Al cumplirse una semana de la huelga de hambre indefinida iniciada por Jordi Sànchez como protesta por las dilaciones del Tribunal Constitucional sobre los recursos de los presos políticos independentistas catalanes, miembros del Cercle Catalanista de l'Ateneu Barcelonès han emitido un comunicado en que denuncian la situación que sufre.
El Círculo Catalanista es una tertulia política de composición transversal, formada por intelectuales y periodistas de la que también forma parte Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
La huelga de hambre la están siguiendo también los consellers destituidos por el 155 Jordi Turull, también desde hace 8 días, y Quim Forn y Josep Rull, desde el martes pasado. A continuación reproducimos íntegro el comunicado.
Una cuestión de injusticia
"Desde el momento en que se constituyó, el Cercle Catalanista de l'Ateneu Barcelonès ha sido un espacio de encuentro y debate transversales. Un ámbito donde el catalanismo de diferentes tendencias ha podido contrastar opiniones y debatir cuestiones que afectaban a todos los ámbitos de nuestra convivencia. Un lugar de diálogo que ha encarado con pluralidad los tiempos convulsos que ha atravesado nuestro país. Desde hace unos meses, sin embargo, este espacio que se quiere de civilización ha quedado profundamente alterado incivilizadamente. Asistimos desolados a la ausencia obligada de uno de nuestros miembros, Jordi Sànchez, en prisión preventiva desde hace más de un año. Estos días, como el resto de la opinión pública, hemos sabido que él y los dirigentes independentistas también recluidos en Lledoners, Jordi Turull, Quim Forn y Josep Rull, han empezado una huelga de hambre en protesta por la tardanza y la actitud con que los miembros del Tribunal Constitucional responden a sus recursos. Esta última e injustificable anomalía nos lleva a hacer públicas una serie de reflexiones:
La tardanza con que el Tribunal Constitucional ha reaccionado ante los recursos de los presos y dirigentes independentistas catalanes, que se acumulan en esta instancia de hace meses, no es ninguna excepción. Es una pieza más dentro de un inmenso rompecabezas de arbitrariedades y excesos policiales y judiciales.
La respuesta de las instituciones del Estado español ante lo que ellas mismas han tildado de "desafío separatista" las distancia gravemente de los modelos homologables con que tienen que actuar la policía y la justicia en un Estado de Derecho.
Las actuaciones policiales y judiciales en España contra este "desafío" evidencian irregularidades gravísimas que las contaminan y las tendrían que invalidar. En todo este tiempo ha quedado bien claro que cada una de estas instancias ha actuado más con ánimo de escarmiento y revancha que de aclarar los hechos que pretenden juzgar.
Una de las evidencias que más comprometen la actuación judicial española en este sentido han sido las decisiones encadenadas de otras instancias de la justicia dentro de la Unión Europea. Unas instancias que han desautorizado las peticiones dirigidas desde España de repatriación de líderes independentistas. Ninguno de estos tribunales ha avalado la tipología de los delitos que la fiscalía española atribuye a los políticos catalanes.
Las peticiones de los líderes independentistas catalanes han hecho reaccionar también a organizaciones humanitarias internacionales. Ha sido el caso, por ejemplo, de Amnistía Internacional, que ha reclamado la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart porque considera que no "hay ninguna justificación para mantenerlos en prisión preventiva" y proclama que esta decisión del Tribunal Supremo de España constituye "una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y la reunión pacífica".
La respuesta de las instancias judiciales españolas a las decisiones de sus homólogos europeos y a las denuncias de las organizaciones que velan por los derechos humanos constata que en todo este proceso no tienen ninguna intención de garantizar los principios básicos que tienen que guiar la acción de la justicia.
Hace falta, pues, que se organice una movilización social más intensa y que aumenten las denuncias públicas, en Catalunya, en España y el mundo, que dejen en evidencia tanta arbitrariedad y tanto exceso. La justicia española es incapaz de garantizar un proceso justo a los dirigentes independentistas catalanes. Estamos, pues, ante un caso claro de injusticia, que sólo se podrá reconducir cuando los recursos de estos presos políticos lleguen a instancias internacionales. Estas decisiones, sin embargo, llegarán tarde y no habrán podido evitar un castigo inmerecido y repugnante. Mientras tanto, hay que multiplicar, en cantidad y en intensidad, todas las acciones públicas que cuestionen tanta injusticia.
Barcelona, 10 de diciembre de 2018
Firman este comunicado los siguientes miembros del Cercle Catalanista de l'Ateneu Barcelonès:
Francesc-Marc Álvaro, Jaume Badia, Francesc Cabana, Salvador Cardús, Jordi Casassas, Agustí Colomines, Juste de Nin, Ricard Domingo, David González, Marina Llansana, Ferran Mascarell, Ventura Pons, Mònica Sabata, Vicent Sanchis, Marçal Sintes, Joan Pere Viladecans y Vicenç Villatoro."