El obsceno pacto PSOE-PP que llevará el juez conservador Manuel Marchena al frente del poder judicial confirma que el sistema político español, que se quería democrático, se ha convertido en un régimen autocrático que en su desesperación ha perdido la vergüenza y está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de perpetuarse.

Tras el escándalo de las hipotecas y  las sentencias del Tribunal de Estrasburgo que han condenado a España por vulnerar derechos fundamentales, la renovación preceptiva del presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial era el momento de aprovechar la ocasión para hacer un rearme moral y llevar a cabo la reforma democrática de la Justicia española pendiente desde hace cuarenta años. Sin embargo, lo que ha pasado ha sido todo lo contrario. El régimen se ha enrocado.

La ley dice que el presidente del Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido por los veinte miembros que lo integran. Aún no sabemos cuáles serán esos veinte miembros, de hecho no están todavía designados ni nombrados, pero sí sabemos que, sean quienes sean elegirán Manuel Marchena como presidente, lo que ya convierte a los juristas que se incorporarán al Consejo en marionetas de reconocido prestigio al servicio de quien les ha colocado. Cuando la ley no se tiene en cuenta y ni siquiera se guardan las formas, el Poder deja de ser democrático para convertirse en arbitrario. Es obvio que hoy la Justicia española está aún más desacreditada que ayer.

Hoy por hoy el principal actor que pone en evidencia y desafía la involución antidemocrática del Estado español es el movimiento soberanista catalán. Paradojas de la historia, la lucha por la democracia en España la lideran los independentistas

Y si en el mundo de las finanzas siempre gana la banca, en el mundo de la justicia siempre gana la derecha más derecha. No hay ningún otro argumento que justifique que Manuel Marchena acceda a la máxima autoridad judicial que todos los méritos políticos que ha hecho para que los tribunales no perjudiquen a dirigentes del PP y por su beligerancia con procesados vascos como el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y ahora con los procesados catalanes.

En cuarenta años de democracia, la izquierda, es decir, el PSOE, cuando ha tenido mayoría de gobierno, también ha sido incapaz de modificar las estructuras y se ha limitado a ubicarse en el sistema. Era presidente José Luis Rodríguez Zapatero y tuvo que proponer el conservador Carlos Dívar, porque el PP no tiene inconveniente en bloquear los relevos hasta que se sale con la suya. El PSOE claudica con alguna contrapartida que solo sirve para colocar a correligionarios que para que los acepte el PP suelen ser la derecha de la izquierda, sobre todo en cuestiones vascas o catalanas.

Ahora mismo se vende que aceptar a Marchena como presidente tiene como contrapartida que abandona la sala penal que debe juzgar a los acusados independentistas y que habrá mayoría progresista en el CGPJ. Sin embargo, Marchena conoce más que nadie el funcionamiento del Consejo y del Tribunal Supremo y si ha sabido escalar todo lo que ha escalado y ha ejercido de tutor del juez Pablo Llarena para la instrucción del caso contra los soberanistas, sería una ingenuidad enorme pensar que Marchena ahora se va a desentender.

No sería necesario insistir en que la Justicia española afronta el caso más trascendente de su historia –el procedimiento contra los líderes del independentismo catalán– en su peor momento y cuando se ha hecho más evidente la involución antidemocrática del sistema político español . Y es interesante destacar que el único actor que lo pone en evidencia y lo desafía es el movimiento soberanista catalán. Paradojas de la historia, hoy por hoy, la lucha por la democracia en España la lideran los independentistas catalanes.