villarejo. Como no forman parte del procedimiento, la falsedad es inocua. Se ha oído conspirar a Cospedal, pedir destruir pruebas de la caja B del PP, corromper a policías (Villarejo lo era) y amedrentar al principal inspector de la Gürtel, según el policía Manuel Morocho. Si esto no fue suficiente, nada lo es.
Toda actuación de la Kitchen estaba organizada para y por la supervivencia política y procesal de Rajoy y Cospedal
Rajoy y Cospedal han mentido en los detalles y no se ha investigado si lo hacen en lo sustantivo. El juez Manuel García Castellón no consideró lógico escalar hasta los máximos beneficiarios de una operación parapolicial de obstrucción a la Justicia. Tampoco se aplicará la doctrina Javier Griñán, el expresidente andaluz condenado por su responsabilidad in vigilando al no detectar un sistema clientelar de ayudas ilegal (los famosos ERE). ¿Por qué quedó fuera Mariano Rajoy? En la lógica procesal del Supremo y la UCO, el entonces presidente del PP y del Gobierno habría ido pa’lante, expresión que popularizó el Gobierno de Madrid al querellarse contra el fiscal general vía la pareja de Ayuso. Por el “dominio a todos los niveles” que dijo el teniente de la UCO Antonio Balas apuntando al fiscal general, en este caso no es creíble que el máximo beneficiario de la Kitchen desconociera la trama. Por seguir con el argumento de Balas, todo lo filtrado estaba “en poder de la FGE”, igual que toda actuación de la Kitchen estaba organizada para y por la supervivencia política y procesal de Rajoy y Cospedal. El Supremo condenó al fiscal por ese “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente” que García Ortiz, “o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento”, filtró. El máximo responsable de Interior y su secretario de Estado están procesados con peticiones de 15 años de cárcel por unos hechos que no les beneficiaban a ellos y sí a su línea jerárquica inmediata. Y, por anclarlo aún más en la actualidad, si para el teniente Antonio Balas los tentáculos del entramado de José Luis Ábalos llegaban a Pedro Sánchez, ¿cómo es posible que los tentáculos de Jorge Fernández Díaz no llegaran a Rajoy? Contradicciones de la justicia y la instrucción policial.
La Kitchen se está quedando en un mal trago reputacional para el PP y poco más que un paseíllo para la cúpula de Rajoy. Mientras a izquierda y derecha coinciden en calificar la trama como una de las más graves en democracia, la sensación de impunidad a cómo se ha sustanciado se medirá en la sentencia. No es cierto que el PP asumiera ninguna responsabilidad. La moción de censura a Rajoy fue en julio de 2024; el congreso del PP donde se eligió a Pablo Casado, en junio de ese año, y la Kitchen saltó en octubre, cinco meses después de caer el Gobierno. Nadie asumió nada. Ni lo asumirá. “No estábamos por aquí hace cuatro legislaturas”, dice Miguel Tellado. Una veintena de dirigentes del PP, sí; en particular en la directiva del partido, entre ellos Alberto Núñez Feijóo.
Los hits políticos ya han desfilado por la Audiencia Nacional, pero aún queda mucha Kitchen que cortar. Faltan por declarar Diego Pérez de los Cobos (hoy martes); el inspector Manuel Morocho (este miércoles); Félix San Roldán, enfrentado a Villarejo desde la dirección del CNI; Manuel Sánchez Corbí, ex coronel jefe de la UCO…; agentes y testigos desfilarán hasta el 30 de junio. Esta semana, mientras el trío Ábalos-Koldo-Aldama tiene su día grande en el Supremo, el inspector Morocho volverá a detallar cómo fueron a por él dentro de la Policía y desde el entorno de Rajoy. En la virtud de los infinitos tiempos judiciales está el olvido. Cuatro legislaturas han pasado, que diría Miguel Tellado. Un juicio político que se celebra trece años después de los hechos, desdibuja la responsabilidad y favorece el revisionismo, incluso la negación. Eso es Kitchen. Y para el PP, si se lo permiten, ni existió ni le consta.