Ha sido necesario un accidente de tren grave como el choque de dos convoyes de alta velocidad en Toledo para que los españoles se den cuenta del mal estado de las infraestructuras, en este caso ferroviarias, que tiene España. ¡Bienvenidos al club! Quizás así entiendan por qué los catalanes llevan tanto tiempo quejándose del mal funcionamiento del servicio de Rodalies en Catalunya por culpa del mal estado de los trenes, las vías, las catenarias, las señales, las estaciones, los túneles y toda la infraestructura en general. Afortunadamente, no ha habido ninguna desgracia de la magnitud de la producida por el impacto entre un convoy de Renfe y uno de la compañía italoespañola Iryo, pero no hay ningún día en el que funcione con normalidad. Si la red de alta velocidad resulta que no está en buen estado a pesar de haber invertido en ella desde el primer día lo que no está escrito, imagínense cómo se encuentra un servicio de Rodalies en el que hace muchos años que no se ha invertido lo que tocaba o en el que sencillamente no se ha invertido nada.
Menos mal que la alta velocidad ha sido la niña de los ojos de todos los gobiernos españoles de turno, sean del PSOE o sean del PP, a costa de no dedicar el esfuerzo que correspondía a las Rodalies de Catalunya —no es el caso de las de Madrid, que bien que funcionan como una seda—, que no paran de tener problemas. Retrasos y cancelaciones son, en el mejor de los casos, el pan nuestro de cada día, cuando no es que el tren se estropea en medio de la nada y a los usuarios les toca ponerse a caminar por la vía. Por no hablar de las deficiencias que tienen los vagones, de las estaciones que están cerradas y que, por lo tanto, no sirven para nada, de las catenarias y las señalizaciones que se estropean cada dos por tres o de los túneles que se aguantan con alfileres. A todo esto hay que añadirle los robos de cable de cobre —que, al parecer, solo se dan aquí, porque no se tiene noticia de que ocurran en ningún otro sitio—, que lastran todavía más su funcionamiento. Esta es la normalidad del servicio que prestan Renfe —el operador de Rodalies y media distancia— y Adif —el gestor del conjunto de la infraestructura ferroviaria en España— en Catalunya.
Y es que a Catalunya, de hecho, le interesa más que primero funcionen bien las Rodalies antes que la alta velocidad, porque es lo que usan todos los días trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general y es lo que les debería facilitar a todos la vida en lugar de complicársela. Dicho esto, es obvio que en pleno siglo XXI debe existir también un servicio de alta velocidad en condiciones, como lo hay en la mayor parte de los países europeos, fiable tanto en cuanto a los horarios y la puntualidad como a la seguridad. Pero el accidente de Toledo, meses después del también mortal de Córdoba en la misma línea entre Madrid y Sevilla, ha dejado el servicio muy tocado. El caso es que cualquiera se fía ahora, y la incógnita es cómo se ha llegado hasta aquí. ¿Ha habido falta de mantenimiento? ¿Tanto se ha estrangulado el presupuesto en cuestión de seguridad? ¿No se ha reinvertido lo necesario para adecuar todos los materiales a las últimas innovaciones del mercado? ¿O alguien ha metido la mano en la caja? Seguramente todo a la vez y un poco más. Pero, sea como fuere, son tan responsables los gobiernos del PSOE como los del PP, porque ellos son, históricamente, los que se han repartido, una legislatura el uno, una legislatura el otro, la administración del sistema ferroviario español.
España ya no puede esconder más que es un Estado fallido por culpa de la negligencia de unos gobiernos, sucesivamente, del PSOE y del PP
Ahora bien, el principal señalado es, lógicamente, quien tiene el gobierno en sus manos en el momento en que han sucedido todas las desgracias, y es normal, pues, que sean el PSOE y el gabinete de Pedro Sánchez los que se lleven las bofetadas. Si, además, el accidente que ha destapado la caja de los truenos —el de Toledo— se ha producido en plena campaña electoral de los comicios españoles del 29 de noviembre, el revuelo está servido. Y huelga decir que todas las formaciones han hecho un uso absolutamente partidista del asunto, y de forma muy especial las de la oposición, con el PP a la cabeza, para desgastar a un líder del PSOE que, tras este episodio, es muy difícil, por no decir imposible, que levante cabeza. Es en este contexto, precisamente, en el que se debe situar la dimisión del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el siempre polémico Óscar Puente, como responsable político de la materia, porque es evidente que, en un país en el que justamente nunca ningún responsable político se va a casa por voluntad propia, si no fuera por la coyuntura electoral, él, probablemente, tampoco habría dimitido. Pero como el PSOE lo tiene igualmente todo perdido, así aún parece que quede bien.
La utilización partidista de los desastres ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), en todo caso, lo que pone de manifiesto es la bajeza moral de la política española, que, ni por respeto a los muertos que ha habido, ha podido dejar de lado la imagen de unos y otros tirándose los trastos a la cabeza. La sensación que transmiten todos ellos es que les importan poco las víctimas y el estado en el que se encuentran los materiales y las infraestructuras de la red de alta velocidad y que solo les interesa el rédito electoral que pueden sacar. Y eso que se empiezan a conocer informes técnicos que avisan, por ejemplo, que en la misma línea de Madrid a Sevilla hay otros tramos con deficiencias idénticas a las que provocaron el primero de los accidentes, pero a los dirigentes españoles no parece que les preocupe mucho. Así, no es extraño que incluso la Unión Europea (UE) les haya amonestado y haya mostrado su preocupación por el estado en el que se encuentra un servicio tan esencial en la sociedad actual como el de la alta velocidad.
De hecho, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación por posible fraude en la renovación y mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea afectada por los siniestros. En concreto, el ente europeo examina contratos relacionados con el mantenimiento de la vía férrea y con los sistemas de seguridad por presunta desviación de fondos europeos, fraude en las subvenciones y malversación, entre otros supuestos delitos. Esta es la segunda investigación que ha puesto en marcha la Fiscalía Europea, después de que a raíz del primer accidente en Córdoba abriera otra en el mismo sentido. El resultado es que, ante todo esto, España no queda en muy buen lugar y muestra al mundo su cara más turbia y oscura, aquella que recuerda la picaresca de un personaje como el Lazarillo de Tormes, según la cual a menudo da la sensación de que el país no sea más que un bluf, como un castillo de naipes que se cae al primer soplido.
Lo que es seguro es que, debido a todas estas desgracias ferroviarias, España ya no puede esconder más que ha perdido definitivamente el tren, que, en realidad, es un Estado fallido por culpa de la negligencia de unos gobiernos, sucesivamente, del PSOE y del PP que nunca han sabido estar a la altura de las circunstancias. Ahora es el de Pedro Sánchez el que ha quedado en evidencia y no hay ninguna garantía de que, si Alberto Núñez Feijóo lo releva, tenga que cambiar gran cosa. Al contrario. El líder del PP ya se ve en la Moncloa, pero el problema es que justamente su partido no está, a la vista de la experiencia, en condiciones de dar lecciones de nada y, en consecuencia, la confianza que genera es nula. A todos el tren les ha pasado por encima.