Para evitar que el catalán se convierta en una lengua residual, es necesario que los unionistas que viven en Catalunya, se sientan catalanes, se sientan españoles o se sientan latinos, asiáticos o africanos, también defiendan la lengua propia del país que habitan. Si el catalán queda relegado a la lengua de los independentistas, Ciudadanos habrá ganado la batalla... después de muerto.

Está claro que el conflicto surgido sobre las lenguas que se deben utilizar en las escuelas de Catalunya no tiene nada que ver con la pedagogía ni con los derechos de los niños. Tiene un origen, e incluso diría un propósito, absolutamente político. Ahora bien, precisamente por eso, precisamente porque han buscado, siguen y seguirán provocando y atizando el conflicto los que quieren erradicar el catalán del ámbito público y convertirlo en un patois desprestigiado, sería absurdo que, desde posiciones a favor de la normalización de la lengua, se cometiera el error de caer en su trampa.

Desde que el castellano es constitucionalmente obligatorio y el catalán no lo es, queda clara la voluntad del legislador de encargarle al Estado la imposición del castellano por todo el territorio español, por más que la Constitución también hable de proteger otras lenguas, que, por no decir, no dice ni cuáles son. A lo largo de la historia, ha formado parte de la idiosincrasia política castellana (y de la francesa) la hostilidad con la supervivencia de la lengua catalana.

Desde 1978 a día de hoy, en democracia, los diversos gobiernos españoles han mantenido la tradición con diferentes contundencias. Los gobiernos de Felipe González también impugnaron leyes del Parlament catalán aprobadas con el apoyo entusiasta del PSC. Y todo se complicó cuando, a partir del año 2000, con la mayoría absoluta de Aznar, el Partido Popular cambió la correlación ideológica de jueces en los tribunales y pasó la consigna de judicializar la batalla contra el catalán. El cambio, en 2004, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya resultó determinante y se creó el clima apropiado para la irrupción de un nuevo partido, llamado Ciudadanos, que sólo tenía como objetivo romper el consenso político general a base de dinamitar la estrategia pactista del PSC y de Iniciativa per Catalunya.

Si el catalán queda relegado a la lengua de los independentistas, Ciudadanos habrá ganado la batalla... después de muerto

Así que con la competencia de un idioma tan universal como es el castellano y con un Estado que dispone de todos los instrumentos para imponerlo allí donde quiera, la pervivencia del catalán sólo la puede asegurar la propia sociedad, todos los que lo hablan y lo pueden hablar. Todos son necesarios, piensen como piensen. No sobra ni uno. La lengua va más allá de la independencia de Catalunya y de la unidad de España. Se supone que, en general, los catalanes no quieren que desaparezca su lengua, independientemente de que Catalunya sea independiente o siga formando parte del estado español, y es aquí donde precisamente unos y otros pueden y tendrían que trabajar juntos. Incluso es la gran ocasión de los unionistas de argumentar que no hace falta ser independentista para mantener la identidad catalana.

Trasladando esta reflexión a la política, aunque parezca contradictorio, para despolitizar la cuestión, urge recuperar el consenso perdido y evitar que la lengua se estigmatice con una adscripción política determinada, que pondría en contra a los catalanohablantes o a los dispuestos a serlo que piensan diferente. Será imposible con PP y Vox y eso hace más necesario que nunca que PSC y comuns se comprometan a ello, por lo que son, por lo que representan y por el poder que tienen en el Estado. Si Salvador Illa estaba tan dispuesto a aprobar los presupuestos y establecer acuerdos nacionales, el president Aragonès ya lo debería haber convocado a Palau.

La normalización y la promoción del catalán en la sociedad diversa que vivimos no se conseguirá a base de manifestaciones, arengas patrióticas y posicionamientos que dan pie al ataque del adversario más poderoso. Al contrario. No se puede gritar "¡la lengua no se toca!" para quedar bien con los tuyos y después tener que admitir que contra el Supremo no se puede hacer nada. La estrategia requiere poco ruido y mucha inteligencia.

Uno de los peores errores respecto a la consideración jurídica del catalán fue incluir en el Estatut que la lengua "preferente" de la enseñanza sería el catalán. No hacía falta decirlo si ya estaba asumido que el catalán era "la lengua propia de Catalunya", pero se quiso "blindar" y se le puso en bandeja al Tribunal Constitucional imponer un supuesto "equilibrio" que en el Estatut anterior no existía. De allí vienen los problemas.

Después, el ministro Wert hizo la ley con la que quería "españolizar a los niños catalanes". El gobierno catalán aplicaba la ley de acuerdo con su criterio, y fue el ministro Méndez de Vigo quien denunció a la Generalitat. Hubo un acuerdo transversal de partidos de la oposición para derogar la ley Wert enseguida que el PP perdiera el Gobierno. Y efectivamente así se hizo. Sin embargo, Esquerra Republicana quiso monopolizar la negociación con el PSOE de la ley Celaá para consolidarse como el interlocutor eficaz con el Estado. Gabriel Rufián cantó victoria asegurando que "se había blindado el catalán", pero no se les ocurrió exigir a cambio del apoyo a la ley algo tan sencillo como que el gobierno más progresista de la historia retirara la denuncia que presentó a aquel ministro que cantaba "Soy el novio de la muerte". No se hizo, la denuncia ha seguido su camino, y así estamos. En casos como estos PSC y comuns también podrían demostrar su lealtad. Con Catalunya, quiero decir.