El mayor activo del independentismo catalán es la no-violencia activa y, al respecto, Gandhi construyó la idea de que se está “ante un cierto acto de fuerza, no sólo interior o espiritual, consistente en 'persistir', en 'insistir' en la verdad, y esto, sin vacilar ni calcular las consecuencias personales que puedan derivarse de esta actitud” pero sin ejercicio alguno de violencia y Martin Luther King Jr. la definió como aquel instrumento que “pretende provocar una crisis y una tensión que obliguen a la comunidad a negociar”.

A partir de ella, sobre ella y con ella se ha avanzado y construido una estrategia política y un discurso que, si las cosas se hacen bien, puede terminar cuajando. Dicho de otra forma: mientras se siga por la senda de la no-violencia activa, y se consiga hacer las cosas bien, se podrá seguir construyendo un proyecto de país con el que muchos catalanes llevan tiempo soñando.

Las detenciones de 9 personas acusadas esotérica y forzadamente de terrorismo y rebelión, como si ambos tipos penales fuesen compatibles, lleva a pensar que, una vez más, el código penal no es un límite para la consecución de unos objetivos que distan mucho de ser los propios de un estado democrático y de derecho. Es claro que, entre la rebelión y el terrorismo, en el peor de los casos, estaríamos ante un concurso de normas, del artículo 8 del Código Penal y, por tanto, o lo uno o lo otro o, como me estoy imaginando, ni lo uno ni lo otro.

Aún es pronto para determinar qué base fáctica e indiciaria real existe para imputaciones de estos calibres, pero, en todo caso, las sucesivas reformas del Código Penal permiten calificar como delito de terrorismo casi cualquier conducta si es adecuadamente descrita en el oportuno atestado y en su correspondiente procedimiento.

Mientras se siga por la senda de la no-violencia activa se podrá seguir construyendo un proyecto de país con el que muchos catalanes llevan tiempo soñando

En estos momentos de lo que sí podemos hablar es de cómo se ha manejado este caso y lo que se puede estar escondiendo detrás de él y, sin duda, ni lo uno ni lo otro resultan alentadores, al menos no desde una perspectiva democrática.

Toda actuación policial desproporcionada solo sirve para fines ajenos a los propios de la administración de Justicia y, en este caso, es evidente que eso es lo que ha sucedido. Estoy convencido de que, si se hubiese actuado con mesura, los resultados, desde la perspectiva de la investigación, no diferirían de los que se puedan conseguir con un despliegue que nos recuerda a otros tiempos y lugares.

La desproporción, madre de todas las injusticias, se ha visto como elemento esencial de la actuación del Estado y, como poco, lo único que sirve es para deslegitimar tanto el dispositivo como los objetivos perseguidos. La desproporción en las formas no es achacable al Juez que ordenó la operación sino única y exclusivamente al ministro del Interior que, en definitiva, es el máximo responsable de la actuación policial y cuyos antecedentes son de sobra conocidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La desproporción, igualmente, es un elemento que impide analizar con sensatez ante qué nos encontramos; es decir, impide saber si realmente existe un fenómeno de radicalización o sólo estamos ante un intento de generar el relato de la radicalización y, quienes apostamos por un proceso no-violento activo, merecemos saber si existe tal problema o solo responde a una estrategia estatal para, de una parte, arrastrar casos insulsos hacia la Audiencia Nacional y, de otra, criminalizar al conjunto de un movimiento que se caracteriza por el uso de la no-violencia activa.

Caer en el error de pensar que en un proceso como el catalán existen atajos es hacerle el juego a los que creen que la indisoluble unidad de la nación española se debe defender a cualquier precio

En una situación de tensión permanente como la que vive Catalunya es previsible, y posible, que se produzcan fenómenos de radicalización debiendo confiarse en que los mismos no sean más que posiciones aisladas que habrá que encapsular y tratar como tales; sin embargo, es evidente que esa radicalización no suele darse en un único lado como ha quedado demostrado con la desproporcionada actuación seguida de reacciones impropias de determinados sectores que están llamados a mantener la calma e, incluso, la imparcialidad.

En cualquier caso, si algo tenemos ya claro, es que no es propio de un estado democrático y de derecho que, incluso, asociaciones de jueces y de fiscales se hagan eco de rumores malintencionados para criminalizar, vulnerando la presunción de inocencia, a personas que, quién sabe, el día de mañana tendrán que enjuiciar.

La violencia, de aparecer, no es buena para nadie, al menos para nadie que se califique y considere como demócrata, además sirve exclusivamente como elemento justificativo de una más dura, profunda y sistemática represión. Caer en el error de pensar que en un proceso como el catalán existen atajos es, simplemente, hacerle el juego a los que creen que la indisoluble unidad de la nación española se debe defender a cualquier precio.

Los estados, y el español no es la excepción, si hay algo ante lo que saben responder y se sienten cómodos haciéndolo es ante la violencia y ahí están cientos, si no miles, de ejemplos. Los estados, y el español no es la excepción, lo que no toleran ni saben cómo actuar es ante la lucha no-violenta.

La táctica de la violencia se contradice con la estrategia de la independencia y, por ello, a más represión más no-violencia activa

Mientras todo ha sido no violento, y mientras siga siéndolo, veremos cómo se va descomponiendo la respuesta estatal y cómo se va construyendo país que es algo que nadie dijo que iba a ser sencillo. La clave está en trasladarle todo el ejercicio de la violencia al estado y, a partir de ahí, reforzar la legitimidad necesaria para atraer no ya las simpatías sino el reconocimiento general.

La denominada “operación Judas”, que vaya uno a saber por qué la han denominado así… pero terminaremos sabiéndolo, se me antoja como el comienzo de algo mayor en lo cual, de manera sistemática, se irá intentando criminalizar todo el movimiento independentista para, de esa forma, arrastrarlo a un escenario de excepcionalidad en el cual los derechos y libertades individuales y colectivas queden “a disposición” de la Audiencia Nacional.

Veremos, y no se tardará mucho, que de la rebelión se pasará a cuantas calificaciones jurídicas “alternativas” se antoje y, sobre todo, veremos cómo se va tratando de enlodar la imagen y reputación de aquellos que aparezcan como relevantes e importantes para el independentismo catalán. Aquí no habrá miramientos y, en dicho proceso, se arrastrará tanto a los actores principales como a los secundarios como a sus familias y entornos… lo que se pretende no solo es generar miedo sino, también, descrédito.

Ante tal actuación la única respuesta posible, la única respuesta sensata y la única respuesta para la cual la sociedad catalana está preparada es la no-violenta y, además, es la única respuesta que Europa y el mundo no sólo tolerarán, sino que apoyarán. Caer en el juego del Estado es sencillo, salir vencedores de tal error será imposible.

La táctica de la violencia se contradice con la estrategia de la independencia y, por ello, a más represión más no-violencia activa.