El PNV ha acordado no presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y, con esta decisión, facilitar su trámite parlamentario, allanar el camino a Mariano Rajoy y al Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Es un jarro de agua fría para el independentismo catalán que, esta vez sí, confiaba en que el PNV cumpliera la palabra dada: con el 155 aplicándose en Catalunya no habría apoyo a los presupuestos del gobierno español.
La decisión del PNV puede ser comprensible en el marco de la política vasca y también en la española. Los nacionalistas vascos tienen incentivos suficientes para alinearse con las cuentas públicas de los populares, ya que son beneficiarios directos de varios de los acuerdos recientes que aún han mejorado más las saneadas cuentas vascas. En una situación política normal poco habría que decir, ya que, guste o no, la política acaba siendo también la defensa de los intereses propios.
El tema es, en todo caso, que la situación no es ni mucho menos normal. El 155 ha supuesto en la práctica la supresión de la autonomía y a partir de un relato policial y judicial poco ajustado a la realidad medio Govern está en la prisión y el resto se ha tenido que exiliar. Esa circunstancia es la que, a ojos del independentismo, hace especialmente dolorosa la decisión. Quizás no haya reproches públicos. No lo sé. Y tanto el PDeCAT como ERC guarden silencio. Pero el PNV tiene que saber que no será un silencio de complicidad, sino de abatimiento.
Veremos cómo lo justifican en las próximas horas y cómo hacen compatible lo que dicen que quieren hacer —conceder una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo en el Estado español, así como la restitución de un gobierno legítimo— con la represión y la cerrazón del gobierno español. La experiencia no invita al optimismo.