En la mesa redonda con que concluyó la semana pasada el Festival y Fórum por los Derechos Humanos de Ginebra, la exconsejera federal Micheline Calmy-Rey dio explicaciones sobre la dura posición de la UE respecto a Catalunya y sobre los temores que la secesión despierta en muchos de los estados miembros. Al día siguiente, tuve la oportunidad de conversar con quien había sido elegido presidente del Govern de la Generalitat de Catalunya, que huyó de España tras proclamar la independencia a finales de octubre. Puigdemont considera que es el miedo de los gobiernos ante los movimientos sociales el que tiene el papel más importante. Ciertamente, el movimiento social interno en Catalunya es el mayor, el mejor interconectado y el mejor organizado desde los años setenta. La generalización de este tipo de movimientos sobrepasaría lo ocurrido en el año 1968. Entretanto, Puigdemont ha sido detenido en Alemania, país que podría entregarlo a España.
La Unión Europea ha mostrado en la crisis de la deuda griega hasta qué punto es capaz de llegar para eliminar un movimiento social peligroso. Del mismo modo que contra el partido del gobierno griego, Syriza, emplea contra el movimiento catalán medios de presión económicos. Así, tras la declaración de independencia ha amenazado con impedir que el Banco Central Europeo compre bonos de los bancos o empresas catalanas. Como consecuencia, una serie de grandes bancos trasladaron su sede social y fiscal a Madrid.
Derecho natural y desobediencia civil
De ser el miedo de algunos estados a la autonomía y a los deseos de independencia el motivo fundamental para una política anticatalanista y proespañola, deberían ser el Reino Unido y Bélgica —debido a la existencia de regiones separatistas en su seno— quienes se mostraran particularmente anticatalanistas. Sin embargo, se da el caso contrario. En el Reino Unido no solo los medios de izquierdas y liberales, sino también los medios conservadores son más críticos respecto a España que la práctica totalidad de los medios del continente europeo. El diario The Economist publicó tras la violencia policial contra manifestantes a principios de octubre un artículo editorial en el que se lee: "La violencia contra una masa de ciudadanos pacíficos no puede dar resultados en una democracia occidental. La lucha entre el derecho natural y el derecho formal la ganará siempre el derecho natural. Las constituciones existen para servir a los ciudadanos y no al contrario". Seguidamente, este diario económico comparó el derecho de Escocia a votar sobre su independencia y el hecho de que España deniegue tal derecho.
La argumentación de este diario conservador muestra una diferencia fundamental entre la política cultural británica y, en particular, la alemana. En la tradición anglosajona son los ciudadanos (citizens) y la sociedad civil los principales sujetos de la democracia. En la tradición alemana esta función yace en el estado. El derecho natural y la desobediencia civil tienen un valor mucho mayor en la cultura atlántica que, por ejemplo, en Alemania, país en el que se otorga un valor absoluto al derecho formal. Esto es patente en la posición de los partidos políticos respecto a Catalunya: mientras que, además del Partido Nacional Escocés, los laboristas, los liberal-demócratas y los Verdes se han distanciado de España, en Alemania y en Francia los partidos conservadores, los socialdemócratas e incluso los Verdes la apoyan.
Dos grandes preguntas
Otro factor que influye en la toma de posición de los estados europeos es la oposición entre unitarismo y federalismo. Si bien en Francia, gracias a su historia de barricadas y partisanos, existe una cierta afinidad cultural con el Reino Unido respecto al derecho natural y a la desobediencia civil, en lo organizativo Francia es muy centralista. La idea de que Madrid y Barcelona pudieran ser las capitales de dos naciones distintas, confederadas a lo sumo, es totalmente extraña para los republicanos galos.
El proceso de extradición plantea a Alemania y a toda la Unión Europea dos preguntas fundamentales. En primer lugar: ¿Se valorará y apreciará en Puigdemont la ausencia de violencia que el movimiento independentista ha desarrollado como un arte propio? ¿Debe realmente la desobediencia civil ser vista como una forma de golpismo o terrorismo, tal y como las autoridades españolas pretenden hacer ver con el concepto de "rebelión"?
En segundo lugar: ¿Cuáles son los derechos personales de Puigdemont como ciudadano de la Unión Europea? En todo caso, el Tratado de Lisboa (2007) declaró que los Derechos Fundamentales y las Libertades Fundamentales tienen validez inmediata para los ciudadanos de la UE. ¿Qué es más importante: el ciudadano o el Estado?
En la conclusión del Foro de Ginebra para los Derechos Humanos, Micheline Calmy-Rey advirtió de que Europa se juega mucho con Puigdemont y Catalunya. Es un grave peligro que sea precisamente un estado como Alemania, impregnado de la idea de la autoridad del estado, el que deba decidir entre libertad y represión. Una decisión de los jueces a favor de la democracia libre y participativa impulsaría no solo una democratización en Catalunya sino también en España y en la Unión Europea.
Josef Lang es historiador y fue hasta 2011 miembro del Consejo Nacional de Suiza por la coalición Alternativa-Verdes de Zug.
[Traducción del alemán de Miguel Simarro Grande con autorización del autor]