Recién terminada la media veda para la codorniz o la paloma torcaz en los cotos madrileños, los cazadores limpian ya los tubos de sus rifles para la temporada de caza mayor. Algunos ejemplares de ciervos, gamos, muflones o jabalíes corren riesgo cierto en pocos días en fincas y cotos aunque la vida cinegética en realidad no para nunca en la Villa y Corte. Siempre ha habido partidas de cazadores dispuestos a abatir todo lo que se moviera, sobre todo a lo que no formara parte de sus círculos de poder o simplemente que les estorbara el paso. La caza mayor en Ñ no tiene veda. Siempre hay objetivos señalados, ruido de jauría y gente en los apostaderos esperando a que pase esa pieza a la que hace años que han echado el ojo y que sigue trotando con esas hermosas astas sin saber que alguien acecha.

En esta temporada que acaba de arrancar, los cazadores lo tienen fácil a la hora de apuntarse a la montería correcta, porque lo que podríamos llamar “urgencia patriótica” se lo ha puesto bien sencillo. Cualquier adhesión es bienvenida y poco importa que para ello se tenga que poner en duda la esencia de la institución a la que representan. Uno de los trofeos de la temporada jurídica es, sin lugar a dudas, Gonzalo Boye. Boye pertenece a esa especie de “sus scrofa” de gran alzada y buen olfato que cuando es preciso avanza con la crin erizada por terrenos resbaladizos y nunca ha sido del todo bien aceptado en los sectores de traje duro y corbata hasta el gaznate de la capital. Ahora no hace falta ser un lince para darse cuenta de que van a por él, creen que pueden cobrarse pieza, y no de forma metafórica. El objetivo final sería conseguir su expulsión del Colegio de Abogados para impedir que pueda ejercer. Y no van en broma. De paso, es posible que esta tensión por el procés y, sobre todo, por el proceso del procés acabe llevándose también por delante la unidad de la Abogacía.

En este intento de abatirlo profesionalmente hay quien está dispuesto a apretar el gatillo, pero también existen los comparsas excitados por la promesa de la sangre, que saben que sólo tienen cosas que ganar posicionándose en el lado correcto, que desde luego actualmente no es el de Boye. Las declaraciones patrióticas y extemporáneas no sólo no pueden perjudicar a un decano sino que le granjearán seguro el aplauso y quién sabe qué otros parabienes. Así las cosas, el Consejo General de la Abogacía, que agrupa a los decanos de todos los colegios del Estado, vive un momento de marejada y de zozobra. Por un lado, tiene en su seno al Colegio de Abogados de Madrid, que no sólo no ha dado el amparo solicitado al abogado de Puigdemont sino que ha visto como su decano salía a la palestra para amparar al juez Llarena, a su instrucción, al Tribunal Supremo a la jurisdicción española toda y al que sólo le faltó un ¡Viva el Rey! para concluir su extraña maniobra. Junto a él los decanos de Melilla y Málaga, que se han unido también a la manifestación patriotera que nadie les había pedido. Y en el otro flanco a todos los decanos sentados en el Consell de l’Advocacia Catalana que ayer mismo le dieron amparo testimonial a Gonzalo Boye de forma unánime tras la petición de 380 abogados catalanes. Las aguas bajan turbias para la abogacía española, que corre el riesgo de partirse en dos o más bloques por este asunto a pesar de todos los intentos de Victoria Ortega, la presidenta nacional, por nadar en aguas turbulentas. Ahora aún queda otra incógnita importantísima por despejar que se refiere a la postura del Colegio de Abogados de Pamplona, al cual Gonzalo Boye también pidió amparo dado que mantiene una doble colegiación. Si Pamplona otorgara el amparo efectivo al abogado, la posición del Colegio de Madrid quedaría claramente en evidencia.

Las declaraciones patrióticas y extemporáneas no sólo no pueden perjudicar a un decano sino que le granjearán seguro el aplauso y quién sabe qué otros parabienes

Como les contaba el otro día de los fiscales, también los posicionamientos en torno a la opinión mayoritaria tienen premio entre los abogados. El decano de Málaga, Francisco Javier Lara, por ejemplo, que aspira en un año a hacerse con la presidencia del Consejo General de la Abogacía, no ha considerado mala inversión para su campaña el unirse “a la línea de defensa de la soberanía judicial española, empezada por su homónimo madrileño José María Alonso”. Tampoco el decano de Melilla, Blas Imbroda, cuyo hermano preside la autonomía y tiene pendiente de admisión una querella en la Sala II del Tribunal Supremo, con presidencia de Marchena, que ha sido interpuesta por el letrado Boye.

Alonso, el nuevo decano madrileño, llegó al ICAM en unas elecciones controvertidas y agitadas a las que se presentó con una campaña de enorme inversión económica que le llevó uno de los periodistas más conocidos de la radical televisión de los obispos 13TV, Alfonso Merlos, quien actualmente se ha convertido en director de Comunicación del Colegio, y que habría sido subvencionada por Alejandro Pintó, el patrón de la escuela ISDE. Cuentan que para Alonso era cuestión de vida o muerte alcanzar el decanato y la tensión se mascaba en el ambiente. Tanto que la noche electoral culminó con un puñetazo encajado en el rostro de la anterior decana de los abogados por el tal Pintó, que actualmente está procesado por ello. En ese procedimiento vino a personarse como acusación popular Nicolás González-Cuéllar, que también era candidato a decano, y que no es otro sino el instigador de la querella contra Boye y contra la juez belga presentada en la Audiencia Nacional y gran amigo y colaborador editorial de Manuel Marchena, el juez que presidirá el juicio del procés. Inevitablemente en Madrid uno rasca y salen todos. Todo este selecto grupo de letrados, Lara, Imbroda y Alonso, fueron condecorados por el ministro Catalá con la Cruz de San Raimundo en sus menos de cuatro años de mandato. Todo casualidad. En el Colegio de Abogados de Madrid hay material suficiente para intentar mandarle una descarga mortal a Gonzalo Boye. Sólo es de esperar que el secretario jurídico de VOX y responsable de la querella del procés, que andaba por ahí de letrado de la Comisión Deontológica, no pueda acercarse ni de lejos al estudio de la denuncia presentada por el eurodiputado tránsfuga.

Cuando les digo que hay quien susurra que esta locura la vamos a pagar, no sé si pensaba que iban a quedar fuera cuestiones tan graves como el derecho de defensa y independencia profesional de los abogados, pero eso no pasará.