Por primera vez, el conflicto entre las autoridades catalanas y el Gobierno de España se sitúa de manera clara y directa en fase de colisión. Esa es la consecuencia de la contundente respuesta del Tribunal Constitucional, que, por unanimidad, acepta el recurso presentado por el Gobierno e incorpora el apercibimiento individualizado de responsabilidades penales en caso de desobediencia a todo el Govern de la Generalitat y a toda la Mesa del Parlament (incluido el secretario general como letrado mayor). Por primera vez, el TC se dirige por sus nombres y cargos a 21 personas (empezando por Artur Mas y Carme Forcadell) instándoles a obedecer su resolución, que impide desarrollar, en cualquiera de sus facetas, la resolución de desconexión aprobada el lunes por el Parlament.
Es obvio, después de la resolución del TC, que cualquier iniciativa del Govern de la Generalitat, de la propia Administración catalana en cualquiera de sus diferentes departamentos, del Parlament de Catalunya, de su Mesa o de una de sus comisiones o, incluso, de una iniciativa parlamentaria de alguno de los dos grupos independentistas (Junts pel Sí y la CUP) que desarrollara alguno de los ocho puntos de la resolución rupturista con el orden constitucional aprobada por el Parlament obligaría a intervenir al Constitucional por desacato.
Así, el contencioso subió ayer un escalón. Y a las pocas horas subió uno más después de que la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, señalara que el Ejecutivo en funciones que preside Artur Mas tiene intención de tirar adelante el desarrollo de la resolución independentista. Se supone que sería si Junts pel Sí sacara adelante en las próximas la investidura de Artur Mas en segunda votación. Algo que hoy tiene pocos visos de hacerse realidad a causa de la negativa de la CUP a dar por buenas las concesiones del president en funciones en forma de cesión de poder a tres vicepresidentes: Oriol Junqueras, Raül Romeva y Neus Munté.
En las horas que faltan para la segunda votación de investidura, Mas deberá ampliar su reciente oferta si quiere captar al menos dos votos a favor de la CUP. Todo ello en medio de un enorme enojo de los diputados de Junts pel Sí por lo que consideran sin ambages un inaceptable gesto de intransigencia de los diez diputados cupaires después de que el president en funciones hubiera recogido la idea que ellos mismos lanzaron de una "presidencia coral". La política catalana hace tiempo que entró en un territorio imprevisible y desconocido.