¡Que suenen las alarmas, que vuelven, y con fuerza, los papanatas! ¡Y ahora tienen poder! Hace unos años hice referencia en algunos artículos y comentarios a una hipotética Internacional Progresista Papanatas para describir un cierto rebaño de hooligans presuntamente de izquierdas que habían renunciado a la razón como instrumento para interpretar la realidad y que se limitaban a proclamar consignas ideológicas fuera del contexto en el que fueron elaboradas. El gran Quim Monzó me pidió poder utilizar el concepto para el título de su libro Esplendor y gloria de la Internacional Papanatas, lo cual me llenó de orgullo y se lo agradeceré eternamente. Monzó ha descrito mejor que nadie "el imperio de la plastilina, el dominio de las poses, y la hipocresía de ciertas actitudes".

Para empezar por lo más reciente, la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, a quien yo tenía por una de las diputadas más sensatas del Parlament, se ha sumado a la vieja idea de la CUP de derribar la estatua de Colón de Barcelona, considera que el almirante "hizo posible la colonización de unos territorios con el genocidio". Hay dos cuestiones bastante preocupantes. 1- La falta de información y de rigor histórico con respecto a la figura de Colón —están documentados los conflictos del almirante para defender a los indígenas. 2- El hecho de que Albiach lidera el partido de la actual alcaldesa de Barcelona y Ada Colau se ha mostrado dispuesta a hacer caso de esta y otras bobadas.

Para continuar con referencias municipales, cuando, a consecuencia de la pandemia, se detuvo la actividad industrial, la teniente de alcalde de Barcelona Janet Sanz planteó aprovechar la ocasión para "evitar la reactivación del sector automovilístico". "Es ahora o nunca —dijo—, hay que evitar que todo esto se reactive, así que necesitamos un plan estatal para que esta industria y estos trabajadores se puedan trasladar a sectores más limpios". La ocurrencia no es para tomársela a broma. Tengo parientes, amigos, conocidos y saludados, todos ellos muy ecologistas, que así planteada la idea les encanta. Y cuando les dices que en pocas semanas no se puede desmantelar el principal sector industrial que ocupa a cerca de 150.000 personas, me atacan considerándome un depredador del planeta.

A Janet Sanz le llovieron críticas sobre todo cuando Nissan anunció el cierre de las fábricas. De repente, para sus correligionarios, lo más urgente ya no era evitar la reactivación, sino todo lo contrario. Se tenía que garantizar la continuidad de la producción. Y he ahí que todo un vicepresidente de Gobierno como Pablo Iglesias, su diputado portavoz Íñigo Errejón y el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, entre otros, defendieron la "nacionalización de Nissan". Incluso Rufián se cargó de razones recordando que si se había nacionalizado Bankia para socializar las pérdidas, por qué no hacer lo mismo con Nissan para asegurar los puestos de trabajo. La idea de colectivizar los medios de producción es una referencia ideológica central del pensamiento marxista que las izquierdas proclamaron y apenas practicaron a lo largo de los siglos XIX y XX. No es seguro que legalmente el Estado pueda apropiarse de Nissan, pero si lo hiciera, se podría hacer cargo de los trabajadores y de las instalaciones, pero no para fabricar ningún automóvil Nissan ni nada. No sé si saben —y sería grave que hablen sin saber— que un coche integra unas 30.000 piezas procedentes de miles de proveedores ubicados por todo el planeta. Eso de nacionalizar no es una propuesta sincera, sino una iniciativa estrictamente mediática que sólo busca la complicidad de gente de buena fe.

Los problemas surgidos a consecuencia de la pandemia también se han aprovechado para hacer demagogia y argumentar reivindicaciones absurdas de dirigentes que sólo hacen teatro y nos toman por gilipollas

Es una evidencia que la pandemia y los problemas surgidos en varios ámbitos —sanidad, servicios sociales, enseñanza— también han sido aprovechados para hacer demagogia y argumentar reivindicaciones que pueden parecer justificadas, pero que analizadas en profundidad resultan impracticables y contraproducentes.

La tragedia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto que, como varios estudios señalaban, la sanidad catalana está infrafinanciada, que, antes de la pandemia, ya le faltaban 4.000 millones de euros para ponerse al nivel de inversión de la media española y no hablemos de qué le falta para equipararse al nivel de las regiones europeas con población y PIB similares. Y, además, sabemos que este déficit se ha contrarrestado con el voluntarismo de los profesionales, que, por cierto, son los más mal pagados de España y de Europa.

Aun así, hay un cierto consenso sobre el éxito del modelo sanitario catalán. Es decir, que el problema no es el modelo, sino el presupuesto y su gestión. Sin embargo, automáticamente han surgido propuestas del tipo "sanidad pública al 100%", "nacionalicemos las residencias geriátricas" o el recurrente de acabar con la escuela concertada.

Ciertamente, la salud, la educación o los servicios sociales no tendrían que ser entendidos nunca como un negocio, pero no se tiene que menospreciar el papel de las entidades privadas que, de algún modo, contribuyen al buen funcionamiento de la pública entendiendo que la descongestionan. Los usuarios de las mutuas privadas contribuyen con cuotas e impuestos a sostener la sanidad pública, así que no es objetivamente malo que aparte se paguen de su bolsillo atenciones que liberan las listas de espera de la pública.

Si los usuarios de las mutuas de salud o si los alumnos de las escuelas concertadas decidieran de repente optar por el sistema público, este no podría dar abasto, se hundiría y los principales perjudicados serían, como siempre, los más vulnerables.

La colaboración público-privada no es intrínsecamente perversa, sino todo lo contrario, excepto los casos de abuso y corrupción, que se pueden resolver con una gestión eficaz y una supervisión precisa. Se ha hecho mucha demagogia con la tragedia de las residencias de ancianos, cuando ha sido un fenómeno constatado y señalado por todo el mundo por la Organización Mundial de la Salud. Es cierto, sin embargo, que faltan centros públicos y que algunas residencias funcionaban mal por afán de lucro de los gestores y escaso control y/o connivencia con la Administración. Sin embargo, en vez de resolver estos problemas concretos, la propuesta demagógica y fácil es decir (y no hacer) que todas las residencias tienen que ser públicas y todos sus trabajadores funcionarios.

Teniendo en cuenta las lecciones de la historia, no creo que hacer un país de funcionarios sea una buena opción, pero tengo la sensación de que los que lo proponen lo dicen por decir, sin ninguna intención de llevarlo a cabo, sólo para hacer ver que son de izquierdas, y que por lo tanto es indiscutible que tienen razón, y porque, en el fondo, nos toman por gilipollas.

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