A veces conviene dejar de hablar de corrupción en abstracto. Porque la palabra se ha gastado de tanto usarla. Corrupción suena ya a tertulia, a caso judicial, a sumario, a siglas, a ese ruido insoportable de los partidos lanzándose la basura a la cara. Pero la corrupción no es ruido. Es dinero. Es nuestro dinero. Y quizá por eso deberíamos empezar a preguntarlo de otra manera: ¿cuánto me cuesta a mí vivir en un país donde las cloacas no son una anomalía, sino una forma de poder?
Hay una estimación, no oficial pero sí muy citada en el debate europeo, del grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo, que calculó que la corrupción podía costar a España unos 90.000 millones de euros al año. Conviene ser rigurosos: no es una cifra oficial del Gobierno español ni una liquidación contable exacta. Es una estimación. Pero sirve para hacerse una idea del tamaño del agujero.
España tenía 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, según el INE. Si se divide esa estimación de 90.000 millones entre la población, el resultado es estremecedor: unos 1.815 euros por persona al año. En una familia de cuatro miembros, serían más de 7.260 euros anuales. Repito: más de 7.000 euros al año por familia.
Ahora pongamos esa cifra al lado de la vida real. Una amiga espera hasta noviembre el resultado de unas pruebas médicas, con la tranquilidad administrativa de que “si ven algo raro” la llamarán antes. Mi primo espera plaza en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, porque está todo saturado, aunque su rehabilitación no puede esperar eternamente, su necesaria recuperación depende de la urgencia con la que le atiendan, como la de todos los que esperan. Los niños se marean en las aulas por el calor. Las enfermerías de los colegios se llenan. Los médicos de urgencias están exhaustos. Y mientras tanto nos dicen, una y otra vez, que no hay dinero.
No hay dinero para reforzar plantillas. No hay dinero para reducir listas de espera. No hay dinero para climatizar colegios. No hay dinero para cuidar como merece a quien se ha partido la vida en un accidente. No hay dinero para que la sanidad no funcione al borde del colapso permanente. Pero sí parece haber dinero para contratos inflados, intermediarios, comisiones, redes clientelares, asesores inútiles, adjudicaciones sospechosas, campañas, estructuras duplicadas y fontaneros del poder.
Se intuye la existencia de varias cloacas enfrentadas, compitiendo por dirigirla desde abajo. Bandos que no parecen interesados en solucionar los problemas que ellos mismos generan, sino en conservar material suficiente para destruir al adversario cuando convenga
La corrupción no es solo el sobre que cambia de mano. La corrupción también es el sobrecoste de una obra pública. Es el contrato que no gana el mejor, sino el más cercano. Es el concurso diseñado a medida. Es el dinero que se pierde antes de llegar al hospital, al colegio, al juzgado, al centro de dependencia o a la carretera que había que arreglar. Es el impuesto que pagamos dos veces: primero cuando Hacienda lo cobra; después cuando el servicio no llega.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya advirtió que la contratación pública representa entre el 10 % y el 20 % del PIB español. También señaló que los procedimientos abiertos y transparentes pueden ahorrar cerca de un 10 % en los importes de adjudicación. En una muestra limitada, calculó que las administraciones podrían haberse ahorrado al menos 1.700 millones de euros entre 2012 y 2016 si se hubieran usado procedimientos más competitivos. Solo esa muestra parcial equivaldría a unos 34 euros por habitante. Y no hablamos del coste total de la corrupción. Hablamos únicamente de una parte, en un periodo concreto, vinculada a cómo se contrata.
Por eso la corrupción importa. No por moralina. No por escándalo televisivo. Importa porque se come el presupuesto público desde dentro. Porque convierte el dinero de todos en botín de algunos. Porque destruye la confianza. Porque expulsa al ciudadano honrado de la ecuación. Porque hace que la política deje de resolver problemas y se dedique a gestionar chantajes.
Bruselas tampoco describe un paisaje tranquilizador. En el Informe sobre el Estado de derecho de 2025, la Comisión Europea recoge que el 89 % de los ciudadanos españoles considera que la corrupción está extendida en el país, frente al 69 % de media europea. El 51 % cree que la corrupción afecta personalmente a su vida diaria, frente al 30 % de media en la Unión Europea. Entre las empresas, el 87 % percibe la corrupción como extendida y el 53 % la considera un problema para hacer negocios. Es decir, no es una paranoia ciudadana. Es una percepción masiva, sostenida y comparativamente peor que la media europea.
Y a esa percepción se suma lo que estamos viendo estos días: sumarios, autos, audios, libretas, agendas, declaraciones judiciales, juicios abiertos, policías hablando de políticos, políticos hablando de jueces, fiscales en el centro de la tormenta, empresarios orbitando alrededor del BOE, partidos utilizando la basura del contrario para tapar la propia. Todo ello bajo el barniz habitual: presunción de inocencia, prudencia procesal, respeto a los tribunales. Sí, por supuesto. Pero también respeto a la inteligencia de la ciudadanía.
El Estado cloacal no es solo el que espía, filtra, chantajea o fabrica operaciones. También es el que nos obliga a vivir resignados a que el dinero público se evapore mientras se nos exige cada vez más sacrificio
Porque lo que se intuye es mucho más grave que un caso aislado. Lo que se intuye es la existencia de varias cloacas enfrentadas. No una cloaca contra la democracia, sino varias cloacas compitiendo por dirigirla desde abajo. Bandos que no parecen interesados en solucionar los problemas que ellos mismos generan, sino en conservar material suficiente para destruir al adversario cuando convenga. Y entonces la política deja de ser gobierno y se convierte en extorsión diferida.
Nos han acostumbrado a pensar que la corrupción es algo que ocurre lejos: en un despacho, en una adjudicación, en una conversación grabada, en una libreta, en una comida discreta. Pero no. La corrupción está en la cita médica que no llega. En la ambulancia que tarda. En el colegio sin sombra. En el médico que no puede más. En el joven que se marcha. En el autónomo asfixiado. En la familia que paga impuestos de país rico y recibe servicios públicos cada vez más tensionados. La factura de la cloaca no la pagan “los políticos”. La pagamos nosotros.
Y quizá por eso el hartazgo es tan profundo. Porque mientras ellos se acusan de golpistas, corruptos, mafiosos o víctimas de lawfare según el día y según convenga, el ciudadano sigue esperando. Espera la prueba médica. Espera la rehabilitación. Espera que alguien arregle el aula. Espera que le atiendan en urgencias. Espera que la justicia sea rápida. Espera que los impuestos vuelvan convertidos en servicios y no desaparezcan por alguna alcantarilla del sistema.
El Estado cloacal no es solo el que espía, filtra, chantajea o fabrica operaciones. También es el que nos obliga a vivir resignados a que el dinero público se evapore mientras se nos exige cada vez más sacrificio. La cuestión no es si la corrupción indigna, porque claro que indigna. La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a pagar por ella.
Porque si la estimación de 90.000 millones se acercara siquiera a la realidad, cada español estaría poniendo sobre la mesa más de 1.800 euros al año para sostener un agujero negro. Y aunque la cifra exacta pueda discutirse, lo que ya no se puede discutir es la evidencia: la corrupción cuesta. Cuesta dinero, cuesta salud, cuesta oportunidades, cuesta confianza y cuesta democracia.
La cloaca no es una metáfora. Es una factura. Y nos la están cobrando a todos. ¿Qué podemos hacer al respecto?