Este viernes la Guardia Civil se ha personado en la redacción de El Nacional, siguiendo las instrucciones de la jueza Mercedes Armas, para notificar a la dirección y la empresa editora la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que le requiere "que se abstenga de incluir en su medio propaganda o publicidad relativa al referéndum del 1 de octubre, en cualquier manera," advirtiendo que "en caso de no hacerlo podrán incurrir en responsabilidades penales".

Sin que puedan encontrarse precedentes en cuarenta años de democracia en el Estado español, la misma operación ha tenido lugar en las redacciones de otros cuatro medios de comunicación privados: El Punto Avui, Vilaweb, Racó Català y Nació Digital. Es una siniestra ironía que haya sido precisamente en el Día Internacional de la Democracia, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando una jueza, siguiendo las órdenes del TSJC, haya decidido personare el instituto armado español de naturaleza militar, la Guardia Civil, en varios medios de comunicación, para comunicarnos la notificación judicial de acuerdo con la cual no podemos publicar, si no es con riesgo de responsabilidades penales, una información determinada.

Ante la gravedad de la situación, que consideramos anómala en un Estado de Derecho y en un sistema democrático, nos consideramos obligados a hacer las siguientes consideraciones y a ponerlas en común con nuestros lectores, nuestras lectoras y la ciudadanía:

El Parlamento de Catalunya, legítimamente constituido y en cumplimiento de los derechos que le otorga el Estatut de Catalunya, según el cual "el Parlamento representa el pueblo de Catalunya" (art. 55), aprobó con mayoría absoluta, el pasado 6 de septiembre, la Ley del Referéndum de autodeterminación. En cumplimiento de su función ejecutiva (art. 68), el Govern de la Generalitat legítimamente constituido, firmó, en pleno y con todos sus consellers, el Decreto de convocatoria del referéndum del Primero de Octubre y el Decreto de medidas complementarias que tenían que desplegarlo. Y de acuerdo con todo ello ante la realización de un referéndum decretado por un Gobierno en plenitud y ejercicio de sus funciones (y sin que hayan sido suspendidas), amparándose en la ley de un Parlamento en plenitud y ejercicio de sus funciones (y sin que hayan sido suspendidas), el Govern puso en marcha la campaña institucional habitual para publicar un anuncio, en medios de comunicación públicos y privados, con el cual informaba a la ciudadanía de Catalunya de la próxima celebración del referéndum.

El Nacional, sin entrar a valorar, porque no le corresponde, el fondo de la cuestión, decidió, evidentemente, publicar este anuncio institucional del gobierno de Catalunya. Los medios de comunicación, en los sistemas democráticos, ejercen, como es sabido, el papel de mediadores críticos entre las instituciones de gobierno y la ciudadanía: por una parte, tienen el deber de informar de manera veraz sobre las iniciativas legislativas, ejecutivas y judiciales de las diferentes instituciones del Estado, y, por otra parte, tienen la obligación de vehicular, en nombre de la ciudadanía a la que se deben, la necesaria vigilancia crítica de los gobernantes y sus instituciones ante cualquier incumplimiento de sus funciones y de cualquier abuso de su poder. Es, además, en defensa de la legítima aspiración del Govern de la Generalitat a comunicar directamente y sin mediaciones, a través de publicidad, sus actos, que El Nacional decidió, con plena conciencia de su responsabilidad cívica, la publicación del anuncio institucional del referéndum por parte de la Generalitat.

Y es por ello, ante la notificación judicial, que consideramos absolutamente inaceptable la intromisión judicial en el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa de El Nacional y de los otros medios advertidos, y, por supuesto, consideramos también absolutamente inaceptable, como una amenaza impropia de un Estado de Derecho, la advertencia, en tono de amenaza, de las responsabilidades penales que se nos comunican por el ejercicio de esta misma libertad de expresión y de prensa.

Consideramos absolutamente inaceptable la intromisión judicial en el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y la advertencia en tono de amenaza de las responsabilidades penales que se nos comunican

La Primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la primera democracia moderna instituida en el mundo, consagra, desde 1791, el carácter inviolable y sin restricciones de ningún tipo, ni siquiera por parte del Congreso, de la libertad de expresión y de prensa. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, establece, en el artículo 19, que "toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión" y que "este derecho incluye el de no ser molestado a causa de las propias opiniones y el de buscar, recibir y difundir las informaciones y las ideas por cualquiera medio y sin límite de frontera".

En consecuencia y en la línea de lo que se establece, en estos textos fundacionales, con respecto a los derechos fundamentales de la libertad de opinión, de expresión, de información y de prensa, desde El Nacional consideramos que no hay instancia política ni judicial que pueda tomar ninguna iniciativa que pretenda coartar estas libertades y estos derechos inviolables. Sin libertad de opinión y de expresión, sin libertad de información y de prensa, no se dan las condiciones fundamentales, es decir necesarias, elementales y básicas, que definen un sistema democrático.

Es por eso, en el ejercicio de la inviolabilidad universal de la libertad de información y de prensa, y en el ejercicio de la responsabilidad cívica que consideramos que define el cometido de los medios de comunicación en un sistema democrático, que asumimos que no puede haber ninguna instancia política ni judicial que pueda prescribir a ningún medio de comunicación y, por supuesto, tampoco a El Nacional, qué es lo que tiene que publicar y qué es lo que no puede publicar. Denunciamos, igualmente, de esta manera, las coacciones policiales de que los tribunales pretenden servirse para intimidar a los medios de comunicación y forzarnos a desistir de nuestra responsabilidad inalienable en el ejercicio del derecho y la libertad de información y de prensa.