Se están escribiendo ríos de tinta sobre la calidad y la independencia de la justicia española. No seré yo quien dé un repaso de los casos más sonados que se han producido en los últimos meses y años, ni tampoco de los que tenemos en el horizonte. El lector mínimamente informado sabe de qué mal sufrimos las sufridas víctimas de la justicia y previsiblemente de qué mal sufriremos.

Estamos ante hechos que crean opinión general, y precisamente eso es lo que puede hacer más daño a aquellos que la producen. Aunque esta opinión general viene muy influida por actuaciones y por sentencias recientes, la verdad es que raramente las noticias negativas se acumulan en el tiempo (como pasa ahora) si no hay un sustrato sólido que las hace posibles. Y este sustrato no es otro que una estructura del poder judicial enferma. En particular, de la cúpula judicial. Y ya se sabe que, en un cuerpo, si la cabeza no funciona correctamente, porque tiene vicios, dependencias, imparcialidad, etc., el cuerpo no puede funcionar bien.

Ya hace muchos años que organismos plurinacionales vienen observando si la justicia de los países actúa con criterios generalmente aceptados de calidad, eficiencia, eficacia e independencia. En Europa destacan los informes anuales del CEPEJ (el último, European judicial systems. Efficiency and quality of justice, publicado en el 2018, de 339 páginas) y las comunicaciones de la Comisión Europea (la última, The 2018 EU justice scoreboard, publicada este 2018). Algunos de datos que comentaré están recogidos en estos informes.

Aunque últimamente la cúpula judicial española está haciendo méritos para instalarse de forma estable en una posición de desprestigio internacional, la verdad es que el problema viene, de lejos como ponen de relieve algunos indicadores cuantitativos que no son reflejo de otra cosa que de un mal endémico. Uno de los síntomas más claros del problema lo tenemos en el desprestigio que va asociado a la falta de independencia de un poder que, por definición de estado democrático, tendría que ser independiente, imparcial, neutral, justo, en definitiva. Los medios de comunicación mínimamente objetivos y, repito, la opinión publica dicen que la justicia en España no es independiente. Por este motivo he recogido algunos datos cuantitativos que permiten contrastar la afirmación y hacerse una idea cabal de dónde estamos en el concierto judicial internacional. Veamos algunas muestras, tres de ellas provenientes de Europa y la cuarta de una institución global.

El informe del GRECO concluye que España no ha llevado a la práctica de forma satisfactoria ninguna de las últimas once recomendaciones para combatir la corrupción en el ámbito de parlamentarios, jueces y fiscales

Empecemos por el índice de independencia de la judicatura que elabora el Foro Económico Mundial (WEF). En un ranking de 137 países en que se mide el grado de independencia de la justicia con respecto a influencias del gobierno, de particulares o de empresas, España ocupa el puesto 58º, con una puntuación de 4,2 sobre 7. Los tres primeros puestos los ocupan Finlandia, Nueva Zelanda y Noruega, con valores superiores a 6,5, y los tres últimos, Venezuela, Nicaragua y Ecuador, con valores inferiores a 2. Inmediatamente por encima de España (puesto 57º) figura Botsuana e inmediatamente por debajo figura Brasil. Realmente, para un país que desde 1986 es miembro de la Comunidad Europea y desde 1961 es miembro de la OCDE, el registro es muy malo.

Del mismo WEF, el Banco Mundial permite hacer consultas en la base de datos, de modo que pueden hacerse comparaciones. He hecho dos con países que pueden servir de referencia en nuestro entorno. En primer lugar, con las cuatro economías que junto con la española son las mayores de la UE, es decir, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. El país mejor situado es Reino Unido, con un índice de 6,3 (sobre 7), un valor el 50% superior que el índice español. Solo Italia está por debajo de España, con un índice de 4.

En segundo lugar he hecho la comparación con los ocho países europeos pequeños y avanzados que tienen unas dimensiones económicamente comparables con la catalana. Aquí nos encontramos que el país mejor del grupo (y el mejor del mundo) es Finlandia, con un índice de 6,8 sobre 7, el 62% superior al español. Lo siguen Noruega y Suiza (tercer y cuarto país con el mejor índice del mundo), con un índice que es más del 55% superior al español. De acuerdo, pues, con la medida del WEF, la independencia judicial en España recibe mala calificación en el concierto mundial, y entre los países más desarrollados de Europa solo está ligeramente por encima del registro italiano.

Otro de los indicadores que permiten aproximarse a la independencia del sistema judicial de los países es su posición con respecto a la corrupción. En este tema la fuente de información internacional es específica de Europa y tiene un carácter más cualitativo, pero no por eso menos destacable. La referencia es el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), del Consejo de Europa; concretamente, su último informe (enero de 2018) relativo a parlamentarios, jueces y fiscales. El informe concluye que España no ha llevado a la práctica de forma satisfactoria ninguna de las últimas once recomendaciones: siete se aplican de parcialmente y cuatro no se cumplen en absoluto, de forma que la nota global anticorrupción sigue siendo de "suspenso". Digamos que las recomendaciones relativas a jueces y a fiscales hacen referencia a temas que son de la máxima actualidad: regulación del CGPJ y su independencia, nombramiento de altos cargos judiciales y su insuficiente independencia política, código deontológico para la carrera judicial, prolongación de los plazos de prescripción de los procedimientos disciplinarios contra magistrados, entre otros. El GRECO espera que España presente un nuevo informe antes del 31 de diciembre de 2018 sobre las disposiciones que se hayan adoptado con respecto a las recomendaciones incumplidas. Será interesante seguir el asunto, pero en cualquier caso, en materia de corrupción, el día a día nos corrobora que no vamos bien.

Modest Guinjoan es economista