Ha pasado más de un año desde que se destapó el escándalo de la DGAIA, y todavía no hemos aclarado dónde están los 167,5 millones de euros que, según la Sindicatura de Comptes, el Departament de Drets Socials pagó indebidamente entre 2016 y 2024 (para entender esta cifra, es similar al presupuesto anual del Ajuntament de Girona). El caso es un enorme montón de estiércol que apesta toda la legislatura, y que nuestros políticos —y los medios afines— han querido ignorar.
Repasemos de dónde viene todo. Hace unos años, la administración catalana decidió privatizar el SEVAP (Servicio de Valoración y Acompañamiento al Mayor de Edad), encargado de las prestaciones económicas que se concedían a los jóvenes extutelados, y el contrato fue a parar a la unión temporal de empresas formada por las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles. Un informe de la Sindicatura de Comptes destapó que Resilis había creado plazas fantasma, y que había continuado cobrando subvenciones de la DGAIA para jóvenes que deberían haber estado fuera del sistema —porque, por ejemplo, residían fuera de Catalunya o tenían ingresos que excedían los límites para percibir la prestación. La Sindicatura escribió: “En el periodo 2016-2024 el volumen de importes pagados indebidamente es de al menos 167,56 millones de euros, de los cuales 7,17 millones pertenecen a expedientes prescritos.” Y también que “no se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia de las actividades financiadas con fondos públicos, ni se difunden resultados vinculados a las actividades”.
El caso muestra la manera de funcionar de un Tercer Sector gigantesco creado para ayudar a los más vulnerables, pero que hoy se ha convertido en un comedero para una casta de privilegiados de izquierdas. Hace tiempo que hay medios que denuncian malas prácticas sin que nadie haga nada: sabemos, por ejemplo, que algunas de estas fundaciones pagan alquileres desorbitados por viviendas que son propiedad de sus directivos. A veces me pregunto cuál era el objetivo real de aquella ley Aragonès que no se aprobó nunca, y que impulsó el futuro presidente cuando era conseller de Economia. Se quería promover la externalización de muchos servicios que corresponderían a la administración, precisamente el mecanismo que ha permitido la corrupción en la DGAIA.
La clase política ha silenciado un escándalo que salpica a los grandes partidos
En los años investigados por la Sindicatura, el Departament de Drets Socials ha estado en manos de Junts, ERC y el PSC. Sin embargo, el caso afecta especialmente a Esquerra Republicana, y este partido ha jugado la carta del moralismo y de la confusión. La diputada Najat Driouech advirtió en una comisión en el Parlament que “cuidado con qué discurso queremos alimentar, que no es otro que el de la extrema derecha”, y así inauguró la práctica de etiquetar de fascista todo aquello que no gusta al poder. El diputado Oriol Amorós puso en duda la actuación de la Sindicatura de Comptes y vio una posible motivación política, y otros integrantes del partido acusaron de “trabajar para Aliança Catalana” a quien hablaba de ello. También cabe mencionar un hecho bastante curioso: cuando ya se sabía que se publicaría el informe de la Sindicatura, de repente se destapó un caso execrable de pederastia dentro de la DGAIA. Aquello sirvió para mezclarlo todo y que se hablara más de proxenetismo que del desvío de dinero público.
El caso, de momento, no ha tenido ningún recorrido judicial. Hace poco un juez de Barcelona descartó investigar una querella presentada por la plataforma Acció Cassandra, con el argumento de que el informe no supone ningún elemento constitutivo de delito más allá de deficiencias administrativas (la plataforma ha presentado recurso). El Govern también decidió condonar los pagos indebidos en nombre de la “justicia social”, y el Parlament convalidó el decreto con el apoyo del PSC, Junts, ERC, los comunes y la CUP. No sabemos la cantidad exacta, aunque la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, habló de 4,7 millones de euros. Queda por saber, por lo tanto, dónde están los otros 162,8 millones. La ejemplaridad en el uso del dinero público nunca ha sido una característica de nuestro país, y por eso la aparición del Menjòmetre, una herramienta digital que permite consultar fácilmente las subvenciones y los contratos públicos, ha provocado un cortocircuito en nuestras élites.
Esta semana el Telenotícies explicaba la situación de Juan, un señor vallense de casi ochenta años que vive en la furgoneta porque no le renovaron el contrato de alquiler y no ha encontrado un piso que pueda pagar. ¿Dónde está todo este enorme Tercer Sector para un caso así? ¿Qué se habría podido hacer con unos 167 millones bien gestionados? El escándalo de la DGAIA mezcla tres de los pilares que decidirán las próximas elecciones –el empobrecimiento general, la inmigración y el mal uso de los fondos públicos–, y lo más gordo es que ni los partidos ni los medios públicos hablarán de ello en campaña. Al fin y al cabo, ven a los ciudadanos como unos seres inmaduros con un solo objetivo en la vida: pagar impuestos y callar.