“No hace mucho que leí
Tu carta y, sin fuerzas, para contestar
Mil pedazos al viento nos separarán”
Héroes del Silencio
La carta le ha llegado a Lesmes. La tiene. Es oficial. Ayer por la mañana me lo decían: “está aquí”. Es la carta remitida por la consellera Ciuró ―a efectos de la documentación oficial del CGPJ, “la consejera”, que parece que si le dan su título sin castellanizarlo, se les rompe el armazón―. La consellera Ciuró se dirigió a Lesmes por escrito para trasladarle su preocupación “por la actividad en las redes sociales de la cuenta de Twitter Randy Watson @EstadoCharnego que, según han publicado diferentes medios de comunicación, tiene como titular al magistrado del juzgado de lo social número 1 de Barcelona, Carlos Antonio Vegas”. Ese juez que tuiteó, entre mil burradas, que ya era hora de que los jueces catalanes le negaran la razón a la Generalitat aunque la llevara, como ya comenté en "Prevaricando a la charnega".
Lesmes tiene la carta y a primeras horas de la mañana de ayer, cuando pregunté, no se sabía aún qué iba a hacer con ella o así me lo dijeron. Curiosamente, a primera hora de la tarde, ya se comunicaba a los vocales que el gabinete de presidencia había decidido qué trámite darle. Casualidad de la vida, que siempre se me ocurre preguntar por las cosas un rato antes de que les den curso, ya saben. Pues lo cierto es que Lesmes no tenía ninguna prisa ni reunió de urgencia a la comisión permanente como sí hizo con el tuit de la ministra Belarra que criticaba al Supremo por la condena del diputado canario de Podemos ni, por supuesto, ha hecho inmediatamente un comunicado público o una acción real para afearle la conducta al juez Vegas. De eso nada. Eso sí, el gabinete de la presidencia ha introducido la cuestión en el orden del día de la próxima comisión permanente del CGPJ para “su toma de conocimiento”. O sea, no mucho, como se imaginan. Al menos ya no va a seguir en el cajón donde reposaba desde hace diez días. Lo que Lesmes le propone a la permanente es que acuerden “tomar conocimiento de la carta de la Consejera de Justicia de Cataluña de 3 de diciembre… y adoptar la decisión que se considere oportuna”. Es la forma de Lesmes de sacudirse el polvo de la toga encima de un órgano colegiado. Así si la envían al archivo P ―de papelera― no habrá sido cosa suya.
La cuestión del uso que algunos jueces están haciendo de las redes sociales de modo que compromete de forma importante su imparcialidad es muy grave. Junto al caso del tal Randy Watson hemos tenido esta semana la revelación de los post de Facebook del juez de Granada que ha firmado el aberrante auto judicial en el que deniega la suspensión de la pena tras el indulto a Juana Rivas, para lo cual compromete la intimidad de un menor y, además, utiliza argumentos falsos. Esta nueva estrella de las redes, el juez Piñar, ha dejado todo un reguero de mensajes en los que la emprende con las feministas, “feminazis”, o llama literalmente al ministro de Interior “¡valiente hijo de puta!”. Pura libertad de expresión del magistrado. Ve tú y rapea o que se le ocurra a un político catalán llamar en un tuit "hijo de puta" a Lesmes, a ver qué pasa.
La cuestión del uso que algunos jueces están haciendo de las redes sociales de modo que compromete de forma importante su imparcialidad es muy grave
La consellera Ciuró hacía referencia en su carta a las consecuencias no sólo disciplinarias sino éticas de semejante desempeño de los señores que deciden sobre vidas y haciendas en Twitter: “Más allá de si está incumpliendo o no el régimen disciplinario, vulnera el código ético que insta a la independencia, la imparcialidad, la integridad y la cortesía de los jueces, tal y como indica, por ejemplo, el artículo 31 de dicho código: 'El juez y la jueza, como ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión que ejercerán con prudencia y moderación con el fin de preservar su independencia y apariencia de imparcialidad y mantener la confianza social en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales'”, decía en la misiva.
