El malestar de los maestros es global. Hace casi dos décadas que soy profesor de bachillerato en el norte de Europa, y aunque algunas condiciones materiales son mejores que en Catalunya, hay una insatisfacción compartida. La profesión tuvo durante muchas décadas un objetivo claro y fundamental: impartir conocimiento de manera estructurada para crear ciudadanos autónomos. Ahora, en cambio, nos dicen que los docentes debemos ser psicólogos, enfermeros y monitores de ocio, que debemos transmitir los valores de moda y motivar a los alumnos y, sobre todo, que somos los responsables de afrontar una complejidad social que debería tratarse fuera del aula. Los políticos toman la escuela como el lugar que debe resolver, sin gastar un euro más, los problemas que ellos han decidido ignorar, y encima solo escuchan a unos gurús que trabajan al margen de la evidencia científica y la realidad en clase. La lista de agravios es interminable: el efecto nefasto de las pantallas en el cerebro de los adolescentes, la crisis de relaciones sociales, la obsesión de los gobernantes por maquillar las estadísticas, la explosión de trastornos psíquicos, el cambio del papel de las familias.
Las protestas de los maestros, por lo tanto, no son ninguna anomalía en Occidente, sino la norma. La pregunta relevante es por qué han estallado con tanta furia en Catalunya y el País Valencià, y la respuesta es obvia. Tenemos unos gobiernos que han tratado la profesión con un desprecio, una condescendencia y una voluntad autoritaria desmesurada, y que han tomado decisiones catastróficas para los servicios públicos. La famosa escuela inclusiva —que sitúa a todos los niños en la misma aula al margen de sus condiciones especiales— no es sino una medida de ahorro que perjudica al resto de alumnos y destruye la capacidad del maestro para dar clase. La ola masiva de inmigración promovida por el gobierno de Pedro Sánchez puede dar unos puntos de PIB al gobierno central, pero son los centros educativos los que deben recibir constantemente a menores que no hablan la lengua ni tienen los conocimientos adecuados.
La explosión social de los maestros deja en evidencia la incapacidad del Govern del president Illa
Los docentes catalanes han mostrado una gran dignidad y una capacidad de organización extraordinaria. Al otro lado, el Govern del president Illa no ha movilizado recursos para resolver el conflicto, sino para aplastar la reputación de sus trabajadores, porque tener una revuelta social en la calle pone en evidencia su incapacidad. Por tierra, mar y aire, los periodistas del régimen, los tertulianos de cuota, los bots anónimos en las redes se han dedicado a presentar a los docentes como unos vagos privilegiados que no trabajan y encima se quejan. Los titulares que han dejado algunos diarios y muchos presentadores estrella, siempre al dictado del PSC, dan vergüenza. Lo más sorprendente, sin embargo, es cómo Esquerra Republicana ha decidido apuñalar uno de sus graneros tradicionales de votos, y todo por los intereses personales de unos cuantos miembros de la cúpula —si fuera un cargo local de este partido, estaría muy nervioso. Dejo de lado a los sindicatos españoles mayoritarios, que han actuado como unos sicarios al servicio del Govern. Hoy no hay enemigos más grandes de la clase trabajadora que la UGT y Comisiones Obreras.
Lo más triste de todo es que Catalunya, como ocurre en todas partes, necesita revisar a fondo su sistema educativo para mejorar todo aquello que lo ha hecho entrar en crisis. Por ejemplo, sabemos que la aplicación de unas nuevas pedagogías en la primaria, con la desestructuración de la adquisición de conocimientos, favorece a los hijos de las clases pudientes y deja arrinconados a los más precarios. La fascinación por la tecnología nos ha llenado las aulas de trastos que no sirven para nada. Regalar el título de catalán a quien no lo habla es un suicidio nacional, y la bajada de contenidos nos deja desamparados ante el empuje de las nuevas potencias globales. El decreto de plantillas también ha hecho estallar un ambiente tóxico en muchos centros educativos.
De todo esto hay que hablar, pero no es posible hacerlo desde la ruptura total de la confianza, con unos maestros que viven un asedio constante y unos responsables políticos que solo saben ser prepotentes y mostrar una ignorancia colosal. Al final los que salen más perjudicados son los alumnos que, al fin y al cabo, deberían estar en el centro de todo el modelo, pero es positivo que finalmente toda la frustración se manifieste. También vemos protestas de médicos y bibliotecarios, y ojalá pronto se añadan más colectivos profesionales de nuestros servicios públicos.