Al leer el documento que presentó el PSOE para la negociación de la investidura, comprobé admirado que en sus 53 páginas no aparecía la palabra 'Catalunya'. Es más, se les olvidó lo más serio que ha hecho el Partido Socialista en los últimos cinco años, que fue la Declaración de Granada.

No sólo omitieron cualquier referencia al problema institucional más grave que ha conocido la democracia española, sino que pasaron de puntillas (apenas media línea de texto) sobre su propia propuesta federal.

Entonces comprendí que lo que estaba leyendo no era una verdadera propuesta para negociar un gobierno, sino un producto de comunicación. Así que me quité las gafas de estudiar propuestas políticas de fondo y me puse las de analizar técnicas de marketing político. Con ellas lo que parecía borroso se ve mucho más claro. Por cierto, les aconsejo que hagan lo mismo para todo lo que está sucediendo en torno a la investidura de Pedro Sánchez: no lo contemplen como un intento serio de dar un gobierno a España sino como una precampaña electoral y verán cómo empiezan a comprender lo aparentemente incomprensible.

Al leer el documento que presentó el PSOE para la negociación de la investidura, comprobé admirado que en sus 53 páginas no aparecía la palabra 'Catalunya'

Plantear en 2016 un programa de gobierno para España sin tocar el tema de Catalunya y sin meterse hasta las cejas en la cuestión territorial es tan absurdo como hablar de política económica sin mencionar el paro o la deuda: una peregrinada grotesca que amerita usar el documento entero para envolver pescado.

Esto de negarse a ver lo que no gusta es muy característico en nuestros dirigentes. Recuerdo los sudores de los delegados en el congreso del PSOE de julio de 2008 para redactar una resolución de más de 100 páginas sin que en ella apareciera la palabra “crisis”, prohibida por la superioridad. La crisis económica fue el elefante en el salón de Zapatero durante más de un año, como la corrupción lo ha sido para Rajoy durante toda la legislatura y la impepinable salida de Catalunya de la UE en el caso de que se separe de España es el elefante en el salón que se niegan a ver los independentistas.

El conflicto de Catalunya y la necesaria reforma de la organización territorial de España están vinculados inseparablemente porque, a mi juicio, sólo se podrá solucionar cada uno de ellos si a la vez se encauza el otro. El error de los nacionalistas catalanes es creer que existe una salida viable para sus aspiraciones fuera del marco de un nuevo diseño consensuado del Estado español, y el error de algunos españolistas es no admitir que cualquier reforma del título VIII de la Constitución será una operación frustrada si no va acompañada de una solución específica para Catalunya.

La impepinable salida de Catalunya de la UE en el caso de que se separe de España es el elefante en el salón que se niegan a ver los independentistas

Lo cierto es que la cuestión catalana no es sólo el problema político más importante y más difícil que tiene España. Además, es el factor principal de los que están bloqueando las negociaciones en curso –o como se llamen- para formar gobierno.

Para empezar, hay 17 diputados de fuerzas nacionalistas que históricamente han jugado un papel decisivo para crear y sostener gobiernos en España y que hoy están fuera del juego. CiU fue sostén imprescindible de González entre 1993 y 1996 y de Aznar entre 1996 y 2000; también salvó in extremis a Zapatero –y a España- el 10 de mayo de 2010, cuando Rajoy apostó por que el país se despeñara por el mismo precipicio que Grecia. Esquerra fue interlocutor privilegiado y apoyo del gobierno de Zapatero en sus dos legislaturas. Ambos han disfrutado de amplios márgenes de negociación en Madrid, que siempre han aprovechado con eficacia. Hoy nada de eso existe. Se está cocinando con extrema dificultad un nuevo Gobierno para España –cuya política territorial será decisiva para Catalunya- y el nacionalismo catalán no aparece ni en el banquillo. La imposibilidad de incorporar a esos 17 diputados a la negociación es uno de los factores del bloqueo.

Pero además, se reconozca o no, la cuestión catalana resulta ser el impedimento dirimente número uno de cualquiera de las alianzas y fórmulas de gobierno que se manejan: El pacto de izquierdas (PSOE+Podemos y confluencias+IU) no sale porque necesitaría al menos la abstención de los independentistas. Y además de que el PSOE no quiere ni oír hablar de eso (no así su líder, que se muere por la música, sea Mozart o reggaeton), ellos mismos están atados por su maximalismo: han llegado tan lejos en su apuesta rupturista que para avalar un gobierno tendrían que obtener a cambio justamente lo que no se les puede ofrecer.

Podemos y el PSOE podrían acordar muchas cosas en políticas sociales y reformas institucionales; incluso podrían soslayar de momento sus diferencias profundas en política económica. Pero los separa irreparablemente el referéndum catalán. En ambos casos, con implicaciones internas: Pablo Iglesias no puede ceder en la exigencia del referéndum porque eso lo pondría al borde de la ruptura con En Comú Podem: 900.000 votos en el alero a añadir a los casi 700.000 que ya está a punto de perder en la Comunidad Valenciana si Compromís finalmente entra el pacto de investidura con Pedro Sánchez. Lo único que Iglesias no puede permitirse es el desmembramiento de sus confluencias.

Lo único que Iglesias no puede permitirse es el desmembramiento de sus confluencias

Pedro Sánchez tampoco puede flexibilizar su negativa al referéndum porque ello supondría traspasar la línea roja que le marcaron en el comité federal y reabriría la guerra civil en el PSOE.

La cuestión catalana –y la cuestión terrritorial en general- es también el obstáculo insalvable que encuentra Sánchez en su intento de hacer compatible un acuerdo con Ciudadanos y uno con Podemos. Ambos partidos se han declarado mutuamente incompatibles, y lo que los distancia más que ninguna otra cosa es su diferente concepción de España: centrífuga para Podemos, centrípeta para Ciudadanos.

El obstinado inmovilismo del PP sobre el problema de Catalunya es una de las cosas que lo ha conducido a su actual aislamiento (en este caso, la tercera más importante: las dos primeras son la corrupción y Rajoy).

Y aun en el caso de que se consiguiera elegir un presidente, una de las primeras decisiones que tendría que tomar el nuevo gobierno sería cómo responder a la oleada de decisiones anticonstitucionales procedentes de Barcelona que se producirá en cuanto se active la hoja de ruta de las fuerzas independentistas. Esa decisión, por sí sola, puede ser suficiente para romper un gobierno en el segundo Consejo de Ministros.

Si no existiera el desafío soberanista, el nacionalismo catalán no estaría en el ostracismo

Si no existiera el desafío soberanista, el nacionalismo catalán no estaría en el ostracismo, sino participando en esta negociación y haciendo valer sus 17 votos, que valen su peso en oro pero nadie quiere ni puede contar con ellos.

Sin el problema de Catalunya, el acuerdo entre Podemos y el PSOE estaría prácticamente hecho y Pedro Sánchez podría ir a su investidura con esperanzas de ganar (otra cosa sería cogobernar con arreglo a la razón).

Sin la amenaza del cisma catalán, podría intentarse subir al mismo barco a Ciudadanos y a Podemos, aunque viajaran cada uno en una punta del barco.

Y sin tener que afrontar una crisis con las instituciones catalanas, un gobierno de coalición en España estaría menos expuesto a saltar por los aires en sus primeras semanas.

Así que más vale abrir los ojos: el elefante está plantado en medio del salón y no va a desaparecer de ahí porque no hablemos de él en los papeles.

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