7 meses, 212 noches, 5.088 horas, este es el pasado reciente de mi contador particular, el vivido desde aquel 16 de octubre en que la jueza Lamela cambió radicalmente mi vida y la de mi familia. Todo este tiempo es el que llevo entre rejas, al lado de Cuixart, Turull, Junqueras, Rull, Forcadell, Romeva, Bassa y Forn.

No hemos tenido una instrucción justa, la objetividad esperada del juez instructor ha estado ausente y varias decisiones procesales han impedido gravemente que nos administraran una justicia ajustada a Derecho. Todo apunta al hecho de que los tribunales no rectificarán, ni siquiera levantarán el pie del acelerador. No nos tenemos que engañar, tampoco mostrarnos abatidos, y menos todavía perder la confianza en la Democracia.

De los tribunales europeos esperamos buenas noticias. Parece poco probable que atiendan a las peticiones de extradición. Los jueces europeos, como la mayoría de los catalanes, no aprecian la veracidad del relato judicial. En pocas semanas conoceremos el posicionamiento de estos tribunales europeos. El Tribunal Supremo, temiendo lo peor, ha abierto piezas separadas. Por una parte se juzgará a los que estamos en la prisión, y por otra parte a los que están en países terceros. Una decisión que puede llevar a la justicia española a condenar los mismos hechos de manera diferente.

Ahora son las instituciones del Estado las que tienen que decidir si apuestan por el diálogo o prefieren la tensión

Durante estos 7 meses se han evidenciado las debilidades de la acusación y la dureza del juez manteniéndonos en prisión preventiva, pero también la fortaleza de la solidaridad y el apoyo de centenares de miles de hombres y mujeres que, lejos de resignarse, han salido reiteradamente a las calles a pedir democracia y libertad. Si alguien pensó que la judicialización era la solución después del 1 de octubre, ahora ya debe saber que el protagonismo de los jueces (este tipo de "togacracia") y la renuncia al diálogo político son hoy el impedimento para encontrar una solución.

El nuevo Govern en Catalunya aportará voluntad de diálogo, sin renunciar a los objetivos republicanos y leales al mandato del 21 de diciembre y el 1 de octubre. Ahora son las instituciones del Estado las que tienen que decidir si apuestan por el diálogo o prefieren la tensión. La desaparición del 155 no es una muestra de diálogo suficiente; la constitución del Govern catalán comporta automáticamente la desaparición del 155.

Me temo que el problema para el diálogo y el acuerdo, en la crisis que se vive desde el 1 de octubre, reside en la competencia creciente entre el Partido Popular y Ciudadanos. Un río desbordado donde la desconfianza mutua y la necesidad de sacar votos a cualquier precio bloquean cualquier salida razonable a lo que ellos denominan el "reto catalán". Con este escenario, quizás tienen razón los que opinan que la única esperanza de solución nos llegará de la justicia europea.