“Más que galopar, Pegaso suele ir al paso”
Gustave Flaubert
Ninguna democracia debería tener un sistema como Pegasus. El nombre fue bien elegido. Pegaso, el hijo de Medusa, era un caballo indomable y allí donde pisaba surgía el agua y, en la actualidad, los charcos. Todo el mundo quería poseerlo y montarlo, pero no era posible. Todos los estados quieren cabalgar la seguridad total o el conocimiento total. Gran Hermano es cosa del ayer. Era tan difícil dominar a Pegaso que Belerofonte le pidió ayuda a la diosa de la sabiduría Atenea para capturarlo y cabalgarlo. Eso tal vez han pretendido hacer a través del conocimiento tecnológico, obtener esas bridas de oro que Atenea regaló para poder domesticar a tal caballo.
Belerofonte usó de tal privilegio para muchas hazañas ―como matar a Quimera― y tal goce de éxitos lo volvió narcisista y orgulloso hasta el punto de pensar que sobre Pegaso podía llegar donde deseara, podría ser un dios. Así que se encaminó al Olimpo montado en su caballo alado y tal fue el cabreo de Zeus ante su insolencia, que mandó un ínfimo tábano a picar al caballo alado. Este, molesto, se removió y desmontó a Belerofonte que cayó al abismo despeñado. ¿Cuántos estados democráticos acabarán como Belerofonte?
Ninguna democracia debería haber comprado un sistema como Pegasus. Ayer me lo decían un par de cargos judiciales importantes y horas después volvía a leer algo similar en la querella que Gonzalo Boye ha presentado ante los juzgados de Madrid. Éste mantiene que no sólo la utilización que se le ha dado en su caso y en otros es delictiva, sino que el software es en sí mismo ilegal en cualquier estado democrático. Y estoy de acuerdo. Una democracia no puede montar a Pegasus y salir indemne, no puede utilizarlo y no vulnerar pilares intocables del andamiaje del estado de derecho. Sólo los fascistas y los descerebrados aplauden que se haga cualquier cosa para evitar lo que no se desea, aunque sea la comisión de delitos. Un estado de derecho va de luchar contra el mal respetando unas líneas de contención y de derechos. Luchar contra el mal sin respetar nada es muy fácil, tan fácil como convertir a ciudadanos en esclavos bajo vigilancia.
Recomiendo la lectura de la querella de Boye a muchos de los que llevan días hablando de esto sin saber de qué hablan. El repaso del funcionamiento del sistema, de los antecedentes internacionales y de otros datos de contexto es mejor que muchos artículos indocumentados que he leído por ahí. Hoy, sin embargo, me voy a quedar con las razones por las que cualquier estado democrático debería inmediatamente deshacerse de instrumentos así para pasar a dedicar sus esfuerzos a contrarrestarlos y a evitar que sean usados en su territorio. La Unión Europea nunca debió dejarse tentar por unas bridas de oro que han resultado ser de esparto.
¿Cómo puede pensarse que un estado democrático puede comprar con dinero público semejante aberración democrática? Lo tienen otros, me dirán. También tienen ojivas nucleares y nosotros no. También asesinan disidentes y nosotros no. Hay muchas cosas inimaginables en un estado decente y Pegasus es una de ellas
La cuestión es que el sistema Pegasus no sólo viola todo el contenido de un smartphone ―aplicaciones, correo, mensajería, navegación, localización, agenda, llamadas, historial de llamadas, contactos, puede activar el micrófono y la cámara, puede hacer capturas de pantalla, no sólo monitoriza documentos sino que puede acceder a los mismos y capturarlos y alterarlos, incluso puede mandar mensajes como si fueras tú―. En palabras del supervisor europeo de Protección de Datos, Wiewiórowski, no es que limite el derecho fundamental a la intimidad o que lo reduzca, sino que lo elimina. Por ese motivo considera que jamás puede afirmarse que su uso siga el principio de proporcionalidad, porque nunca será proporcional tal anulación total de la intimidad de un individuo en una democracia.