El problema existe y la respuesta del CGPJ no deja de ser corporativa y poco útil. Esta misma semana, la Comisión de Ética Judicial y la Escuela Judicial han organizado las “I Jornadas formativas entre jueces y magistrados sobre la Función de la Ética Judicial en un Mundo Interconectado”, que van a costar al erario público cerca de 28.000€. Las jornadas en sí serían necesarias y muy pertinentes, porque la cuestión como vemos se está poniendo fea para la imparcialidad y hasta para la propia imagen del Poder Judicial: jueces que se hacen fotos comiendo y ensalzando a Macarena Olona, jueces que abren cuentas para escarnecer a periodistas, jueces que insultan a políticos de izquierda, que piden prevaricar para luchar contra el independentismo y tantas otras. El problema es el del enfoque, que tiene pinta de ser una nueva tenida corporativista en la que se van a congregar los jueces que están en redes ―los que están con su nombre y los que están bajo seudónimo― y ellos mismos van a valorar si está bien lo que hacen y si les tienen que poner algún límite. Adivinen lo que va a salir: básicamente que es su libertad de expresión y que hay una conspiración de medios de comunicación y periodistas y políticos para criticar a la carrera y al Poder Judicial por lo que es preciso que se defiendan. De que esto se dice me juego una caña, aunque no se lo podré contar de primera mano, ni yo ni nadie, puesto que son a puerta cerrada y no hay ni un sólo comunicador o experto en redes entre los ponentes.
Habrá diversas posturas, porque algunos de los magistrados llamados al cónclave opinan, como lo hago yo, que la postura del juez que mantiene su nombre en secreto pero hace uso de su condición de juez es realmente abusiva. Un juez que no da la cara en redes y dice ser un ciudadano más usando su libertad de expresión no puede reclamarse y afirmarse miembro del Poder Judicial en su cuenta y si va a hacerlo, debe hacerlo a cara descubierta, como lo hacen diputados, miembros del Gobierno, periodistas u otros personajes públicos. ¿Se imaginan una cuenta en Twitter que fuera @MinistroCanallita que nos dijera que es un miembro del Ejecutivo emboscado y estuviera día sí y día no insultando jueces o atacando a Lesmes? Dejan además inerme para recusar al ciudadano con el que tengan una discusión o al que muestren animadversión, porque ¿cómo sabes si el juez que lleva tu asunto es el que se esconde bajo ese bonito seudónimo con el que te has peleado?
Las cosas son tan surrealistas que en la memoria económica presentada para la aprobación de las jornadas y la atribución del gasto “con cargo al presupuesto de la Comisión de Ética Judicial” va desgranando el nombre y destino de las personas a las que habrá que pagar alojamiento y manutención en Madrid ―“Carmen tal, de Mérida, David tal del TSJ de Asturias...― hasta que llega a “Judge the Zipper, de quien se desconoce de momento su identidad, que intervendrá en la mesa redonda del 16 de diciembre”. Y si desconocen su identidad ¿cómo han comprobado que es un juez de verdad y no de la Señorita Pepis? ¿a quién le van a reservar la habitación y pagar la intervención? Nunca en la vida había visto en una memoria oficial de gasto público la aparición de personas emboscadas bajo nombres ficticios, a fin de cuentas Zipper es un personaje de Joseph Roth además de una cremallera. Esperemos al menos que no participe en la charla con una máscara de carnaval puesta. Parece inadmisible que el CGPJ incorpore a una sombra a uno de sus cursos y ponga en un documento oficial tal memez.
El tema es muy pertinente y coincide totalmente con la preocupación expresada por la consellera en su misiva. Hasta el momento la Comisión ha emitido cinco dictámenes relativos a este asunto que no han calado mucho en el juez Vegas ni en otros y que no tienen ningún valor coercitivo, por lo que, más allá de ser “una temática abierta que es objeto de debate y reflexión continuada dentro de la Carrera” (sic), no creo que las jornadas nos libren de casos como los que denuncia Ciuró.
La carta ha llegado, pero los hechos me temo que se van a hacer esperar.