En los ya más de 18 meses de internacionalización del conflicto entre España y Catalunya, siempre he sostenido que dicha estrategia tiene dos ámbitos muy bien delimitados como son el jurídico y el político, sin perjuicio de que ambos, necesariamente, han de ir acompasados, coordinados y dirigidos al mismo objetivo. Básicamente, la política y la jurídica no son más que las dos caras de una misma moneda.

De poco sirve una internacionalización jurídica sin una de carácter político y malamente podrá darse una política sin el necesario respaldo jurídico. Sin embargo, ambas caras de la misma estrategia sólo tienen sentido si, luego, pueden generar sus frutos dentro del Estado para llevar el debate a una mesa de diálogo política, de la cual este conflicto nunca debió salir.

Justamente, en función del objetivo final, siempre se ha pretendido que los éxitos jurídicos revirtiesen en el procedimiento penal que se sigue en el Estado español y, por eso, he insistido una y otra vez en lo relevante que es comprender, introducir, utilizar y potenciar lo conseguido en tribunales extranjeros tanto ante el Tribunal Supremo como ante el resto de juzgados y tribunales donde se enjuician y van a enjuiciar a los distintos actores del procés.

Ni era ni es una ocurrencia, mucho menos un deseo personal o personalista, se trata de la única vía lógica y racional de utilizar todos aquellos resultados positivos que se obtengan en jurisdicciones más respetuosas de los derechos fundamentales y que cuentan con árbitros imparciales y, estoy seguro, más temprano que tarde se conseguirá, a través de las distintas defensas. Las cartas, muchos ases, conseguidos fuera, especialmente en Alemania y Bélgica, han de  servir para ganar una partida en la que el crupier se ha empeñado en hacer trampas.

En el plano político sucede otro tanto y el trabajo desplegado en Europa sólo servirá en la medida que el mismo pueda reintroducirse en el ámbito de la política estatal. De esta forma, en primer lugar, se abrirían las vías que permitan conseguir la necesaria creación de un espacio de diálogo a través del cual se pueda reconstruir la confianza entre las partes para, luego, entrar en una etapa de negociación que lleve este conflicto a un punto de solución política admisible para todos.

De nada sirve avanzar y ganar en lo jurídico todos los desafíos que, desde la Audiencia Nacional, primero, y el Tribunal Supremo, luego, se nos han planteado si esos logros no son “reinvertidos” en la partida que se juega ante la jurisdicción española. De la misma forma, qué más da lo que se haga, políticamente hablando, si, posteriormente, ese trabajo no es, igualmente, “reinvertido” en el ámbito político del Estado, tanto en el plano meramente dialéctico o discursivo como en el epicentro de la actividad política, que no es otro que el propio del poder legislativo del estado español.

A una parte del Estado toda la estrategia internacional, tanto jurídica como política, les molesta, les hiere y, sobre todo, les preocupa porque saben que, al final, es la única forma en que el proyecto político soberanista puede triunfar ya que es la única parte del todo que no tienen “atada y bien atada” y que se mueve por derroteros y con claves que no dominan.

Justamente por estos motivos, los mayores esfuerzos del Estado, y de quienes se pliegan a sus designios, está consistiendo no solo en la estigmatización de los responsables de esta estrategia sino, también, en provocar su aislamiento a fin de silenciarles y, de esa forma, reconducir el debate a términos que sean fácilmente controlables.

Sin el trabajo del exilio, no existirá solución jurídica ni política y, difícilmente, será viable el proyecto soberanista, y sin voz propia en Madrid será prácticamente imposible

En estos momentos, y nada es casual, el principal objetivo de una parte del Estado y de quienes creen que quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija, consiste en aislar, para luego silenciar, al president Puigdemont y, en dicha estrategia no dudan en acudir a todo tipo de instancias, personajes y estratagemas. Es evidente que, como nada es casual, la filtración del “informe Tajani” forma parte de dicho plan solo que, al final, se terminará convirtiendo en un boomerang.

Tajani, que a estas alturas de derecho sabe lo que yo de ballet, pidió un informe, con nombre y apellido, a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo para intentar demostrar que el president, en el caso de ser elegido, no tendría inmunidad y, finalmente, dicho informe establece que si es electo contará con “plena inmunidad del artículo 9 frente a cualquier medida de detención, procesamiento y enjuiciamiento”. Es decir, se ahoga en el intento de desactivar a Puigdemont.

Pero no se queda ahí el informe, porque también concluye que “un candidato sometido a una orden nacional de detención en España puede concurrir como candidato a las elecciones al Parlamento Europeo en España”. Posteriormente, el “informe Tajani” se enreda entre los deseos y la realidad pero, en definitiva, con cuatro meses de retraso los abogados de Tajani llegan a las mismas conclusiones que llegamos nosotros: Puigdemont tendrá inmunidad y podrá ser parlamentario europeo siempre y cuando cuente con los votos suficientes. Por tanto, este informe no añade ni resta nada a lo ya establecido legal y jurisprudencialmente en Europa.

En cualquier caso, y ante lo que es un claro intento de neutralizar la estrategia internacional y, así, poner fin al proyecto soberanista, es evidente que no queda más remedio que reforzar las vías de introducción de los resultados de esa estrategia y, por tanto, la mejor forma de impedir que silencien y asilen al president Puigdemont, y lo que él representa, consiste en que él, a través de su partido, cuente con voz propia en Madrid, es decir que tengan su propio grupo parlamentario que es lo que se intenta impedir.

Sin el trabajo del exilio, no existirá solución jurídica ni política y, difícilmente, será viable el proyecto soberanista y sin voz propia en Madrid será prácticamente imposible.

Hablando en términos eminentemente mercantiles, es hora de reinvertir las ganancias y, así, asegurarse de que, sin complejos ni tutelas ni miedos, se pueda alcanzar aquello por lo que los catalanes tanto han arriesgado y sufrido.

Catalunya está ante una encrucijada en la que no hay espacio para los tacticismos electorales ni la segmentación  del voto entre las diversas citas electorales; no cabe eso de que en las generales voto a unos, en las europeas a otros y en las municipales ya veré... Votar así, que puede ser lo que pida el corazón, sólo servirá para aislar, anular y, seguramente, aniquilar todo lo que se ha hecho por y para Catalunya desde el exilio.

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