¿Verdad que si un jurado de doce independentistas radicales debiera juzgar a un guardia civil seguidor del Real Madrid quizás la sentencia resultaría un poco sesgada? ¿Verdad que si doce lesbianas justicieras debieran dictaminar legalmente sobre un sietemachos misógino quizá existiría el peligro de que la conclusión no fuera muy equilibrada? La selección de los jueces y del jurado en este sentido lo es todo. De ahí que la justicia que no es simplemente una caricatura de justicia intenta, al menos, tratar de habilitar jueces, de seleccionar personas honradas para el jurado que sean suficientemente imparciales, suficientemente independientes para emitir sentencias válidas y que sean respetadas. La justicia no tiene valor si pierde su legitimidad. La mafia siciliana no puede pretender hacer justicia sobre Al Capone ni el torero está legitimado para afirmar que el toro no sufre. La propia administración de justicia quiere ser, o al menos pretende ser, siempre, un ejercicio honrado de contención, de objetivación, de independencia. Ya no se trata del campesino Bernat que tiene un conflicto de lindes con el agricultor Ramon y, en cualquier momento, puede coger la escopeta. Al ser gestionado por terceras y cuartas personas, por mediadores serenos y ecuánimes, el enfrentamiento tiene más probabilidades de ir más allá del egoísmo de una de las dos partes. De llegar a una solución justa, que tenga en cuenta las dos partes. Aunque una de las dos partes tenga toda la razón del mundo y la otra ninguna. Pienso que el juicio al criminal nazi Adolf Eichmann debería haberlo realizado un tribunal internacional, aunque la sentencia del tribunal de Jerusalén fue la correcta, la única posible. Pero habría sido mucho mejor que la condena al gran asesino de judíos hubiera sido colectiva, de toda la humanidad en su conjunto, y no sólo una sentencia de los jueces del Estado de Israel. El rechazo al nazismo no es sólo cosa de las víctimas judías. Tras la Shoá toda la humanidad es moralmente judía.
La mafia siciliana no puede pretender hacer justicia sobre Al Capone ni el torero está legitimado para afirmar que el toro no sufre
Desde esta perspectiva es escandalosa la sentencia que emitió ayer el tribunal de Estrasburgo, el famoso Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que se supone que todo lo juzga y lo juzga bien, como si fuera una sala adyacente del Valle de Josafat. El Tribunal de Estrasburgo, reglamentista y formalista en exceso, no tiene en cuenta que los derechos humanos no siempre pueden adoptar las mejores formas, que a veces la vida es muy puta y los humanos son humanos desgraciados que no tienen la suerte de contar con el asesoramiento y la pulcritud de un Gonzalo Boye. A veces la gente, el personal, la plebe, huele a sobaco y es desagradable e, incluso obtusa, poco protocolaria, pero eso no quiere decir que no pueda llevar razón. El más indigno puede tener la razón y el gran Aristóteles, con toda su ciencia, termina a cuatro patas montado por su mujer Filis, que le domina y cabalga. La sentencia de ayer determina que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción e imperio sobre un tribunal regional, algo lógico que no tendría más discusión si no fuera porque ese tribunal regional en cuestión pretende traducir en legislación el referéndum del primero de octubre, un referéndum de independencia. Un referéndum por el que Catalunya se establece como nación independiente. Si no fuera por esto, naturalmente que Estrasburgo tiene razón y la parte contratante de la segunda parte es la parte contratante, como nos enseñó para siempre Groucho Marx.
Por otra parte, hace muy mal efecto, en un tribunal tan formalista, tan limpio y ordenado, tan sofisticado, que los jueces hayan sido los que han sido. ¿No tenían a otros? No es muy serio que en un conflicto soberanista entre Catalunya y España uno de los jueces que juzgan sea precisamente español, concretamente la señora María Elósegui, una jovencita del Opus Dei a punto de jubilarse, ideológicamente más cercana al franquismo que a Bildu, abiertamente homófoba. Ayudada por el magistrado de San Marino Gilberto Felici que es tan progresista como un juez andorrano, un especialista en el apasionante mundo de la jurisprudencia de San Marino, una jurisprudencia que no evita que como cualquier microestado europeo, la ley y el orden no sean tan florecientes como las actividades económicas. Hay algún juez de la Europa del Norte, de la moral protestante y calvinista en el jurado? Ni uno, no seamos ingenuos. El presidente es de Malta, otro país admirablemente democrático y laico como pocos, el señor Vincent A. De Gaetano, un microestado fabuloso. También hay que señalar la presencia activa del representante portugués, Paulo Pinto de Albuquerque, antiguo profesor de la Universidad Católica Portuguesa, especialista en los costes de la represión criminal. Alena Poláčková, la representante de la católica Eslovaquia fue antigua presidenta del Tribunal Supremo de su país. La eminente Helen Keller, suiza, es una importante jurista pero representante del particularismo legal suizo, a la defensiva respecto la jurisprudencia internacional. Y Georgios A. Serghides es el representante de Chipre, otro país hermano y mediterráneo, amigo de España como en un festival de Eurovisión.