La Audiencia Nacional inicia este lunes el juicio del major Josep Lluís Trapero y la excúpula de la Conselleria de Interior que, antes de empezar el proceso público que se celebrará en San Fernando de Henares, ya es toda una suma de irregularidades. La principal, mantener la petición de rebelión por parte de la fiscalía, cuando es del todo evidente que es insostenible después del juicio del procés al Govern de la Generalitat y a los líderes sociales independentistas celebrado el año pasado en el Tribunal Supremo y que acabó con condenas con un centenar de años de prisión.

¿Entonces por qué se mantiene la acusación por rebelión cuando el Supremo ya la descartó para todos los juzgados que tienen un rango superior, incluido el conseller Quim Forn? Bien sencillo, porque sino el juicio no podría celebrarse en la Audiencia Nacional y tendría que tener lugar en una instancia superior como es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) o en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Si no fuera porque el major Trapero representa, en muchos estamentos policiales y políticos de Madrid, poco menos que una pieza mayor del engranaje independentista catalán desde aquella brillante actuación del cuerpo de Mossos d'Esquadra en el atentado yihadista de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, que se bastó para desarticular sin más ayuda policial el comando terrorista, muy probablemente la exposición pública del exresponsable de la policía catalana no habría sido tan alta. Ni el malestar mediático con él, tampoco.

El atentado se saldó con 24 personas muertas, ocho de ellas terroristas, pero la impresión generalizada es que la policía catalana ejerció como una verdadera policía integral en un momento clave de la historia y ante un compromiso de enorme envergadura. Después vino el referéndum del 1-O y la declaración de independencia del 27-O pero imputar a Trapero de desidia o colaboración con el Govern es una gran exageración. 

Cualquiera que trató a Trapero en aquellos años que estuvo al frente de los Mossos sabe de su integridad y profesionalidad. Pero la persecución que ha vivido no entiende de razones. De ahí el absurdo de un juicio así en que sus superiores ya han sido absueltos del delito y por el que el major, el ex secretario general de Interior Cèsar Puig y el ex director general de la policía Pere Soler se enfrentan a 11 años de prisión y la intendente Teresa Laplana a 4 años.

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