“La historia de las ciudades se refleja en sus cloacas”
Victor Hugo

Más allá de la necesidad de desclasificar las resoluciones judiciales —que autorizaron estrambóticas y surrealistas violaciones de derechos de líderes catalanes— parece que va ganando terreno la sensación de que aquí hay más porquería. Mucha porquería, pero diferente. Cuentan los que pueden que en la comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales, la ya finiquitada Paz Esteban mencionó de forma perfectamente audible el sintagma “otros servicios estatales”, como quien deja caer la cosa. No en vano, varios de los asistentes tuvieron la sensación de que la directora del CNI ya sabía que estaba muerta y que, ante la evidencia, y dentro de sus posibilidades, intentó sembrar miguitas a lo Pulgarcito sin violentar sus obligaciones de secreto. Si el CNI solo reconoce 18 infestaciones, ¿de dónde salieron las otras? Y ahí les dejo rebotando la expresión. Recuerden, “otros servicios estatales”, porque luego volveremos a ello.

Una ministra, muy indignada por el maltrato a los chicos del espionaje, también debía tener la mente por lugares semejantes, porque en conversaciones privadas dejó caer que “los Villarejos” podían seguir detrás de las cosas raras y con ese mote desdibujado pero suficientemente preciso, sólo se podía referir a los restos de la infraestructura ilegal que se creó en Interior —Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil— en tiempos de Mariano Rajoy. Y, sin embargo, ayer mismo, el ministro Marlaska que anda agazapado durante toda la crisis, aseveró con rotundidad que su ministerio “sólo usa SITEL”. Se trata de un Sistema Integrado de Interceptación Legal de Telecomunicaciones, que funciona con total registro y es operado por Fujitsu, con autorización de los jueces penales, colaboración de las compañías de telecomunicaciones españolas y cuyo uso está perfectamente documentado por el Poder Judicial. ¿Podemos creerlo? Lo que no nos dice el Ministro ni nos ha dicho nunca es si llamó a Desatranques Estado cuando llegó al cargo y si consiguió desmontar el sistema ilegal que se había fraguado en las cloacas con sus antecesores. Era un compromiso tras la moción de censura de 2018, que el nuevo Gobierno llegara al fondo de esas cloacas, que desmantelara la “policía patriótica” y que se deshiciera de toda la porquería que encontrara. ¿Qué ha hecho al respecto Marlaska? ¿Ustedes lo saben? Yo, tampoco y lo que es peor, tampoco lo saben los representantes de los grupos parlamentarios.

La posibilidad de que el CNI diga la verdad es realmente alta. Eso significaría que entre el número de teléfonos atacados que ha localizado The Citizen Lab, más los que aún localizará e iremos sabiendo, y los que fueron autorizados por el Tribunal Supremo, hay una diferencia muy destacable que no sería imputable a los servicios de inteligencia sino a otras fuerzas oscuras que trabajarían con sus propios objetivos o con las de aquellos a los que apoyan. Sobre esta opción se están volcando ya la mayoría de los partidos independentistas y por ese motivo ERC, BNG, Bildu, CUP, Junts, PdCat, Compromís y los Comuns han registrado en el Congreso la solicitud de una comisión de investigación sobre las cloacas cuyo apestoso hedor acaba de invadir toda la vida política nacional.

No hay otra opción para un gobierno progresista que no sea arremangarse y meter a alguien en los colectores para llevar a cabo un desatranque democrático de la porquería que amenaza con anegar el sistema. No hay otra que fregar y purgar y legislar para intentar depurar los flujos malolientes del Estado español.

Basta con unir los puntos de la información que tenemos, como los niños en el parvulario, para poder ver un dibujo que hace que la opción de una utilización de armas de spyware de forma descontrolada por parte de aparatos del Estado, aparezca ante nosotros. Recogen los grupos parlamentarios en su petición, que ya otra comisión del Congreso en 2017 determinó que siendo ministro Fernández Díaz se creó una estructura policial por orden del DAO Pino para obstaculizar la investigación de la corrupción del PP. ¿Qué pasó con ella? Sobre todo, ¿qué pasó con los instrumentos que compraron en Israel? Porque los compraron. No sólo en algunos sumarios judiciales aparece la correspondencia entre miembros de la policía y los responsables de NSO —utilizando la estructura del buzón muerto— sino que no me extrañaría nada que en un momento dado aparezca el contrato de esa compra. ¿Qué cara va a poner entonces el Ministro del Interior?

El intento de estos partidos para que se investigue cualquier trama parapolicial que esté violando derechos constitucionales de ciudadanos y su vinculación con lobbies de presión o entidades privadas o empresariales, puede que no llegue a nada porque no sea apoyado por el propio PSOE. Lo que es impensable es que el ministro Marlaska, si de verdad ha desmontado ese lodazal, no dé cuentas de la limpieza realizada. No existe ningún riesgo de seguridad en explicar en sede parlamentaria cómo te has deshecho de una mierda que además no es tuya. Ahora bien, desconocer que esa mierda sigue fluyendo por tus cloacas o saberlo y ocultarlo, eso es inadmisible.

Hay demasiados puntos que unir. Pongan entre ellos la aparición en diversos sumarios judiciales de información aportada por las policías —muchas veces en los llamados informes de inteligencia— de la que no se puede acreditar el origen ni llevar a cabo una trazabilidad. No es un secreto que todo el montaje del caso Tamara Carrasco partió de un audio de su mensajería que nunca se ha podido saber cómo acabó en manos de la Guardia Civil y cómo acabó dando inicio a un procedimiento judicial. Y hay ya mucha gente buscando más cosas extrañas relacionadas con un asunto que ninguna democracia seria puede obviar, como si bastara con taparse los ojos para no verlo. Poco a poco seguirá resbalando la mierda.

Por eso no hay otra opción para un gobierno progresista que no sea arremangarse y meter a alguien en los colectores para llevar a cabo un desatranque democrático de la porquería que amenaza con anegar el sistema. Miren, aquí todo circula, pero uno no puede quedarse impasible cuando sabemos que estas cloacas grabaron hasta a agentes del CNI —en el Caso Pequeño Nicolás— y que hay empresarios privados que las contrataron para navajear a una doctora en un asunto de intimidades frustradas. Todo eso cuadra con parte de lo que está aflorando ahora. No hay otra que fregar y purgar y legislar para intentar depurar los flujos malolientes del Estado español.

Marlaska es parte del misterio e, inopinadamente, parece haber logrado quedarse fuera del asunto, pero como no depuren eso antes de que llegue un gobierno del PP con Vox, nos vamos a enterar todos de lo que vale un peine. Marlaska incluido.