Boye le dice al juez que el instrumento es en sí mismo ilegal, aunque haya veces que se pretenda usar legalmente, porque es imposible por sus características que respete la legalidad democrática. “No sólo se requiere de autorización judicial, sino que debe haber una resolución, en el marco de un procedimiento, con una finalidad específica que sustente la excepcionalidad y que deberá ser ejecutada por funcionarios públicos españoles”, recuerda la querella. Ahí está otra de las cuestiones que hace que este sistema sea propio de dictaduras. Los datos que fluyen del teléfono infectado no van directamente a los infectadores, los clientes de NSO, sino que son archivados por servidores de esta empresa y de ahí redireccionados a sus “clientes”. No son funcionarios españoles ni servidores de agencias españolas los que tratan los datos y tampoco hay ninguna constancia de que estos no sean vendidos a terceros o utilizados de cualquier otra forma.
“Tampoco es posible así cumplir la obligación legal relativa al borrado y destrucción de los datos al terminar el procedimiento judicial” ni, desde luego, puede realizarse ningún cribado de lo que es pertinente para lo que se investiga y lo que no. Además, como hemos visto, los datos no serían ni siquiera utilizables ante la justicia, puesto que el sistema puede ser utilizado para “plantar” falsas incriminaciones, alterar documentos o enviar mensajes que el propietario del móvil jamás envió. ¿Cómo puede pensarse, cómo se pensó, que un estado democrático puede comprar con dinero público, de los contribuyentes, semejante aberración democrática? Lo tienen otros, me dirán. También tienen ojivas nucleares y nosotros no. También asesinan disidentes y nosotros no. Hay muchas cosas inimaginables en un estado decente y Pegasus es una de ellas.
Hay mucho revuelo politiquero en torno al caso. Gente a la que le importa más a quién perjudica o a quién beneficia la historia que la gravedad de la misma. ¿Cómo afrontar esta brutalidad? ¿Todo gobierno tiene que aceptar una decisión del gobierno de Rajoy que tuvo que ser adoptada siempre pensando que el fin justifica los medios? Contra ETA no se usó tal cosa. No existía y nos apañamos. NSO ha confesado tener 60 clientes, así que fíjense que hay muchos más estados que no tienen este “arma informática”, como la llama Israel, que los que la tienen. Si España fuera uno de los casi doscientos estados que no la poseen, no tendría ningún sentido discutir si fue el Estado el que violó a los independentistas o no. Lo tendríamos claro.
El Gobierno ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional que ha recaído en el juez Calama. Un mero papel que no aportaba ninguna documentación ni el análisis del Centro Criptológico. Nunca jamás hasta ahora se ha pretendido que un juez, con sus métodos y sus medios, descubra e investigue un entuerto de espionaje y menos de este nivel. En el caso de las escuchas del Cesid, los periodistas lo llevaron mascado con las filtraciones de dentro y aún así… La Audiencia Nacional no va a descubrir quién espió al Gobierno porque para eso precisaría de un acceso a áreas secretas que no va a tener. Por mucho que pida el fiscal, no van a desclasificar las pruebas que necesitaría para avanzar. Ya lo verán. Lo más probable es que declare inmediatamente el secreto de sumario, tal vez que intente atraer otros procedimientos abiertos por otros jueces sobre las escuchas a indepes, y que luego eso vaya a vía muerta. La comisión de investigación fenecida antes de nacer tampoco hubiera servido para nada. Ruido y titulares y, en este caso, a más ruido, menos cerca de la verdad.
Sería decisivo que una violación de derechos de esta importancia llevara al fin a replantear y rediseñar los servicios de inteligencia españoles. Limpiarlos, fijarlos. Separar el servicio exterior de las tareas de información internas. Prescindir de armas tan guarras que avergüenzan, con juez o sin juez. Me pregunto si el propio magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, es consciente de todo lo que autoriza cuando autoriza una infestación. Lo dudo mucho, porque ni siquiera los 18 casos que se confiesan como legales, resisten el más mínimo juicio de proporcionalidad.
Ninguna democracia debería emporcarse con un instrumento propio de dictaduras y, sin embargo, no sólo lo han hecho, sino que éste campa de forma descontrolada al alcance incluso de corporaciones y de policías corruptas. Eso es lo que hay que arreglar y creo que no van por buen camino.