El fin de año no fue nada tranquilo pero el comienzo del nuevo puede ser incluso más agitado, si no convulso, porque los temas pendientes son muchos y algunos de una relevancia de la que pocos quieren darse cuenta. El plan del Partido Popular y sus socios de Ciudadanos y VOX para entorpecer la investidura de Pedro Sánchez mediante la creación de escenarios jurídicos, que no solo la compliquen sino que, incluso y de ser posible, la hagan inviable, conllevará que este viernes tengamos uno de los momentos más complejos de los últimos años. No todos son conscientes de su  trascendencia: el intento de cesar, por la puerta de atrás, al president Torra, privándole de su condición de diputado al Parlament de Catalunya.

La maniobra, por burda que parezca desde una perspectiva jurídica, es de una simplicidad abrumadora y tal vez por eso muchos no se están dando cuenta del calado que algo así tendría para los cimientos de un renqueante sistema democrático que nunca ha alcanzado a arraigarse a nivel de lo que se denominaría cultura democrática. Aprovechándose de una norma mal encajada dentro del ordenamiento electoral y con claros visos de inconstitucionalidad, se pretende que un órgano administrativo inhabilite como diputado al president Torra, en base a una sentencia que no sólo no es firme sino contra la que recién ahora se inicia el proceso de recursos.

La JEC, como parte del Estado, es, justamente, uno de esos centros de poder que tan bien conocen los populares y que ahora han activado no contra el President Torra, que también, sino contra Sánchez y, especialmente, contra el propio sistema constitucional del que tan orgullosos dicen estar

La elección de la Junta Electoral Central (JEC) como campo de batalla no es fruto de una casualidad sino de una meditada decisión por parte de quienes conocen muy bien los vericuetos del Estado, como es el PP, y que, además, sin  estar en el Gobierno sí que mantienen un férreo control del Estado y sus estructuras. Sí, no es bueno ni sano confundir al Gobierno, efímero y cambiante, con el Estado, permanente y poderoso, porque tal error lleva a exigir a uno lo que realmente está en manos del otro.

Mientras Pedro Sánchez se aferra al Gobierno, y algunos están dispuestos a todo para ayudarle en ese propósito, los que realmente saben cómo funciona un país se centran en lo que les da poder real: controlar el Estado y sus estructuras de poder para, cuando así les interese políticamente, activar aquellos mecanismos, instituciones o personas que les permitan modificar la realidad política incluso al costo de cargarse el propio sistema que tanto dicen defender. La JEC, como parte del Estado, es, justamente, uno de esos centros de poder que tan bien conocen los populares y que ahora han activado no contra el President Torra, que también, sino contra Sánchez y, especialmente, contra el propio sistema constitucional del que tan orgullosos dicen estar.

A la JEC, que es de ellos pero que no es más que un órgano administrativo encargado, dicho en términos sencillos, de velar por el correcto funcionamiento de los procesos electorales, se le está pidiendo que dinamite lo que queda de democracia adoptando una resolución de cuyas consecuencias pocos quieren ser conscientes porque, en definitiva, se trata de apartar al president Torra de la política y, para ello, los medios poco importan.

Si grave fue la aplicación del 155 en Catalunya en octubre de 2017, lo que ahora se pretende lo es mucho más y ello por una razón muy sencilla: nos guste o no, siempre se podrá decir, y de hecho se dice, que el 155 contaba con el respaldo del Senado y, por tanto, con legitimidad democrática; sin embargo, este segundo intento, en 2 años, de cesar a un president de la Generalitat no cuenta ni con eso sino que, de materializarse, sería la decisión de un grupo de personas que no han sido votadas por nadie y que no representan ni tan siquiera al Gobierno, sino al Estado.

Admitir que la JEC tiene capacidad para cesar a un diputado al Parlament de Catalunya o a un president de Catalunya implica, sin más, admitir que también la tiene para cesar a un diputado de las Cortes Generales y a un presidente del Gobierno de España. Los precedentes tienen eso, una vez sentados siempre podrán ser utilizados y, por tanto, aquí no está en juego ni la condición ni el cargo del president Torra sino la esencia misma de un sistema democrático: el derecho de representación surgido de la voluntad popular. Hoy “A por Torra” y mañana, tal vez, “A por Sánchez” si se vuelve incómodo para el Estado, que sigue controlado por el Partido Popular.

La situación a la que está arrastrando el PP y sus socios a la nunca consolidada democracia española es única y, de prosperar, puede conllevar una implosión de todo el sistema que dicen defender y que con tanto orgullo simbolizan en sus muñecas

La respuesta a este atropello no puede ni debe ser distinta a la dada cuando se aplicó el 155 o cuando se dictó la sentencia del procés, necesariamente ha de ser unitaria y en clave de país; ninguna otra respuesta se entenderá porque, insisto, no se trata del president Torra sino del derecho de todos los catalanes a elegir libremente a sus gobernantes y, si me apuran, también el de todos los españoles a hacer lo mismo porque no estamos ya en manos de una Junta Provincial sino de la Central y, por ello, sus resoluciones, doctrina y precedentes son de aplicación estatal.

Si la JEC decide ejecutar esta suerte de golpe de estado que le propone la derecha de conjunto, las líneas de defensa son dos: la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, pero que también es Estado, y el Parlament de Catalunya, cuya autonomía y soberanía han de garantizarse. Los mecanismos con los que cuenta el Parlament no son pocos y, por tanto, será su presidente el primer responsable de asegurarse que se ponga en marcha la maquinaria legal para defender y garantizar la independencia y autonomía parlamentaria así como los derechos de los miembros de su corporación. La Ley está de su parte y solo bastará con respetarla con firmeza y convicción.

La situación a la que está arrastrando el PP y sus socios a la nunca consolidada democracia española es única y, de prosperar, puede conllevar una implosión de todo el sistema que dicen defender y que con tanto orgullo simbolizan en sus muñecas. Una destitución de estas características generará un conflicto político, pero también de carácter legal y constitucional y una auténtica disfunción jurídica mediante la cual se vaciaría de contenido el sistema de recursos porque la sentencia no es firme y se va a recurrir. Al mismo tiempo, privaría de sus exclusivas competencias, primero, al Supremo, que es el encargado de revisar esa sentencia y, luego, al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que, por imperativo legal, es el llamado a ejecutar lo por ellos juzgado.

El absurdo, la aberración y el sinsentido al que el PP y sus socios están arrastrando a un sistema ya cuestionado, dentro y fuera de España, puede generar situaciones tan abyectas como que, por ejemplo, ahora se destituya al president Torra, sustituyéndolo  por otro y que el día de mañana ganemos el recurso ante el Tribunal Supremo, previo paso por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) encontrándonos, entonces, con dos presidentes para una sola silla. Esto, si no fuese grave, me recordaría el viejo “juego de las sillas” en el que siempre había más jugadores que sillas pero, aquí y ahora ni es un juego ni es gracioso y, simplemente, se trata de defender la democracia de un nuevo intento de cargársela por los de toda la vida. ¿Les dejamos hacer o nos plantamos? ¿Lo harán solos o en compañía de otros? ¿Dónde vamos a poner el límite a las renuncias democráticas? Estas y no otras son las preguntas que debemos hacernos.